A las pocas semanas del inicio del estallido social en Chile, en octubre pasado, y presionadas por su gravedad e intensidad, la mayor parte de las fuerzas políticas del país llegaron a un acuerdo para convocar a un plebiscito en que se preguntará a la ciudadanía si aprueba o rechaza iniciar un camino para elegir una convención constituyente que redacte una nueva Constitución. Ese plebiscito tendrá lugar el próximo 26 de abril.

Si bien en un principio una parte muy importante de los partidos de derecha que apoyan al gobierno de Sebastián Piñera parecían favorables al proceso, y a una nueva Constitución, con los meses han ido derivando en una mayoría que propugna el Rechazo. Sectores empresariales -entre ellos el recién elegido presidente de la principal organización patronal- se han pronunciado asimismo por el Rechazo.

Pensamos que es un profundo error.

Tras el estallido social y las masivas movilizaciones en Chile -que continúan hasta hoy- hay un gran malestar acumulado en gran parte de la población. Chile ha mostrado envidiables cifras de crecimiento económico en los últimos 30 años y estabilidad, aunque con varios "peros": ha sido un crecimiento desigualmente distribuido, poco inclusivo y que ha creado más expectativas de las que ha sido capaz de colmar, en especial en los últimos años de bajo crecimiento. A eso se suma una seguidilla de escándalos de corrupción que tocan a instituciones como el Congreso, las Fuerzas Armadas, la policía uniformada, los partidos políticos, al tiempo que se vienen conociendo casos de colusión oligopólica en importantes sectores de la economía.

Más allá de su contenido final, el propio proceso de elaboración de la Constitución que incluya delegados elegidos es la gran oportunidad para que las fuerzas que ha desatado el estallido social encuentren un lugar de discusión democrática, pacífica y fructífera. Es por ello, también, que cerrar esa vía, como proponen los adherentes al Rechazo, es de una miopía política abismante.

Es la fórmula perfecta para encender la mecha social: expectativas frustradas, endeudamiento generalizado, sensación de no poder seguir progresando, potenciado por una clase política desprestigiada y una clase empresarial sospechosa de pésimas prácticas.

Agréguese a ello una transición desde la dictadura del general Augusto Pinochet, que comienza en 1990 pero que parece no acabar mientras su símbolo, la Constitución impuesta en 1980, no se elimine.

Ese es el primer argumento para apoyar el votar Apruebo por una nueva Constitución elaborada democráticamente: su simbolismo.

Pero a ello se agrega una cuestión de fondo: la Constitución de Pinochet es fuertemente ideológica, y entroniza un modelo liberal extremo que corta las manos a potenciales iniciativas del Estado que son propias de un país moderno.

Chile requiere una Constitución más bien mínima, que asegure los derechos individuales y democráticos, y que no caiga en la tentación de decretar por fuerza de ley derechos sociales que no sean alcanzables, como por ejemplo sucedió con la Constitución brasileña de 1988. Si la Constitución actualmente vigente en Chile es fuertemente ideológica, la que la sustituya no debiese tener tal carga. Debiese mantener algunos aspectos clave, como la independencia del Banco Central, pero abrirse a una participación más activa del Estado en temas como el apoyo al emprendimiento, la investigación y desarrollo, el apoyo a industrias emergentes ligadas al conocimiento, todas tareas que los Estados de países avanzados asumen hoy en día. Igualmente, crear las bases de un Estado con poder suficiente y funcionarios capaces para regular los mercados y cuidar su competitividad.

Este proceso debiese, asimismo, abrir paso a una modernización del Estado y de sus políticas públicas. Hoy el Estado chileno gasta alrededor de US$4.800 millones en programas de asistencia social diseñados para la realidad social de lucha contra la pobreza propia de hace 30 años atrás, programas que sobreviven sin ser realmente evaluados en su eficiencia. Hoy se requieren políticas públicas muchos más sofisticadas que apunten a los grupos sociales que se quedaron atrás, que no se subieron al desarrollo económico de los últimos años y que son los que se sienten marginados y excluidos.

En lo político, una nueva Constitución abre la oportunidad de dejar atrás el hiper-presidencialismo del sistema chileno, para ir hacia un sistema semi-presidencial, al estilo francés, que otorgue mayor flexibilidad para enfrentar las crisis.

Más allá de su contenido final, el propio proceso de elaboración de la Constitución que incluya delegados elegidos es la gran oportunidad para que las fuerzas que ha desatado el estallido social encuentren un lugar de discusión democrática, pacífica y fructífera. Es por ello, también, que cerrar esa vía, como proponen los adherentes al Rechazo, es de una miopía política abismante.

El modelo económico chileno de los últimos 40 años se basa fundamentalmente en el desarrollo de recursos naturales y de algunos servicios, controlado por muy pocos actores que se coluden en el mercado interno inflando precios y ganancias, de poca innovación y desarrollo, y marcado por abusos; es el modelo que ha entrado en crisis, junto con las instituciones del país. El prestigio y apoyo a estas últimas sería risible si no fuese para llorar: el presidente Piñera tiene 6% de aprobación; el Congreso, 2%. Y así.

¿Qué tipo de crisis es esta y qué se puede esperar, entonces? A pesar de lo recién indicado, creemos que en parte esta es una crisis producto del propio proceso de modernización y crecimiento de Chile. Pensamos que el Chile de hoy es indudablemente mejor que el de hace 30 años. Que se redujo la pobreza muy significativamente. Que la gente, en general, ha visto abrirse nuevas oportunidades. Pero ese modelo económico, social y político, de extremo individualismo, liberalismo y exclusión, llegó a su techo e hizo crisis.

Por ello, no bastará -aunque ayudará enormemente- el proceso hacia una nueva Constitución. Será necesario -y urgente- avanzar hacia un nuevo Pacto Social, que profundice el proceso de modernización que podría encaminar al Chile de hoy, claramente con más potencial que el de hace 30 años, hacia un modelo de democracia social inclusivo y que dé cuenta de ciertas necesidades básicas que deben ser provistas socialmente, dado el nivel de desarrollo que Chile alcanzó, en especial en materia de pensiones, salud y educación.

Este proceso podría tener una progresión bastante feliz: un país que crece, pero con más democracia, más inclusivo, con más protección social, con mayor valor otorgado al trabajo y, por ende, con más énfasis y atención a la educación y a la innovación. Pero también puede tener un desenlace muy amenazante, en lo político y económico, si es que cierta parte de la actual élite política y empresarial chilena insiste en rechazar ese cambio urgente y necesario en Chile.