Antes que todo, la realidad: en el marco de la institucionalidad vigente en España, Cataluña está equivocada y Madrid tiene la razón. Hay una Constitución que nadie ha cuestionado y que establece claramente la integridad del Estado español, sin abrir puerta alguna a la secesión. Cataluña, con toda su riqueza linguística, identidad cultural y distintiva historia, hace mucho hizo suya la Constitución española y aceptó libremente sus reglas del juego. En ese marco, no tiene ni el derecho legal de declarar la independencia ni el menor resquicio constitucional para hacerlo.

La verdad, ni siquiera puede esgrimir el democrático argumento de las mayorías. En el plebiscito independentista ilegal del 1 de octubre recién pasado, cuyo resultado causó el lío en que está envuelta hoy España, votaron aproximadamente el 40% de los electores catalanes con derecho a voto. La secesión recibió el apoyo plebiscitario del 90% de ese 40%. La última vez que se midieron fuerzas en las urnas con participación de todos, en las parlamentarias catalanas de 2015, los independentistas obtuvieron el 48% de las preferencias. Los sondeos de opinión muestran que una pequeña mayoría de los catalanes -pequeña, pero mayoría al fin-  no quieren la independencia.

Si hace unos días la cosa se veía como una escalada de miedo para Cataluña, España y Europa, hoy el panorama es mucho más tranquilizador. Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, la lección es clara para España y para el nuevo gobierno que surja en Cataluña. Conversar, ojalá con agenda abierta, sobre las condiciones del régimen de autonomías. En democracia casi todo es posible; sin democracia casi nada lo es.

Y solo 70 de los 135 miembros del parlamento de Cataluña votaron a favor de la declaración de independencia que terminó imponiendo el gobierno catalán, el viernes pasado, para ser destituido casi de inmediato por Madrid.

No es casual, entonces, que la Union Europea, Estados Unidos y, entre los latinoamericanos, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, hayan apoyado al gobierno español y declarado que no reconocen ni reconocerán a Cataluña como país independiente.

Ahora las percepciones: la forma en que el gobierno de Mariano Rajoy reprimió a los participantes en el plebiscito catalán del 1 de octubre, por muy ilegal que éste haya sido, trajo a las pantallas del mundo una acción policial desmedida que a algunos les recordó los excesos de la represión policial de gobiernos autoritarios contra minorías o mayorías oprimidas en América Latina, Medio Oriente, el sudeste asiático y el norte de África. A los demócratas de todo el mundo se nos hizo muy difícil defender a un gobierno central que golpeaba impunemente a civiles indefensos. No darse cuenta del poder de las imágenes multiplicadas hasta el infinito por las redes sociales fue el peor error político que el gobierno de Rajoy ha cometido probablemente en su historia. Y si bien el plebiscito ilegal por la independencia fue lo que causó la actual crisis política que vive España, la torpe reacción del gobierno de Rajoy no hizo más que echarle leña al fuego.

Afortunadamente, Rajoy aprendió rápidamente de su error, mostrando una prudencia que le permitió aglutinar a las principales fuerzas políticas de gobierno y de oposición en su favor. Con ese apoyo logró que se aprobara y pusiera en marcha el articulo 155 de la Constitucion española para intervenir al gobierno catalán tras la declaración de independencia. Con ese apoyo destituyó el presidente catalán Carles Puigdemont y a miembros claves de su gobierno, sustituyéndolos por representantes del gobierno central.

Al mismo tiempo, Rajoy ha dejado descolocados a secesionitas y unitarios al llamar a elecciones generales para  el 21 de diciembre. La proximidad de la fecha apaga la mecha de la rebelión y pone a todos los actores en posición de campaña electoral.

Los independentistas podrían decidir boicotear las elecciones, pero todo indica que eso no va a suceder: perderían apoyo adentro y afuera, se automarginarían de un proceso institucional democrático y, de paso, asegurarían que los unionistas ganen el 21 de diciembre. Si van a las elecciones, el escenario más probable es que las píerdan y pasen a convertirse en fuerza opositora dentro de la institucionalidad vigente. En el caso improbable de que los independentistas ganaran las elecciones, sería casi con seguridad bajo el mando del sector más moderado, el cual trataría de negociar mejores condiciones con el gobierno central y se olvidaría por ahora de una propuesta secesionista.

Los independentistas, además, distan mucho de ser una fuerza homogénea. Muchos de quienes hoy son aliados de Puigdemont le van a pasar la cuenta por su torpeza en las próximas elecciones. Una clara consecuencia de su acción ha sido el fortalecimiento de la posición unitaria, como lo mostró la multitudinaria manifestación del domingo 29 de octubre en Barcelona. Enarbolando banderas de la Unión Europea, España y Cataluña, cientos de miles de catalanes de todos los colores políticos, desde el derechista Partido Popular, hasta el Partido Comunista, se manifestaron contra la secesión y responzabilizaron de la crisis a Puigdemont.

En el mes transcurrido desde que estalló la crisis, los catalanes han comenzado a darse cuenta de que los beneficios económicos y políticos de la prometida República Catalana independiente estaban basados en mentiras o, en el mejor de los casos, en premisas falsas. La mejor prueba es que, desde el 1 de octubre, 1.700 empresas establecidas en Cataluña anunciaron cambio de domicilio a otros lugares de España. La idea de que la nueva república catalana seguiria perteneciendo a la Union Europea y utilizando el euro como moneda se derrumbó rápidamente con declaraciones tajantes de los lideres comunitarios .

Y la acusación de que Cataluña es una región ocupada y sometida por España, idea que tenía asidero en tiempos del franquismo, también ha sido desmentida, esta vez por los mismos catalanes en las calles de Barcelona.

Así las cosas, si hace unos días la cosa se veía como una escalada de miedo para Cataluña, España y Europa, hoy el panorama es mucho más tranquilizador. Sea cual fuere el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, la lección es clara para España y para el nuevo gobierno que surja en Cataluña. Conversar, ojalá con agenda abierta, sobre las condiciones del régimen de autonomías. En democracia casi todo es posible; sin democracia casi nada lo es.