La Unión Europea (UE) y Mercosur llegaron a un acuerdo en materia comercial en el marco de un Acuerdo de Asociación. La perspectiva de un acuerdo comercial UE-Mercosur después de largas negociaciones es una buena noticia. Si entra en vigor, el acuerdo generará grandes oportunidades para exportadores e inversores a ambos lados del Atlántico.
También es un acontecimiento positivo en el contexto de una economía mundial cada vez más polarizada, donde el proteccionismo económico, el surgimiento de partidos anti-globalización, la retirada unilateral de importantes países de las instituciones internacionales y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han debilitado el compromiso de gobernanza global.
Sin embargo, también sabemos que el comercio internacional genera perdedores en los sectores expuestos al comercio. Los agravios económicos y sociales de quienes se sienten abandonados son un factor importante de la creciente resistencia a la globalización.
La reacción antiglobalización permite extraer algunas conclusiones sobre los peligros de una liberalización descompensada. ¿Qué impulsa un mayor descontento con la globalización? En las economías desarrolladas, la mano de obra cualificada y el capital tienden a ser factores abundantes de producción, razón por la cual se especializan en la producción y exportación de productos que requieren mano de obra más cualificada e importan productos que requieren mano de obra menos cualificada. Ello aumenta las rentas de los propietarios de capital y trabajadores cualificados y disminuye las rentas de los terratenientes o de los trabajadores menos cualificados.
Esto también explica la postura proteccionista del sector agrícola en los países europeos y su oposición al acuerdo comercial UE-Mercosur. Dado que esto beneficia a los que se encuentran en el extremo superior de la distribución de ingresos, el comercio también ha aumentado la desigualdad salarial en las economías más ricas. Estudios recientes en economía política vinculan el auge de movimientos populistas y antiglobalización como el Brexit en el Reino Unido o Trump en Estados Unidos, así como otros movimientos de extrema derecha en Europa, con una mayor competencia en importaciones y otros fenómenos ligados a la globalización.
El apoyo al Brexit en el referéndum de 2016 fue mayor en zonas que estaban más expuestas a la competencia de las importaciones chinas. Otro elemento importante tiene que ver con que haya mecanismos de compensación para aquellos grupos afectados que mitiguen los efectos negativos derivados del comercio. El aumento de las importaciones chinas en Estados Unidos a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, tras la entrada de China en la OMC, no vino acompañado de una expansión de los mecanismos de seguridad social.
La experiencia del Reino Unido también sugiere que los perdedores no fueron compensados suficientemente. Compensar a los perdedores es particularmente importante porque se ha demostrado que los efectos del comercio en el mercado laboral local, en términos de salarios y niveles de desempleo, son muy persistentes.
Aunque otros factores como el cambio tecnológico importan, muchos economistas están de acuerdo en que la globalización es un factor cada vez más importante de la desigualdad de ingresos.
¿Qué significa esto para Mercosur en el contexto de un acuerdo comercial con la UE? En los países de renta media del Cono Sur, los propietarios de grandes superficies de cultivo o de pasto como Argentina (y en menor medida mano de obra poco cualificada) tienden a ser el factor abundante de producción, lo cual explica que estas economías se especialicen en la producción y exportación de productos agrícolas o productos que requieren mano de obra menos cualificada (manufacturas básicas).
La industria doméstica enfrentará una mayor competencia de importaciones por parte de las manufacturas europeas, que requieren mano de obra más cualificada. En teoría, la ventaja comparativa de la región en productos que requieren mano de obra de baja cualificación debería reducir los niveles de pobreza y de desigualdad dentro de los países de la región. En la práctica, aunque una mayor liberalización comercial ha ido acompañada de mejoras en los niveles de pobreza en muchas economías emergentes, la desigualdad de ingresos en los países de renta media de América Latina no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Hoy sabemos que el comercio beneficia a las grandes empresas exportadoras, como las corporaciones multinacionales, que tienden a emplear a trabajadores más cualificados. Ello beneficia a los ya privilegiados. También es probable que estos efectos se vean agravados por la ausencia de estados de bienestar fuertes en la región.
¿Qué hacer al respecto? Compensar adecuadamente a los perdedores de la liberalización comercial es clave para un desarrollo sostenible e inclusivo. Si bien los acuerdos comerciales necesitan el apoyo de los perdedores (así como de los ganadores), una vez aprobados, existen pocos incentivos para que la compensación sea efectiva.
Es más probable que estos esfuerzos sean más eficaces en el contexto de políticas generales del estado de bienestar, que garantizan el acceso a una compensación a grupos vulnerables con independencia de si pierden el trabajo debido al comercio.
Desde esta perspectiva, el acuerdo UE-Mercosur ofrece una oportunidad única para que los gobiernos del Cono Sur complementen los acuerdos comerciales con redes de protección social ampliadas (seguro social y políticas activas de mercado laboral que capaciten a los trabajadores) que aborden los problemas económicos ligadas al comercio.
A menudo se afirma que el acuerdo de asociación UE-Mercosur es un punto de partida para una mayor cooperación a fin de fomentar valores comunes sobre los que construir la gobernanza global. Estas son buenas noticias, pero reconocer la necesidad de gestionar la globalización a nivel nacional sigue siendo una tarea urgente.
En estos días, los mercados son un mar en el que resulta, cuando menos, difícil navegar. Tanto los bonos como las acciones han registrado su peor primer trimestre de la historia, e incluso los nichos en los que podían buscar refugio los inversionistas hace tan solo un par de semanas, concretamente materias primas y empresas energéticas, no han sido de gran ayuda últimamente. El mundo financiero se encuentra inmerso en un proceso de dolorosa y extraña transición.
Tras una década caracterizada por bajas tasas de interés y por lo que parecía una política de expansión cuantitativa monetaria perenne, estamos finalmente asistiendo a un ciclo de ajuste creíble por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Es el principio del fin de la era del “dinero gratis”.
No obstante, lo que diferencia este intento de acabar con la represión financiera de otros ocurridos en el pasado es el hecho de que estamos operando en un mundo “posinvasión de Ucrania”. En efecto, dicha invasión por parte de Rusia ha sacudido a todo Occidente, poniendo de manifiesto su inconveniente dependencia de países que no siempre son socios fiables. De ahora en adelante, los Gobiernos occidentales se esforzarán por relocalizar sus cadenas de suministro de energía, tecnología, producción y defensa, acelerando así la tendencia de reversión de la globalización.
Esto, a su vez, y por primera vez desde la crisis financiera mundial iniciada en 2007, es un factor que tiene el potencial para dinamizar la inversión interna y reactivar la demanda del crédito privado.
Paradójicamente, esto significa que el riesgo de cometer un error de política monetaria es mucho menor hoy que antes del 24 de febrero, y la Fed dispone de hecho de un mayor margen para el ajuste. Sin embargo, nuestras previsiones de subidas de tasas no son tan audaces como las actuales estimaciones del consenso. En esencia, tanto Estados Unidos como Europa se enfrentan a limitaciones de capacidad real y práctica para relocalizar su producción.
Adquirir experiencia y know-how en sectores que en ocasiones han sido ignorados o abandonados (los semiconductores o la energía nuclear, por ejemplo) no se consigue de la noche a la mañana, y el cambio de proveedores extranjeros a nacionales sin duda tomará tiempo. Por último, los plazos de transición impiden un regreso de las tasas de interés elevadas en esta ocasión, pero esta perspectiva está definitivamente en el horizonte de futuros ciclos.
El impacto combinado de los cuellos de botella en los suministros ocasionados por la pandemia junto con la guerra en Ucrania ha obligado a la Fed, y en menor medida a otros bancos centrales (con excepción del Banco de Japón), a normalizar bruscamente su política monetaria tras una década de represión financiera.
Un mensaje en redes sociales atribuido a Vladimir Putin (pero en realidad apócrifo) se pregunta si países como Estados Unidos e Israel alguna vez fueron sancionados por las violaciones al derecho internacional que se les imputan (paradójicamente, alegar que existe un doble estándar al sancionar esas violaciones implica admitir que las cometiste).
Las violaciones al derecho internacional atribuibles a Rusia en Ucrania son múltiples. En primer lugar, la anexión de Crimea en 2014 viola el principio según el cual es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. En segundo lugar, según la Carta de las Naciones Unidas, los Estados sólo pueden emplear la fuerza en legítima defensa en caso de ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la paz y la seguridad internacionales: ninguna de esas condiciones se cumplió en Ucrania ni en 2014 ni en 2022. En tercer lugar, hay indicios de violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario por parte de Rusia. Por ejemplo, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, acusó el 30 de marzo a Rusia de lanzar al menos 24 ataques con bombas de racimo contra zonas pobladas de Ucrania (acusación que también formulan Amnistía Internacional y Human Rights Watch). Es decir, Rusia no sólo inició una guerra de manera ilegal, sino que libra esa guerra con medios ilegales: eso contribuye a explicar las sanciones en su contra que han adoptado múltiples países.
Pero es cierto que Estados Unidos e Israel pueden ser acusados de haber violado las mismas normas de derecho internacional sin haber padecido las mismas consecuencias. Al igual que ocurre en Ucrania, por ejemplo, la invasión estadounidense de Iraq en 2003 no cumplió con ninguno de los criterios que harían legal el uso de la fuerza. En ambos casos, además, existen indicios de la comisión de crímenes contra el derecho internacional humanitario (por ejemplo, un estudio de investigadores de la Universidad John Hopkins para la revista The Lancet estimó en más de 600,000 las personas muertas entre 2003 y 2006 como consecuencia directa o indirecta de la invasión y ocupación de Iraq).
El principio de la “inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra” aparece con esa formulación en la resolución 242 de 1967 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual por ello exige el “Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”. Dado que, 55 años después, ese retiro no se ha producido, diversas resoluciones del propio Consejo de Seguridad (como la 2334) llaman a Israel “Potencia ocupante”, y le conminan a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional en “los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Oriental”. Esa es la razón por la cual la anexión de Jerusalén oriental por parte de Israel viola el mismo principio que violó Rusia al anexar Crimea (pese a lo cual, el gobierno ucraniano reconoció la anexión israelí). En cuanto al derecho internacional humanitario, entre las múltiples acusaciones formuladas por instancias de la ONU en contra de Israel también está aquella que hoy se formula contra Rusia: el empleo de bombas de racimo en zonas pobladas.
Hoy Estados Unidos formula acusaciones en contra de Rusia por el empleo de bombas de racimo, pero tanto ese país como Israel las emplearon en el pasado y ninguno de ellos es parte de la convención que busca prohibirlas. Biden, además, exige que Putin sea juzgado por crímenes de guerra, pero Estados Unidos e Israel no sólo no son parte de la Corte Penal Internacional (CPI, encargada de juzgar ese tipo de crímenes), sino que Estados Unidos llegó a sancionar a la fiscal general de la CPI por abrir investigación en contra de todas las partes involucradas en posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza y en Afganistán.