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Gravamen al boom digital en América Latina

El avance de la economía digital no está libre de gravámenes, pues buena parte de los países de la región ha aplicado ya Impuestos sobre el Valor Agregado (IVA) a los servicios y productos digitales, empezando a nivelar la cancha entre los proveedores locales e internacionales. Estos nuevos impuestos, en muchos casos, han sido traspasados al consumidor, cuyo comportamiento ante los nuevos precios está por verse.
Martes, 17/11/2020 Héctor Cancino Salas

“Hola, gracias por utilizar nuestros servicios. Queremos contarte que a partir del próximo mes, producto de los cambios tributarios en el país, la tarifa de tu suscripción aumentará por la nueva aplicación del IVA digital”.

Millones de usuarios en América Latina han recibido un mensaje como este, a través de correos electrónicos, sms u otras notificaciones de sus proveedores digitales en los últimos meses.

Los servicios abundan, tal como su carácter, pues hoy las empresas que brindan ofertas digitales abarcan áreas como el transporte de pasajeros, pedidos de comida a domicilio, entretenimiento de video o música a demanda y videojuegos, por nombrar algunas. 

Nombres como Uber, Netflix, Spotify y Rappi, entre otros, se han vuelto más que cotidianos para millones de latinoamericanos que han experimentado el boom digital con este tipo de plataformas orientadas directamente al consumidor final. 

Paola Soriano, directora de Investigación de Consumo y Dispositivos de IDC Latinoamérica, ratifica el valor disruptor de estas plataformas, pues son y serán parte de la nueva realidad, y asegura haber visto un particular aumento en la demanda de estos servicios producto de la cuarentena en áreas de entretenimiento, como gaming y streaming, y otros como el sector delivery,  que, a su vez, han impulsado los pagos digitales. 

“La región estaba por detrás de otras en el mundo donde ya eran representativos; en América Latina nos estamos alineando recientemente a las tendencias mundiales”, sostiene. 

Ante este evidente aumento, durante el último tiempo y con particular énfasis este año, los taxman latinoamericanos han fijado su mirada en estas exitosas plataformas, no sin desafíos, pues la economía digital plantea retos que exceden las regulaciones tradicionales.
 
Uno de ellos radica en las capacidades de estas empresas multinacionales de ofrecer múltiples actividades y obtener ingresos en varios países en simultáneo, sin necesidad de mantener una presencia física significativa en los mismos. Ante la ausencia de un establecimiento permanente −una residencia fiscal− criterio tradicional para las obligaciones tributarias, se dificulta la recaudación en el territorio de consumo. 

De hecho, según publica el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las empresas multinacionales, por su alto nivel de flexibilidad y movilidad internacional, pueden elegir el país de residencia y sus centros de operaciones en función de la presión fiscal que enfrentan en cada región. Luego, transfieren sus utilidades gravables hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que a su vez agudiza el problema de la evasión y la elusión fiscal a escala internacional.

Con este panorama, conformado por el modelo de operación de estas empresas, la aplicación del tradicional Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales se ha erigido como la alternativa más concreta de los países para gravar la provisión de estos servicios por parte de empresas radicadas en el exterior y sin presencia física local. 

Se nivela la cancha

Hasta el momento, las experiencias de las naciones que han implementado esta medida parecen satisfactorias, significando una base importante de ingresos para las arcas estatales. 

Leonardo Hernández, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile, quien ha investigado este fenómeno, considera que esta es una solución muy razonable desde la perspectiva de la eficiencia económica: “Lo que se hizo fue simplemente emparejar la cancha respecto de otros bienes y servicios. No hay ninguna razón para darles una exención a los servicios digitales”. Así, el también director alterno de Clapes UC considera que, desde la perspectiva de la equidad tributaria, el IVA digital es recomendable, pues “nivela la cancha”, corrigiendo una distorsión que no se justificaba. 

Precisamente esa resultó ser la tónica entre las autoridades del país, pues la norma que se aprobó al respecto en Chile, dictó que a partir del 1 de julio de 2020 se comenzara a cobrar IVA a las plataformas digitales. 

Felipe Larraín, quien se desempeñó como ministro de Hacienda de Chile hasta octubre de 2019, explica que, mientras alistaban los detalles de la próxima reforma tributaria, se dieron cuenta de un doble problema: primero, que la economía digital no tenía ningún tipo de gravamen, lo cual a la larga se convierte en una erosión de la base tributaria; y segundo, que significa una desventaja para la economía tradicional que compite con la digital, citando casos como el de los servicios de hotelería y hospedaje con plataformas como Airbnb, que no pagaban ni IVA ni un impuesto a la renta. “No vimos ninguna razón para que, con todo lo que significa las ventajas de la economía digital, esta no tuviera que pagar impuestos. Esa era la base del problema”, agrega.
 
Esta visión es compartida por otros especialistas. Gustavo López-Ameri, socio de Impuestos de Deloitte Perú, explica que las operaciones business to business (B2B) están gravadas con el Impuesto General a la Venta (IGV) bajo la figura de la utilización de servicios en el Perú. Esta regulación no aplica en el caso de operaciones business to consumer (B2C), es decir, cuando el usuario del servicio es una persona natural, sin negocio. “Este tipo de operaciones no quedan gravadas con el IGV. Por ello, se está evaluando gravar este tipo de operaciones utilizadas por personas naturales con este impuesto”, añade.
 
Según López-Ameri, el Perú está mirando con mucha atención precisamente el caso de Chile, para tomarlo como referencia en la próxima aplicación de la norma. De ser así, quedarían gravados los servicios de empresas como Uber, Netflix, Disney+, HBO, Spotify, Airbnb, Cabify, Didi y Apple, entre muchas otras.

 “Si lo vemos desde el punto de vista del consumidor-persona natural, se trataría de una medida antipática; pero si lo vemos desde el punto de vista de recaudación, la medida se hace necesaria y justa”, sostiene el ejecutivo de Deloitte. A eso agrega: “En efecto, los emprendedores peruanos que se aventuran a iniciar su negocio digital vendiéndole al mundo tienen que pagar el IGV, mientras que las transnacionales extranjeras prestan sus servicios digitales a usuarios locales y no pagan el impuesto. Este tipo de medidas nivela la cancha”.

Más al norte del continente, en México, el 1 de junio entró en vigor la aplicación del IVA del 16% a las plataformas de servicios y venta de productos digitales, una medida que pone fin a la competencia desigual para los proveedores nacionales de servicios digitales versus los proveedores extranjeros, según Antonio Zuazua, socio de Impuestos Internacionales de KPMG México. “El incumplimiento tributario era muy obvio y muy claro”, dice el ejecutivo.

“Esta reforma fiscal empezará a afectar a muchas empresas que no tenían presencia física en México, pero que estaban vendiendo servicios digitales de alto consumo a los mexicanos, sin estar tributando absolutamente nada en nuestro país”, dice Victor Aguirre López, socio fundador de la firma BlackBox Startup Law, un despacho legal especializado en dar asesoría a startups en México.

Los adelantados

De acuerdo a informes de KPMG (2020), en febrero de este año había 77 países que aplicaban impuestos indirectos sobre las transacciones vinculadas a la economía digital, mientras que ocho más cuentan con un proyecto de esta índole en proceso de debate público. 

Argentina, Colombia y Uruguay fueron los pioneros en América Latina aplicando este impuesto digital en 2018, del 21%, 22% y 19%, respectivamente. Según señala la Cepal, Argentina incluso ha avanzado en la aplicación de impuestos indirectos adicionales sobre los servicios digitales, que supusieron ingresos a su fisco de US$ 22 millones en el primer trimestre de 2019. En Uruguay, por otro lado, se recaudaron US$ 18,4 millones durante los primeros cinco meses del mismo año. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Colombia, por su parte, indicó recientemente que durante enero de 2019 se recaudaron aproximadamente  US$ 12 millones por concepto de IVA a los servicios digitales, correspondiente a las operaciones efectuadas durante el segundo semestre de 2018.

Además, durante el último año, Ecuador y Paraguay se sumaron a esta tendencia y adoptaron cambios en sus legislaciones para aplicar el IVA sobre una variada gama de servicios provistos a través de las principales plataformas digitales de entretenimiento y de transporte. 
Chile y México han sido los últimos países en aplicar esta medida, a mediados de este año, mientras que Bolivia, Perú y República Dominicana avanzan en el mismo sentido para que los servicios digitales prestados desde el exterior paguen el IVA.
 
En Bolivia se ha propuesto aplicar el tributo del 13% a las plataformas digitales y en el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha planteado que la entidad bancaria sea el agente de retención del pago del IGV de 18%.

Impacto en las empresas

Como era esperable, la gran mayoría de las empresas que ya han sufrido la aplicación de este cambio en ciertos territorios decidieron ajustar la tarifa de sus servicios para traspasar el valor a los usuarios. 

“Prácticamente, la gran mayoría de las compañías traspasaron el costo al consumidor. Eso quiere decir que el precio de un servicio que antes se vendía en 100, pues ahora se puede estar vendiendo en 116; 16 pesos de IVA”, dice Antonio Zuazua, de KPMG México.

Naturalmente, medidas de este alcance tienen potencial para generar distintos impactos en las compañías. Partiendo por el hecho de tener que regularizar su situación en la jurisdicción local, lo que les implica invertir recursos en asesores legales externos y en comenzar a llevar una contabilidad adicional, según Víctor Aguirre. De igual forma, los fiscos de su jurisdicción de origen pueden querer cruzar información sobre las ventas que tienen offshore

Pero, además de eso, el representante de BlackBox Startup Law considera que “a las grandes empresas les afecta, pues implica de facto tener que incrementar el costo de sus servicios a sus consumidores si adicionan el IVA o, en su defecto, tener una pérdida si consideran su tarifa con IVA incluido. Lo anterior les genera un impacto, pues los consumidores son sensibles al precio y pueden optar por buscar sustitutos”.

Entre los analistas son variadas las proyecciones respecto a los efectos en el negocio de las principales plataformas digitales. La consultora IDC considera probable que los costos de los impuestos pasen a los consumidores, aunque no debería de ser un impedimento para la adopción, pues la alternativa suele ser más costosa, como los servicios de cable, o la compra de CD o DVD.
  
Paola Soriano, de IDC Lationamérica, estima que todo va a depender de cada país y gobierno. Además, en el contexto actual sería difícil determinar el impacto, pues los porcentajes de desempleo se han incrementado y parte de la fuerza laboral de nuestra región es informal. En ese sentido, si bien los precios subirían, la analista de IDC cree que se puede compensar con descuentos por temporadas, con paquetes de valor agregado o servicios extras. Por eso, lo importante es buscar un equilibrio entre momento y forma. 

Leonardo Hernández, de la Universidad Católica de Chile, por su parte, considera el aumento de precios como algo marginal, pues “es un impuesto al consumo sobre un monto relativamente bajo, con mensualidades de montos pequeños en general. Además, la gran mayoría de los suscriptores son personas de ingresos medio/alto, por lo que la elasticidad de la demanda es baja”.

Respecto al Perú, donde aún no se oficializa el cambio tributario, López-Ameri, de Deloitte, comenta: “Recordemos que en estos tipos de negocios digitales lo que se margina es bastante alto, de tal manera que algunas empresas del exterior podrían decidir no incrementar sus precios para no perder cuota de mercado, absorbiendo el impacto fiscal. Ahora bien, cuánto de este costo será transferido al consumidor, la respuesta la dará la realidad del mercado. Por ejemplo, en Argentina, después de unos meses, Netflix aumentó los precios de sus planes por efecto de la incorporación de IVA (IGV)”, agrega.
 

¿En camino a un impuesto específico?

Más allá de posibles impactos en el crecimiento en usuarios y ventas en las plataformas digitales durante los próximos meses en América Latina, la Cepal ha advertido que “no hacerse cargo de los desafíos tributarios de la digitalización de la economía implica renunciar a una cantidad importante de recursos fiscales, renuncia que será cada vez mayor en la medida en que los nuevos modelos de negocio de la economía digital se vayan consolidando”.
 
Leonardo Hernández explica que las autoridades tributarias tienen problemas para cobrar impuesto a las utilidades a las empresas digitales, porque estas se constituyen en paraísos fiscales: “Este fenómeno ha llevado a buscar un consenso entre los países para combatir los paraísos fiscales y obligar a las empresas a tributar donde generan sus rentas, que es donde están sus clientes, donde se realiza la venta de los servicios”, complementa.

En ese sentido, el siguiente paso que podría cautivar a los fiscos está relacionado con impuestos específicos digitales, que apuntan a la renta o los ingresos de las compañías proveedoras. Este tipo de iniciativas está en pleno debate a nivel internacional, en busca de una solución  de alcance mundial en la materia, aunque es un ámbito de mayores complejidades pues exige adaptaciones a las legislaciones para aplicar el impuesto y no desincentivar las inversiones en el sector o el parecer de un grupo de la ciudadanía.
 

Imagen: Netflix. La compañía registró ventas de US$ 1.578,8 millones en nuestra región en los primeros seis meses del año, cifra sustentada en las más de 36 millones de membresías pagas hasta el 30 de junio de 2020.

Para Felipe Larraín, quien actualmente se desempeña como académico de la Universidad Católica de Chile, el conflicto se presenta en cómo se distribuye la recaudación cuando hay una parte de la base tributaria en un país, por ejemplo, con una empresa que tiene US$ 100 millones de utilidad final, pero tiene el 10% de las ventas originadas en un determinado país. Aunque en estos casos también entran otros principios, Larraín considera que hay que conjugarlo de alguna forma, y por eso está expectante a ver lo que proponga la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
 
Respecto a esta alternativa, Víctor Aguirre apunta a la teoría de la “Presencia Económicamente Significativa”, con la que se ha especulado que el país donde radica el consumidor pueda dividirse con el país donde tiene su domicilio la plataforma, un impuesto digital ad-hoc o el impuesto sobre la renta, para reconocer lo que aporta el país de los consumidores a la creación de dichos beneficios económicos.

En cuanto a una posible aplicación de este tipo de impuestos en nuestra región, el fundador de BlackBox, esgrime: “Que los países de América Latina avancen sobre dicha opción podría ser benéfico para los fiscos locales, pero podría traer consecuencias desfavorables para los consumidores locales, pues posiblemente menos plataformas tendrían el incentivo de ofrecer sus productos digitales o se esperarían a abrir una subsidiaria local, lo que conlleva una inversión en costos y tiempo”.

A juicio de Leonardo Hernández, no hay ninguna razón obvia para cobrar un impuesto específico distinto a las empresas de servicios digitales que a otras empresas, porque no hay ninguna externalidad en la producción de estos servicios, como sí ocurre, por ejemplo, con los alcoholes o el tabaco.

La adaptación de la legislación asoma como el gran desafío en caso de que las naciones latinoamericanas quieran avanzar en torno a una mayor captación de recursos. “Las agencias tributarias tienen que empezar a diseñar mecanismos para gravar con impuestos a empresas que no operan en el país. Estamos aprendiendo y reaccionando frente a hechos consumados, lo que no es fácil”, señala Hernández.

“Toda la discusión actual está en cómo gravamos esos servicios y la OCDE está en esa discusión: cuál sería la mejor alternativa para poder gravar esos servicios con un criterio estándar, en todos los países y que no genere los ruidos que está generando ahora”, dice Gustavo López-Ameri. De hecho, se espera que surja una solución de consenso hacia finales de 2020 dentro de los plazos fijados en el Marco Inclusivo de Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) de la OCDE. 

Casos como el de Francia, que ha establecido un impuesto a las ganancias de las empresas que ofrecen servicios digitales, pueden servir como referencia para quienes quieran impulsar medidas tributarias más agresivas. De hecho, el asesor de startups Víctor Aguirre, alude a la gran influencia que puedan tener en los países de América Latina las decisiones que se implementan en Europa.
 
Aunque actualmente las recaudaciones que generan los Estados no sean particularmente significativas, Larraín anima a considerar que la tasa de crecimiento de los servicios digitales es considerablemente mayor que la de los tradicionales. “Es algo que va a ir creciendo en el tiempo y, por tanto, hay que tener la solución implementada antes de que represente una cantidad muy significativa de recursos que se queden fuera de la recaudación fiscal”, concluye.
 

El caso Netflix

Netflix ha sido una de las compañías icónicas de este gravamen. De hecho, en muchos lugares se le ha denominado el “Impuesto Netflix”, por la gran figuración y penetración de la empresa en los distintos mercados. En esa línea, no fue sorpresa que este haya sido uno de los primeros servicios en advertir a sus usuarios que sus precios se incrementarían.

Pese a que la compañía declinó pronunciarse ante la solicitud de AméricaEconomía, un reciente reporte de la empresa productora de títulos como Stranger Things, que cerró 2019 con ventas de US$ 2.795,4 millones en América Latina, reveló ventas por US$ 1.578,8 millones en nuestra región en los primeros seis meses del año, cifra promisoria sustentada en las más de 36 millones de membresías pagas hasta el 30 de junio de 2020.

Sin embargo, revisando el rendimiento por trimestre, el resultado puede ser algo más desalentador. Si bien el crecimiento de nuevos usuarios está muy cerca de superar los números del año pasado: hasta fines de junio ya tenía 4,6 millones de nuevos suscriptores, mientras que en 2019 sumó 5,3 millones de nuevas membresías en total, la gran mayoría de esas adiciones se concretaron pre pandemia, hasta fines de marzo (2,9 millones). En el segundo trimestre, la cifra de crecimiento se limitó a 1,7 millones de nuevas membresías.

De igual forma, las ventas del primer trimestre llegaron a los US$ 793,4 millones, mientras que en el segundo trimestre descendieron a US$ 785,3 millones. A su vez, el promedio de pago por cada membresía bajó. En 2019, el pago promedio de un usuario de Netflix en América Latina fue de US$ 8,21, mientras que hasta fines de junio se redujo a US$ 7,73. 

Si bien puede haber muchas explicaciones, propias de la competencia tradicional del negocio, los números del segundo trimestre de Netflix podrían ser el reflejo de las afectaciones económicas de la población en general. Y, aunque las cifras no reflejan aún el impacto de las recientes medidas tributarias en mercados como México y Chile, podrían significar una señal de alerta para los planes de crecimiento de la empresa y otros servicios similares. 

Por ejemplo, en el reporte del segundo trimestre de Spotify, la compañía reconoció que a principios del mismo, “observamos cierta debilidad relacionada con COVID en varios países de nuestras regiones emergentes. Partes de América Latina y el resto del mundo experimentaron un crecimiento más lento de lo esperado en abril y mayo, ya que vimos un menor consumo, un aumento en la deserción y un aumento de no pago de nuestros usuarios Premium”.