Si el presidente de Perú, Martín Vizcarra, quiere ser recordado como el mandatario que mejoró los destinos de Perú, va a tener que actuar con cuidado.

Enfrentado a un Congreso unicameral dominado por el fujimorismo, que ha obstaculizado las medidas anticorrupción promovidas por el gobierno, Vizcarra lo ha disuelto y ha llamado a elecciones de un nuevo Parlamento para enero próximo.

El presidente cuenta con el apoyo de la población, lo que le da cierta legitimidad popular a su acción, y también tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que le otorga bastantes garantías de que podrá llevar a cabo esa acción.

La pregunta de fondo ahora es cuál es el plan de Vizcarra en el mediano plazo. Y si no llegará a tentarse ejerciendo un gobierno sin contrapesos. 

El presidente de Perú se ha ganado la buena disposición de la comunidad local e internacional por su lucha contra la corrupción. En este enfrentamiento, AméricaEconomía simpatiza totalmente con la causa anticorrupción de Vizcarra, al igual que la inmensa mayoría de los peruanos: un 84% de la población apoya la disolución del Parlamento, según la más reciente encuesta. 

La corrupción, que se convirtió en gobierno con la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tras el autogolpe de 1992, no ha dejado de clavar sus garras en las instituciones de Perú, incluso luego del retorno a la democracia en 2000; hoy muchísimos parlamentarios son vistos como cómplices. Asimismo, los últimos cuatro presidentes de la república han sido perseguidos por la justicia acusados de haber caído en los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que coimeó a diestra y siniestra en América Latina a cambio de contratos de obras públicas. 

Pero la pugna política de Vizcarra con el Parlamento peruano surge de la última elección presidencial, en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó por estrecho margen a Keiko Fujimori, pero quedó con minoría en el Congreso, que pasó a ser controlado por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y sus aliados. Así las cosas, el Poder Legislativo buscó -y en gran medida logró- complicar al gobierno de Kuczynski que, en el camino, fue viendo cómo su propio partido se reducía en el Congreso. Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió en 2018 tras la renuncia de este último, acusado de recibir dineros indebidos de Odebrecht. 

AméricaEconomía no deja de ver con preocupación que Vizcarra probablemente haya interpretado demasiado libremente sus facultades constitucionales. Esto no es menor, pues la lucha contra la corrupción debe ser también la lucha por instituciones sólidas y sanas.

Kuczynski está hoy bajo arresto domiciliario mientras se investiga su involucramiento con la constructora brasileña. Y su antagonista, Keiko Fujimori -la actual jefa de la oposición e hija del ex dictador-, está en la cárcel mientras se investiga si recibió donaciones de campaña no declaradas de la misma empresa. 

Así, Martín Vizcarra llegó a la presidencia por renuncia de su jefe y no por voto popular. Eso no marca necesariamente un estigma: en 2000, tras la salida intempestiva del poder de Alberto Fujimori, otro presidente interino, Valentín Paniagua, hizo un gran aporte a la transición democrática, y es uno de los presidentes recordados con más cariño por los peruanos. Vizcarra, por su parte, llegó decidido a reformar la política y a combatir la corrupción. 

El Congreso no lo ayudó, muy por el contrario: buscó paralizar la acción del gobierno donde le fue posible. Ha bloqueado o aguado diversas propuestas para mejorar el sistema de partidos políticos de Perú, como una reforma del financiamiento de campañas para hacerlas más transparentes, y un requerimiento de que los partidos sostengan primarias para definir sus candidatos. El Congreso impidió también la creación de un organismo independiente que fuera capaz de quitarle a los parlamentarios su inmunidad judicial.

La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo empeoró el mes pasado, cuando el Congreso intentó nombrar a seis miembros del Tribunal Constitucional en reemplazo de otros cuyo mandato terminaba. Vizcarra buscó impedir el nombramiento mediante un voto de confianza en su gobierno. Un voto negativo le habría permitido clausurar el Parlamento, pero el Congreso, a sabiendas de ello, no entró en el voto de confianza. Pero sí nombró al primer juez del Tribunal Constitucional. Vizcarra interpretó esa acción como un voto de no confianza y cerró el Congreso.

Se ha salido con la suya. Fracasó el intento del Congreso de suspenderlo a él y de nombrar presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. El país espera ya nuevas elecciones legislativas para el 26 de enero y es más que probable que en ellas Vizcarra consiga más escaños, incluso la mayoría: todas las encuestas muestran fuerte apoyo popular para el presidente.

Dicho eso, AméricaEconomía no deja de ver con preocupación que Vizcarra probablemente haya interpretado demasiado libremente sus facultades constitucionales. Esto no es menor, pues la lucha contra la corrupción debe ser también la lucha por instituciones sólidas y sanas. Y ver a Vizcarra reunido con los jefes de las Fuerzas Armadas, recibiendo su apoyo el mismo día que disolvió el Congreso, provoca inquietud en los demócratas.

Claro, Vizcarra no es Alberto Fujimori, ni esto ha sido un autogolpe. Ha mantenido el comité permanente del Congreso, ha respetado la integridad del Poder Judicial; dice que respetará el fallo del tribunal constitucional en torno a la disolución del Parlamento -como recomendara la OEA-, y ha llamado a elecciones parlamentarias en cuatro meses, como manda la ley. Pero también es cierto que pudo haber llamado a elecciones generales, incluyendo las de presidente. Era la manera más rotunda de mostrar una clara vocación democrática. 

Da la impresión de que Vizcarra no quiere dejar a medias la lucha anticorrupción que ha iniciado. Para continuarla en forma, debiera lograr un apoyo decisivo a sus medidas por parte de los nuevos parlamentarios que sean elegidos en enero, por un período de año y medio, abriendo de hecho una transición. AméricaEconomía quisiera creer que los peruanos aprovecharán la oportunidad para elegir a nuevos rostros, limpios de corrupción. Pero dada la atomización política, las decenas de partidos representados en el Congreso disuelto, no es fácil que eso se dé. ¿Qué hará entonces Vizcarra? ¿Otro golpe de fuerza? Lo que menos necesita Perú es un autócrata que gobierne en nombre del pueblo. Todas las declaraciones recientes de Vizcarra apuntan en el sentido que dejará el poder en 2021, de acuerdo con su mandato constitucional.

Perú está lejos de los días del autogolpe de Alberto Fujimori, en 1992, que llevaron al país a ocho años de gobierno autoritario. Sólo queda esperar que Martín Vizcarra tenga claro que el combate contra la corrupción no puede hacerse fuera del marco de la ley.