Maduro, el dictador venezolano, ha sido derrotado en su propio terreno. Según estimaciones de la oposición, observadores internacionales y numerosos medios de prensa extranjeros, la abstención se situó entre el 70% y el 80% de los electores. Lo confirma una fuente anónima del Consejo Nacional Electoral (CNE), citada por la agencia Reuters, que cifra la participación en 32,3%. Si los resultados finales entregados por el CNE –controlado por Maduro- fuesen ciertos y éste recibió el 67,7% de los votos emitidos, eso le da entre el 14% y el 22% de los votantes inscritos. Ganó la oposición democrática, quellamó a abstenerse. Ha ganado el No.

Esto legitima moralmente a la oposición pero lamentablemente, no cambia los hechos. El Consejo Nacional Electoral le dio la victoria a Maduro, quien tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y controla los poderes legislativo y judicial. De acuerdo con la torcida institucionalidad venezolana, Maduro tiene por delante un segundo período presidencial de seis años que lo entroniza presidente hasta 2024. Como dictador, sin contrapesos reales a su poder absoluto y el de sus socios en el poder.

Es vergonzosa la actitud de los “maduristas” latinoamericanos, como los gobiernos de Cuba, Bolivia y Nicaragua, que no sólo apoyan una farsa electoral sino que también respaldan la ineptitud gigantesca de un gobierno que ha diezmado a Venezuela, destruido sus instituciones democráticas, desmantelado su aparato productivo, empobrecido a su clase media, obligado a sus mejores hombres y mujeres a emigrar, y distribuido hambre y enfermedad entre los pobres.

Maduro es una calamidad para Venezuela. La farsa de su reelección busca encubrir la tragedia que azota su país. La lógica política diría que un régimen que hambrea, reprime y enferma a su población a este grado no tiene ningún futuro. Pero hay que hacerlo caer, y eso solo lo podrán realizar finalmente sus ciudadanos, la oposición democrática a esa dictadura entronizada. Para ello, sí, deben contar con el apoyo irrestricto de los gobiernos democráticos de América Latina.

Si bien el resultado podría desalentar a la oposición, la verdad de las cifras debiese dar alguna esperanza. También ayuda el creciente consenso de la comunidad internacional en
contra del régimen venezolano. El Grupo de Lima, integrado por las 14 mayoreseconomías de América Latina, así como la Unión Europea, la OEA, el Consejo de DerechosHumanos de Naciones Unidas y Estados Unidos denunciaron la ilegitimidad del proceso electoral de Venezuela y han dicho que no reconocerán sus resultados oficiales ni a Maduro como jefe de Estado. El Grupo de Lima ha llamado a “ coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobirno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria”, entre otras medidas tendientes a aislar a la dictadura de Maduro y a prepararse ante la crisis humanitaria gigantesca que está produciendo este régimen criminal.

Porque Venezuela es un drama. La economía se ha contraído 50% desde que Maduro llegó al poder en 2013. El salario mínimo en muchas empresas del estado es de tres dólares al mes en valor real. El dólar, que a comienzos de los 80 estaba a 4 bolívares, hoy día está a 700.000 bolívares. Según el FMI, la inflación llegará a 13.000% este año. Cunde el desempleo y hay informes que lo ponen en torno al 30%. Más de un millón de venezolanos ha huido del país. El desabastecimiento de alimentos y medicamentos se ha vuelto crónico. Los funcionarios de gobierno, los miembros de las fuerzas armadas y otros privilegiados tienen dinero para comprar lo que necesitan en el mercado negro o en los países vecinos. Mientras tanto, en las zonas más pobres del país, el 70% de los niños sufren desnutrición.

En el nuevo escenario, la oposición tiene la obligación histórica de actuar unida. Hay que declarar a la Venezuela de Maduro un estado paria en la arena internacional. Los países de la región y del resto del mundo deberían impedir los viajes de los jerarcas venezolanos dentro de sus fronteras, imponerles sanciones económicas como el congelamiento de sus capitales, y seguir empujando por una intervención humanitaria en el país para llevar alimentos y medicinas a sus habitantes más pobres. Los países latinoamericanos deberían retirar sus embajadores y dejar en sus misiones diplomáticas solo el personal consular y humanitario imprescindible, como parecen anunciar las nuevas medidas del Grupo de Lima.

Estados Unidos, que ya ha impuesto sanciones económicas a varios jerarcas del régimen venezolano, ha anunciado tras la elección, la prohibición de compra de deuda venezolana. Mientras, es lamentable el apoyo que los gobiernos de China y Rusia han dado al dictador venezolano y a su farsa electoral.

Estados Unidos sigue siendo, sin embargo, el principal apoyo financiero que tiene Maduro, porque le compra medio millón de barriles diarios de crudo a la estatal Pdvsa. Y el alza del
precio del petróleo, en parte motivada por la inestabilidad del Medio Oriente a la que ha Trump ha contribuido generosamente, ha elevado el precio del petróleo hasta US$80 por barril, luego de haber llegado a un mínimo de US$30 en 2015. Esta alza de US$50 en el precio de cada barril significa que Estados Unidos le paga a Venezuela US$25 millones adicionales diarios por el petróleo que le compra.

Estrangular financiera y comercialmente a Venezuela es un camino para lograr el retorno de la democracia, pero debe ser acompañado de un creciente aislamiento político y de una iniciativa humanitaria multilateral para abastecer a los venezolanos y satisfacer sus necesidades básicas. A la escasez de alimentos y medicamentos y al desabastecimiento de energía eléctrica, se ha sumado recientemente en Caracas un agudo racionamiento de agua potable. Se han comenzado a detectar brotes masivos de sarampión y difteria, enfermedades completamente evitables si hubiera vacunas disponibles.

Maduro es una calamidad para Venezuela. La farsa de su reelección busca encubrir la tragedia que azota su país. La lógica política diría que un régimen que hambrea, reprime y enferma a su población a este grado no tiene ningún futuro. Pero hay que hacerlo caer, y eso solo lo podrán realizar finalmente sus ciudadanos, la oposición democrática a esa dictadura entronizada. Para ello, sí, deben contar con el apoyo irrestricto de los gobiernos democráticos de América Latina.