En 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, la economía mexicana se contrajo 0,1%, después de haber estado creciendo sostenidamente a tasas de más de 2% anual. Y las perspectivas para este año no son mucho mejores: diversas predicciones de crecimiento económico para 2020 lo sitúan en torno al 0,5%. Estas cifras ponen a México como la economía mayor emergente de peor
desempeño en el mundo.

La economía mexicana no se contraía desde 2009, año en que el país fue golpeado por la crisis financiera global.

AméricaEconomía aplaude su ataque frontal a la corrupción, así como sus programas sociales, pero sin crecimiento económico cualquier política social está destinada al fracaso.

Mientras tanto, la violencia alcanza récords históricos, incluso para México. El año pasado mostró la tasa de homicidios más alta de la historia en el país: casi 35.000 asesinatos o un promedio de 95 por día. El 1 de diciembre, día que marcó el primer aniversario de AMLO en el poder, fue el día con el mayor número de asesinatos en el año.

Así y todo, la popularidad de AMLO sigue alta, en torno al 65%-70% según diversas encuestas. No parece haberlo dañado demasiado el bajo crecimiento -prometió tasas del 4% cuando era candidato- ni el fracaso de su política para combatir la delincuencia.

Su popularidad se debe principalmente a que es visto como un presidente probo, que está luchando contra la corrupción, tras décadas de corruptela apenas encubierta de administraciones anteriores. 

A eso se suma una serie de programas sociales, destinados a reducir la desigualdad de oportunidades y a nivelar la cancha entre ricos y pobres en un país donde el 40% de la población está en la pobreza. AMLO lanzó un sistema de becas para 10 millones de estudiantes y programas de capacitación para quienes entran al mercado laboral. Estableció renovadas pensiones de invalidez y vejez. Creó subsidios para los pequeños predios agrícolas. Dio créditos libres de interés para la microempresa. Fundó un banco estatal para dar acceso al sistema financiero a quienes hasta ahora no lo tenían. Decretó un aumento de 16% en el paupérrimo salario mínimo.

A eso se suma una disciplina fiscal inesperada en un presidente populista como él. La imagen de las crisis financieras mexicanas de los 80 y los 90, causadas en gran medida por un desborde del gasto, son algo que AMLO parece querer evitar a toda costa.

Pero sin crecimiento y sin gastar más no podrá mantener sus programas sociales. Ya en los primeros nueve meses de 2019, el ingreso tributario por impuesto a la renta cayó 2,5% mientras que los ingresos por impuestos a las ventas se reducían en 6,2%. Y su programa de austeridad para financiar el gasto social, que trajo rebajas salariales en los sueldos del sector público, le hizo perder miles de profesionales calificados, quienes fueron reemplazados por novatos.

El mayor problema es la inversión, que cayó 5,2% en los primeros diez meses de 2019. La caída en la inversión se debe a que los empresarios no confían en su liderazgo económico, luego de que cancelara el parcialmente construido proyecto de nuevo aeropuerto para Ciudad de México -con una inversión de US$13.000 millones- y además retrocediera en los proyectos de liberalización de la industria del petróleo y el gas iniciados por el gobierno anterior. Eso, unido a su retórica antimercado, ha impulsado una crisis de confianza en el empresariado.

En materia de energía, AMLO ha emprendido el camino equivocado con decisión.

La producción de petróleo es parte importante de la economía mexicana y la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) es considerada una joya de la corona. Pero debido a una persistente subinversión, la producción ha estado bajando desde 2004 y actualmente llega a la mitad de lo que era entonces. Al mismo tiempo, México importa el 70% de sus combustibles refinados -gasolina y otros- de Estados Unidos.

Las reformas del ex presidente Enrique Peña Nieto abrieron la industria al sector privado en un intento de traer competencia y capital. Pero AMLO hizo campaña con el concepto de “soberanía energética” y en cuanto llegó al poder congeló las reformas de Peña Nieto y trajo de vuelta el petróleo al área estatal. Al mismo tiempo, para dejar de importar combustibles de EE.UU., lanzó un proyecto de refinería de US$8.000 millones en su estado natal -Tabasco- que ha sido altamente criticado.

La refinación es un negocio intensivo en capital, de bajos márgenes y otorga relativamente poco empleo. Habiendo abundante capacidad de refinación al norte de la frontera, poner en marcha una refinería local no tiene mucho sentido.

Por otra parte, el congelamiento de licitaciones a privados en todo el sector energético ha dañado el desempeño del monopolio federal eléctrico, la CFE. El gobierno canceló lo que habría sido la cuarta licitación de México en un proyecto de generación de energía renovable. Esto a pesar de que las tres anteriores han sido exitosas y ya están generando electricidad.

Si el sector energía es el más golpeado por las políticas de AMLO -producto de una visión que no es muy distinta a la que tiene Donald Trump al otro lado de la frontera- la verdad es que no es el único. 

El sector manufacturero -el que más bajó el año pasado según las estadísticas más recientes del PIB- sufrió a causa de la guerra comercial con Estados Unidos. Esta situación debería revertirse con la ratificación reciente del nuevo acuerdo de libre comercio que reemplazará al Nafta (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA). Pero con una economía estadounidense creciendo en forma más lenta en los próximos años -como pronostican los expertos- el USMCA no alcanzará a darle a México el impulso que necesita.

Lo que México requiere es un AMLO más flexible. Que se atreva a gastar cuando vale la pena y que le tenga confianza a los empresarios si quiere inversión.

Sus programas sociales van en la dirección correcta, pero necesita estimular la inversión privada, para lo cual requiere despercudirse de sus creencias sobre los empresarios y el mundo de los negocios. Necesita estimular la competencia y profundizar la democracia económica, promoviendo las inversiones en el sector energético, especialmente en energías renovables.

AméricaEconomía aplaude su ataque frontal a la corrupción, así como sus programas sociales, pero sin crecimiento económico cualquier política social está destinada al fracaso.