Jair Bolsonaro sabe hacerse detestable para todos los liberales del mundo cuando emite opiniones sobre las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos originarios y los gays. También cuando elogia a las dictaduras militares que gobernaron Brasil, y buena parte de América Latina, en los años 70 y 80.

Pero en materia económica ha parecido hasta el momento haberse convertido al credo liberal. El político que hace no mucho tiempo hablaba contra las privatizaciones y que en el congreso votó en contra del proyecto de reforma del sistema de pensiones que presentó el gobierno del ex presidente Michel Temer, ahora se ha lanzado con un proyecto más radical que el de su predecesor y tiene en su gabinete a un ministro que aboga por la privatización de todas las empresas del estado.

Es muy poco probable que el proyecto sea aprobado tal cual fue presentado y casi con certeza lo hará con modificaciones. Pero al menos ha crecido el consenso entre todos los sectores políticos de que hay que reformar las pensiones para sacar adelante al país.

Pero su ineptitud política ha comenzado a debilitar las posibilidades de que pueda aprobar la piedra angular de su programa económico: la reforma del insostenible sistema de pensiones brasileño actual.

A fines de febrero, Bolsonaro presentó al congreso su proyecto de reforma previsional. El actual sistema previsional, absurdamente generoso para los funcionarios públicos, beneficia en exceso a un sector de la población relativamente acomodado, dando pensiones de hasta 80% de los sueldos activos, a veces a partir de antes de los 50 años de edad. Tanto es el derroche actual del sistema previsional que Brasil gasta en
pensiones el 12% de su PIB, mucho más que el 8% que gastan en promedio los países ricos de la OCDE. Y con el creciente envejecimiento de la población, ese gasto va a aumentar, haciendo cada vez más difícil la administración de las finanzas públicas.

El proyecto de reforma establece una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, contra los 57 y 53 años vigentes actualmente. Aumenta los aportes de los contribuyentes con mayores ingresos y acerca las pensiones del sector público y el privado. Si el proyecto es aprobado en el congreso, establecerá un corto período de transición de 12 años y le significaría al fisco un ahorro de unos US$295.000 millones en diez años.

El año pasado, el déficit fiscal brasileño fue de 7,1% del PIB y se espera una cifra similar para este año. La reforma previsional ayudaría a reducirlo.

Pero el paquete debe ser aprobado por el congreso y no con mayoría simple. El proyecto necesita una reforma constitucional, por lo cual requiere una mayoría de tres quintos tanto en el senado como en la cámara de diputados. Y la coalición de partidos gobernantes no tiene siquiera mayoría simple.

Por eso es muy poco probable que el proyecto sea aprobado tal cual fue presentado y casi con certeza lo hará con modificaciones. Pero al menos ha crecido el consenso entre todos los sectores políticos de que hay que reformar las pensiones para sacar adelante al país. Una reciente encuesta reveló que el 83% de los actuales parlamentarios son partidarios de alguna forma de reforma previsional.

Pero la falta de acercamiento de Bolsonaro al Congreso en busca de diálogo y su manía de gobernar por medio de tuits políticamente incorrectos al estilo Donald Trump --sumado a acciones delirantes como volver a celebrar el aniversario del golpe militar de 1964-- le están dificultando reunir el consenso que necesita para llevar a cabo su plan destinado a reflotar una economía que no logra despegar.

Muchos analistas temen que la versión que podria llegar a aprobarse sería tan aguada que estaría muy lejos de conseguir el ahorro fiscal que la versión original contempla, y por lo tanto de cumplir su objetivo como puntapié inicial de una nueva economía.

Las crecientes críticas al proyecto previsional del gobierno y expectativas en alza de que lo que se llegaría a aprobar sería una versión muy débil de la propuesta original, han hecho caer la bolsa y subir al dólar, cuyo valor llegó a cuatro reales el 28 de marzo. Las señales de los mercados obligaron a Bolsonaro a salir públicamente en defensa del proyecto y a decir que si no se aprueba, sería la ruina de Brasil. El ministro de Hacienda Paulo Guedes, autor intelectual de la reforma y zar económico de Brasil, llegó a amenazar con renuncia si el proyecto no es aprobado, y resoonsabilizó del posible fracaso tanto al parlamento como a su jefe, el inefable Bolsonaro.

La presencia de Guedes en el gobierno es clave para mantener la confianza de los empresarios, que hasta ahora se han tapado la nariz con los arranques fascistoides de Bolsonaro en el campo político, en la esperanza de que se cumpla su plan económico liberal. Hasta el momento, el ex banquero ultraliberal Guedes ha tenido carta blanca y sus planes incluyen, además de la reforma previsional, simplificar el código tributario brasileño --acaso el más voluminoso y complicado del mundo-- y reducir los aranceles a las importaciones.

Incluso más: su ambicioso plan de privatizaciones apunta a vender al sector privado a prácticamente todas las empresas estatales de Brasil incluyendo Petrobras, el monopolio petrolero estatal que fue instrumental en el mayor escándalo de corrupción de América Latina y que tiene en la cárcel --entre varios otros notables del sector público y privado-- al ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Pero la situación se ha vuelto jabonosa y cada vez se ve más difícil que la reforma previsional sea aprobada en una versión que haga la diferencia para la economía brasileña.

Todo lo cual sería una tragedia para Brasil. Bolsonaro, un personaje casi marginal y payasesco de la ultraderecha antidemocrática, ganó las elecciones con consignas de lucha contra la corrupción y la delincuencia, muy populares tras los desastres en ambos terrenos que dejaron los 14 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. A ello se agregaba la promesa de sanear las bases de la economía e impulsarla, cuyo punto central es justamente la reforma previsional.

Su ineptitud política está haciendo esto muy difícil. Entre tuits y acciones bombásticas, simplemente no se ha acercado al Congreso para dialogar con la oposición en busca de los votos que necesita. Sólo en la Cámara de Diputados, esto significa 308 votos de 513. Y los necesita.