El populista presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asume su cargo el 1 de diciembre y los mercados están nerviosos.

Los bonos de Pemex a 30 años llegaron a 82 centavos por dólar, su precio más bajo en lo que va del año, en la segunda mitad de noviembre. El índice bursátil está abajo cerca de 20% en el año y los inversionistas extranjeros se deshicieron de US$ 2.200 millones en bonos mexicanos, sólo en octubre, una sangría que ha continuado en noviembre.

Y no se trata solo de expectativas. AMLO, quien acaba de cumplir 65 años, comenzó a gobernar antes de asumir por la vía de consultas populares o referendos informales. En octubre, anunció que suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, proyecto a medio construir y con una inversión de US$ 13.000 millones, luego de llamar a una consulta informal al respecto. Los contratistas nacionales y extranjeros que estaban postulando a adjudicarse las obras reaccionaron con desaliento. Y los que ya están trabajando en las obras, peor aún, a pesar de las seguridades de AMLO de que se les indemnizará. La deuda que se emitió para financiar el aeropuerto terminó siendo la de peor desempeño en el mundo -de todas las emisiones cuasi soberanas- en el tercer trimestre de 2018.

La “democracia participativa”, vía consultas, que AMLO parece favorecer, no se detiene en el aeropuerto. Un segundo referéndum informal, en que votó menos del 1% de los mexicanos, ha decidido la construcción de una nueva refinería de petróleo destinada a aumentar la debilitada producción de Pemex, además de dos proyectos ferroviarios en el empobrecido sur. También vienen consultas populares para decidir si se revierte la reforma energética de 2014, que abrió los nuevos proyectos petroleros a la inversión privada y extranjeras, entre otros temas de interés nacional.

A eso se sumó un proyecto de ley de Morena (Movimiento Regeneración Nacional, el partido político creado por AMLO) para eliminar una serie de comisiones que cobra el sistema financiero. La presentación del proyecto en el Congreso, a comienzos de noviembre, se tradujo en un derrumbe de las acciones de los bancos, que solo se recuperó parcialmente después de que la iniciativa fue retirada.

Quizá el único tema en que AMLO ha resultado conciliador ha sido la relación con Estados Unidos. Se ha preocupado de no provocar a Trump y ha llegado a señalar que ambos presidentes lucharon contra el establishment y ganaron. El presidente electo mexicano logró también que las negociaciones por el nuevo acuerdo de libre comercio con EE.UU. concluyeran con éxito antes de asumir (el nuevo Nafta se firma el 30 de noviembre). Y en los problemas con la caravana de migrantes, Trump se ha preocupado de no insultar a México.

AMLO ganó por amplio margen en la presidencial de julio. Obtuvo el 53% de los votos con su estilo informal, acompañado de un discurso izquierdista, nacionalista y populista que prometía sacar al país de su espiral de violencia, corrupción y desigualdad. Y su claro triunfo le ha dado un gran poder. Tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso e incluso podrá poner dos nombres de su elección en dos de las cinco sillas del directorio del Banco de México (Banco Central) que han quedado vacantes.

Tras la elección, inicialmente, inversionistas y mercados dieron a AMLO el beneficio de la duda, pensando que su retórica estaba destinada a captar votos y no a gobernar. La tranquilidad creció cuando nombró como jefe de gabinete a Alfonso Romo, proveniente del mundo de los negocios, y al tecnócrata Carlos Urzúa como ministro de Hacienda. Una de las sillas en el directorio del Banco de México se la dio al economista independiente Jonathan Heath, en otra señal inicialmente tranquilizadora.

Pero en la campaña hizo una serie de promesas que pareciera hoy querer cumplir, algunas de las cuales presionarán el gasto fiscal, en contra de su promesa de mantener el equilibrio presupuestario. Esas medidas incluyen más ayuda financiera para estudiantes y ancianos, amnistía para algunos delitos de drogas, acceso universal a las universidades públicas, aumento de los subsidios a la agricultura, aumento en el gasto social y descentralización política, llevando departamentos y agencias de gobierno de Ciudad de México a los estados. Al mismo tiempo, prometió equilibrio fiscal, no aumentar impuestos a las empresas, independencia del Banco Central y un crecimiento económico de 4% anual.

Las cuentas no parecen cuadrar. Especialmente si se toma en cuenta el marco económico global, que muestra volatilidad en los mercados bursátiles y pronósticos sombríos, con incluso una posible recesión en 2019 o 2020. Aunque dos son los puntos, además de la economía, por los cuales se medirá el desempeño de su gobierno: la reducción de la violencia y la lucha contra la corrupción. Le gente votó por AMLO en gran medida porque está cansada de ambos males que en México parecen endémicos.

En reducir la violencia, el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto ha sido claramente incapaz. La tasa de asesinatos ha crecido consistentemente año tras año, y en 2018 se estima que llegará a 32.000, un récord en la historia del país.

AMLO prometió inicialmente que desmilitarizaría la acción contra la violencia, que ha estado en manos de los militares desde 2006. Pero el anuncio que ya hizo el nuevo presidente, poco antes de asumir, no se ve tan diferente de lo que hicieron sus antecesores. Creará una Guardia Nacional que combinará fuerzas de la policía militar y civil bajo un comando militar. La propuesta será sometida en marzo a consulta popular. Habrá que ver qué resulta de la nueva Guardia Nacional, pero en el papel al menos, su creación no cumple las promesas iniciales de que los militares vuelvan a sus cuarteles.

Otras acciones anunciadas por AMLO en materia de lucha contra la violencia son el establecimiento de una nueva estrategia de seguridad, la promesa de explorar amnistías para delincuentes encarcelados por delitos menores, la descriminalización de la marihuana y la lucha contra la corrupción.

El plan de AMLO para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno no ha sido desplegado en detalle. Hasta el momento, se circunscribe a una serie de medidas de austeridad personal que son a la vez buenas herramientas de marketing, como reducir a la mitad su propio sueldo, vender el avión presidencial y abrir el palacio de Los Pinos a todos los mexicanos. Todas esas medidas son encomiables, pero garantizar la probidad del presidente difícilmente elimina la corrupción en el país.

También ha dicho que se reducirán los sueldos de los altos funcionarios de gobierno, pero no está claro cómo esta medida ayudará a reducir la corrupción. Incluso puede tener el efecto contrario. Bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos es más bien una medida para disminuir el gasto fiscal y apunta en la dirección de su mayor promesa a los votantes, reducir la desigualdad en México.

Las señales de que se reducirán los sueldos altos en el gobierno y empresas del Estado, sin embargo, impulsaron el rumor de una estampida de altos ejecutivos de Pemex, lo que ayudó a bajar el precio de mercado de los bonos del monopolio petrolero estatal.

AMLO ya ha cumplido con su promesa de que no será un presidente decorativo. Pero eso no basta. Como un Donald Trump con signo político contrario, él tiene a México movidito. Pero con plebiscitos improvisados y decisiones abruptas no se gobierna un país. AMLO no pinta bien para México.