En la madrugada de este viernes, apremiados por una crisis política y social angustiante, el gobierno chileno y los partidos políticos que lo apoyan llegaron a un acuerdo con la oposición -con excepción del Partido Comunista-, delineando un camino para consultar a la ciudadanía en abril de 2020 sobre una nueva Constitución. En ese plebiscito se consultará sobre si se quiere una nueva carta fundamental y sobre la fórmula de elección del órgano que la redacte: 100% elegido desde la ciudadanía, o con un 50% de actuales parlamentarios y 50% de delegados representativos de la sociedad chilena. La elección de los constituyentes tendría lugar en octubre de 2020, y estos tendrían un año para redactarla.

La demanda por una nueva Constitución era una de las consignas más voceadas en las multitudinarias manifestaciones en todo el país. Las encuestas confirman que esta es una reivindicación muy sentida por la población, con apoyos de hasta el 85%.

Este acuerdo, que es un gran logro político de las manifestaciones masivas, debiese llevar a un alto de las protestas. Estas, lamentablemente, han servido de indeseada cobertura para que vándalos saqueen y destruyan muchísimos bienes públicos y privados en todo el país.

Sin embargo, lo que se abre es un camino que culminaría con un plebiscito que ratifique la nueva Constitución en dos años más. Mucho antes que eso, y de manera urgente, gobierno y oposición deben avanzar en una agenda social en torno a temas de pensiones -muy bajas en Chile-, salud, tarifas de servicios públicos y salarios, entre otros temas apremiantes. Del mismo modo, nuevas leyes deben dar cuenta de la sensación de impunidad generalizada para delitos económicos y otras formas de corrupción.

AméricaEconomía celebra y aplaude este nuevo camino que se abre para Chile. Es más, vemos con optimismo el futuro de este país, pues el cambio era necesario e ineludible. Postergarlo ponía, en definitiva, en riesgo la propia democracia.

También será necesaria una importante reestructuración de Carabineros, la policía uniformada de Chile, así como la creación de un Servicio de Inteligencia altamente profesional que permita desbaratar los planes anarco-terroristas y/o de vandalismo, de origen tanto político como delincuencial. Las falencias de la policía se hicieron evidentes en estas últimas cuatro semanas, que no solamente mostró ineficiencias en el control del orden público, sino también la falta de protocolos para cumplir su labor sin violar los Derechos Humanos de las personas.

En las tres semanas de movilizaciones, la economía chilena ha marchado a lo sumo a media máquina, mientras el tipo de cambio se ha depreciado fuertemente. Octubre tendrá de seguro una tasa de crecimiento negativa y expertos estiman probable que se entre en una recesión. El ministro de Hacienda advierte que la tasa de desempleo podría llegar a 10%, desde el 7,2% actual. Muchos comercios y pequeñas empresas han sido destruidos y se espera un fuerte incremento en el número de quiebras. Sin echar a andar la máquina a todo vapor, será difícil encontrar los recursos para las necesidades sociales que se han puesto en lugar prioritario. Es cierto que el gobierno parece dispuesto a soportar un déficit fiscal mayor al de tiempos normales, así como a endeudarse para enfrentar los nuevos compromisos. De hecho, ya ha lanzado un plan de apoyo a las pymes que requieran crédito para reconstruirse.

AméricaEconomía celebra y aplaude este nuevo camino que se abre para Chile. Es más, vemos con optimismo el futuro de este país, pues el cambio era necesario e ineludible. Postergarlo ponía, en definitiva, en riesgo la propia democracia.

El debate y la nueva Constitución deben servir para fundar un nuevo pacto social que permita un desarrollo económico vigoroso, como en el pasado, pero esta vez más equitativo e inclusivo.