El último golpe de Estado que vivió América Latina se produjo en junio de 2009 en Honduras, el país más pobre de América Latina, cuando un destacamento del ejército se tomó la casa del democráticamente elegido presidente Manuel Zelaya, pusieron al mandatario en un vehículo rumbo al aeropuerto y lo despacharon hacia Costa Rica. Los tanques salieron a las calles de Tegucigalpa, se cortó la electricidad y el agua en barrios claves de la ciudad. Y al día siguiente se leyó en el Parlamento una falsa carta de renuncia del presidente. No corrió ni una gota de sangre.

El izquierdista Zelaya era aliado del caudillo venezolano Hugo Chávez, que en ese entonces se veía como una amenaza creciente contra la democracia y la hegemonía estadounidense en la región. No sorprendió, entonces, que la acción golpista haya contado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, encarnado en esos días por la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Honduras podrá ser marginal en el conjunto de A. Latina y algunos dirán irrelevante si se considera que, con la excepción de Cuba y Venezuela, todos los países de la región son democráticos. Pero su caso ejemplifica un dilema moral que ha formado parte de la realidad latinoamericana desde siempre: la justificación moral que hacen a veces las elites políticas y empresariales de gobiernos que emprenden políticas económicas acertadas, pero que no tienen verdadera vocación democrática.

Había un solo hecho que daba una justificación moral al golpe hondureño: el presidente Zelaya había iniciado una movida para modificar la constitución de su país y así poder ser reelegido.

Resulta irónico, por decir lo menos, que el golpe que sacó de la presidencia a Zelaya con la excusa de que quería ir a la reelección, le haya pavimentado el camino a la presidencia al actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue a la reelección el 26 de noviembre pasado y podría ser reelegido una vez que el tribunal electoral termine de contar los votos.

Nueve días después de la elección, y con serias dudas acerca del proceso de conteo de los votos, el país está semiparalizado en medio de violentas manifestaciones de protesta que ya han dejado 11 muertos.

Las protestas parecen justificadas. Los primeros resultados dieron una delantera leve pero consistente al candidato opositor, Salvador Nasralla, comentador deportivo y astro de la televisión local. Pero el proceso de conteo de votos y divulgación de resultados se volvió más lento hasta detenerse por causa de una “caída del sistema”. Una vez que el sistema volvió a funcionar, cuando comenzaron a darse resultados otra vez, quien llevaba una leve delantera no era el candidato opositor, sino el presidente en busca de la reelección.

El atraso y los titubeos en el proceso de contar votos despierta justificadas sospechas entre los hondureños y en la comunidad internacional. No ayuda al proceso democrático hondureño, ni a la eventual reelección del presidente Hernández, que se haya filtrado a la prensa internacional un documento de gobierno que muestra un plan para manipular indebidamente la elección.

Es lo que ha advertido también la misión de observación de la OEA en Honduras, liderada por el ex presidente boliviano Jorge Quiroga. A su juicio, la escasa diferencia de votos, así como los problemas que han rodeado a los comicios, no permiten tener certeza sobre el proceso de recuento.

Quiroga no titubea y ha afirmado además que el único camino para que se puedan aceptar los resultados, y Hernández y Nasralla reconocer un ganador, es que estos acuerden cotejar las 1.006 actas que fueron sometidas a un escrutinio especial, que fue realizado el domingo, con las originales.

Al cierre de esta edición, con el 99,96% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral da al presidente Hernández el 42,98% de las preferencias y al opositor Salvador Nasralla el 41,39%. Nasralla ya ha dicho que hay fraude electoral y que no aceptará el resultado oficial de la elección si no se incluyen 5.000 votos que hasta ahora, denuncia, han quedado fuera del proceso.

La falta de transparencia y sospechas de fraude dificultarán la ya difícil tarea de gobernar un país sin fortaleza institucional y diezmado por la violencia. Honduras es el país con la mayor tasa de asesinatos del mundo: 200 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015. No lo ayudan los altos niveles de corrupción que llegan a todos los estratos, principalmente a causa de que Honduras es puerto de tránsito de gran parte de la cocaína que va de América del Sur a Estados Unidos.

Con todos esos problemas, la falta de legitimidad del resultado electoral es en realidad una tragedia. Especialmente si se toma en cuenta que el presidente Hernández estaba haciendo una buena labor en el plano económico, componente clave para mejorar la situación de los hondureños. Sus políticas de apertura comercial y fomento de la iniciativa privada, con reglas del juego parejas y estables, le significaron el apoyo político de Estados Unidos y el apoyo financiero de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. Su mano dura contra la delincuencia estaba disminuyendo las tasas de homicidios y dando más seguridad a la población. Pero el origen de su gobierno no fue democrático y la elección presidencial del 26 de noviembre demuestra que Hernández no le tiene respeto a la democracia.

Honduras podrá ser marginal en el conjunto de América Latina y algunos dirán irrelevante si se considera que, con la excepción de Cuba y Venezuela, todos los países de la región son democráticos. Pero su caso ejemplifica un dilema moral que ha formado parte de la realidad latinoamericana desde siempre, y que puede volver a la carga en Brasil, en México y en otros países de la región en un año que va a estar lleno de elecciones presidenciales. El dilema es la justificación moral que hacen a veces las elites políticas y empresariales de gobiernos que emprenden políticas económicas acertadas, pero que no tienen verdadera vocación democrática.

Lo que está pasando en Honduras no es una anécdota, sino una advertencia.