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AMLO, ¿en sentido contrario y sin gasolina?

Un plan de reactivación económica que muchos califican como insuficiente, el desplome de los precios del petróleo, y la situación de Pemex agravan la crisis del gobierno de López Obrador, que parece ir en contravía de las recomendaciones de los empresarios, economistas y organismos internacionales.
Martes, 16/06/2020 Camilo Olarte

El 5 de abril, después de que muchos países ya habían anunciado semanas antes medidas contracíclicas e inversiones millonarias para contener la emergencia económica a causa del COVID-19, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recién adelantó algunas de las medidas del plan de reactivación económica durante su primer informe de labores trimestral de 2020. Tras las recomendaciones iniciales de usar estampitas de protección y abrazar a ancianos y niños y el posterior establecimiento de un periodo de emergencia sanitaria y de confinamiento, existían esperanzas hacia un plan de reactivación a la altura de las difíciles circunstancias. Y es que en el ámbito sanitario el nombramiento de dos hombres que inspiran confianza en la población: Hugo López-Gatell, el carismático titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; y Marcelo Ebrard, canciller que acaparó otras funciones además de las relaciones exteriores, generó la sensación de que el país había dirigido su rumbo, aunque de forma tardía.

El sector empresarial, los economistas y diferentes organismos internacionales, sin embargo, no tardaron en calificar al plan como “insuficiente”, “errático” y “anacrónico”. El presidente mexicano redoblaba su apuesta por la austeridad ante su negativa a suscribir deuda y aplicar otras medidas contracíclicas. “Se mantiene apegado a un proyecto político económico, a pesar de que las condiciones macroeconómicas y sociales han cambiado radicalmente”, dice Enrique Díaz- Infante, director de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El anuncio del presidente guardaba otra sorpresa: un costoso plan energético. La grave situación financiera de Pemex, y el desplome de los precios del sector petrolero no parecen haber hecho mella en la apuesta por los hidrocarburos como eje de la estrategia económica del gobierno.

Los efectos económicos del COVID-19 para un país que ya estaba en recesión todavía no se puedan dimensionar, pero todo indica que serán devastadores. Los pronósticos más pesimistas dicen que la economía no recuperará el nivel que tenía en 2019 sino hasta 2023.

Las siguientes semanas después de esas primeras alocuciones, AMLO ampliaba a cuenta gotas el plan de reactivación, pero siempre en la misma dirección y en contra de las medidas contracíclicas que recomiendan unánimamente los economistas, hasta los de su propio partido.

La posición beligerante hacia los empresarios está dejando en un estado de indefensión a miles de pequeñas y medianas empresas, que hoy gritan que su tiempo se les acaba. Para diferentes organizaciones empresariales y analistas existe una cruzada desde el gobierno en contra del sector privado que amenaza al empleo y la estabilidad del país.

Los primeros coletazos del virus

El COVID-19 llegó a México el 28 de febrero y encontró a un país económicamente estancado desde finales de 2019. El crecimiento del empleo perdía impulso con respecto a los años anteriores, la inversión pública y privada decrecían, y el PIB se había reducido en un 0,1 %.

Sin embargo, la situación económica estaba lejos de la visión más catastrofista de la oposición: se habían logrado algunos acercamientos con los empresarios, el tipo de cambio se conservaba saludable y algunos programas sociales funcionaban. La llegada del virus, no obstante, cambiaba todo, y las cifras económicas del primer trimestre lo evidencian: el PIB se redujo 1,6%, un golpe fuerte, considerando que las medidas de distanciamiento social empezaron a aplicarse desde marzo.

Los pronósticos de crecimiento del PIB para 2020 según 19 instituciones financieras, las tres calificadoras de riesgo y las instituciones de desarrollo económico varían entre un -4,5 % y -10,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que será de -6,6%, según un documento del think tank Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). El conjunto de economistas que encuesta periódicamente el Banco de México (Banxico), por su parte, anticipa un escenario con un crecimiento de -7,27%.

Desde la llegada de la pandemia, asimismo, el país norteamericano perdió más de 500.000 empleos, en un universo de 22 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, según anunció el mismo AMLO el 6 de mayo. Mucho más que todo el empleo creado en 2019. Un documento de la Secretaria de Hacienda filtrado por algunos medios, por otro lado, menciona una pérdida de 667.000 empleos al 30 de abril, mientras que el Banco de México calcula esta merma en 700.000.

Según algunos organismos, como el Centro de Análisis Económico del Tec de Monterrey y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), esta cifra puede llegar a 900.000 y para el CEEY podría alcanzarse los 1,6 millones de empleados perdidos. Por ese mismo número rondan los pronósticos de organismos internacionales como la OCDE, Banco Mundial, BID y la OIT.

Los días pasan y las cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas que concentran el 80% del empleo (según datos de la Secretaría de Economía) pierden el oxigeno. Solo las microempresas (entre 1 y 10 personas) representan el 94% de los negocios y contabilizan el 40% de los empleos formales. La ONG Oxfam calcula que unas tres millones de empresas están siendo afectadas por el decreto de emergencia sanitaria que frenó toda actividad no esencial. La situación en el empleo informal, que alcanza al 56% de la población, es aún más incierta.

De acuerdo con un informe del CEEY, se tendrían que destinar US$ 30.000 millones, es decir, 3,5% del PIB mexicano, para detener la caída de empleos y la disminución de ingresos provocada por las medidas de distanciamiento social. “Los efectos de la pandemia de coronavirus pueden sumir en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos”, dice el documento.

Los recortes en la calificación de riesgo oscurecen aún más el sombrío panorama. Moody’s bajó la calificación soberana de México el 18 de abril, siguiendo los pasos de Fitch y Standard & Poor’s. México está a un escalón de perder el grado de inversión y esto enturbia aún más las relaciones del Gobierno con el sector privado.

“El shock económico representado por la pandemia conducirá a una recesión severa en México en 2020. Una recuperación a partir del segundo semestre probablemente se verá frenada por los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente, que ha retrasado la calificación y el nivel de ingresos”, comentó Fitch Ratings en un comunicado.

Un plan insuficiente para tiempos inciertos

Días antes del anuncio del plan de reactivación económica, varias agrupaciones empresariales, think tanks y organismos internacionales habían hecho recomendaciones al gobierno de cómo sortear los malos tiempos, pero fueron ignorados.

El plan de AMLO mantiene y profundiza ciertos programas sociales, anuncia la continuidad de grandes obras insignias de su gobierno, e insiste en la austeridad como vehículo para salir de la crisis. Entre los programas sociales destacan los apoyos a ancianos y jóvenes sin recursos, 2,1 millones de créditos de US$ 1.000 a trabajadores formales e informales, y la ampliacion de la cobertura de ayudas para sectores específicos vulnerables.

“Estos programas poco ayudan en el corto plazo a los trabajadores informales urbanos, la población con mayor vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del COVID-19, para los cuales no se ha anunciado ningún apoyo federal desde el inicio de la pandemia”, dijo Ricardo Fuentes Navia, de la ONG Oxfam en una columna publicada por el Washington Post. “ Son insuficientes en un país con más de 52 millones de personas en pobreza antes de la crisis actual”.

La alocución presidencial cayó como un balde de agua fría entre empresarios y políticos. El plan “romperá con el molde de medidas contracíclicas que aumentan la desigualdad (…). El gobierno no se ajustará al modelo neoliberal”, dijo López Obrador ante las cámaras.

“Las medidas contracíclicas tienen como objetivo reactivar la economía, que el Estado intervenga e inyecte liquidez. Que gaste en infraestructura, en generar empleos y en mantener los que existen. La política contracíclica es keynesiana y no neoliberal como dice el presidente”, dice Enrique Díaz-Infante, director de sector financiero y seguridad social del CEEY.

“Con medidas procíclicas haces más profunda y más prolongada la crisis.”, dice Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. “Desde la experiencia de la gran depresión ha sido así. Es totalmente contradictorio. Está en contra de toda la teoría macroeconómica y de la experiencia de lo que está haciendo todo el mundo. Es ponerle gasolina al fuego.”

Dos semanas después, el 21 de abril, AMLO firmó el decreto del plan de reactivación económica y reafirmó, ante las críticas, que la construcción de la refinería Dos Bocas continuaría, así como el Tren Maya. Un gran desacierto, según muchos analistas. “Se deberían suspender y dirigir los recursos para atender la emergencia, para proteger puestos de trabajo y proteger a los que se están quedando sin empleo”, dice Juan Carlos Moreno Brid.

La búsqueda de fondos y la negativa a contraer deuda o de emprender una reforma fiscal para enfrentar la crisis de liquidez llevó al Gobierno a aumentar su programa de austeridad en el que se especifica la cancelación de 10 subsecretarías, reducción de salarios de altos funcionarios, posponer gastos de gobierno y trato excepcional a algunas dependencias. El gobierno sigue una senda de recortes en la que destaca la extinción de todos los fideicomisos públicos para jalar ese dinero. Pero el tiempo se le agota y la mayoría de expertos consideran insuficiente lo que se pueda conseguir para enfrentar una crisis de estas dimensiones.

“Gracias al combate a la corrupción y a la austeridad, hay dinero en caja. No tenemos necesidad de pedir créditos”, insiste López Obrador. Así descartaba hace unos días México hacer uso de la línea de crédito flexible de US$ 61.000 millones que tiene disponibles en el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El endeudamiento es un enemigo de la ortodoxia política de AMLO”, dice Díaz-Infante. “El país paga una comisión al FMI que es un dineral para tener acceso a una línea flexible de crédito. Solo necesita expresarlo. No necesita vender su alma al diablo, ni enviar un programa. Es un despropósito no tomarlo. El Estado es quien puede conseguir los recursos a menor costo”, dice Moreno Brid.

“El problema es que la deuda mexicana, prácticamente nunca, a lo largo de la historia, se ha usado de manera productiva; más bien, lo contrario es típico: se contrata deuda pública que luego se emplea para financiar gasto corriente. Es decir, gasto público improductivo, frecuentemente políticamente (o electoralmente) motivado, que no sólo no genera condiciones para una mayor prosperidad, sino que distrae recursos productivos”, dice Luis Rubio, presidente del think tank, México Evalúa.

“Endeudamiento va a haber, es inevitable. Al bajar la recaudación y enfrentar mayores gastos habrá un nivel de endeudamiento mayor”, dice Luis de la Calle director general del estudio De la Calle, Madrazo, Mancera. “Es inevitable. Mexico va a pasar de tener una deuda sobre PIB del 46% en 2019 y estaremos arriba del 50% en 2020.”

México tiene una larga historia de aumentar el gasto público durante las crisis para beneficiar a algunos pocos. Tratando de evitarlo, pero sin proponer una alternativa, la inacción del gobierno de López Obrador le está costando muchísimo al país. “El rechazo persistente y sistemático al uso de recursos públicos para emprender cualquier tipo de rescate está poniendo en la misma bolsa a las grandes empresas como a las micro, pequeñas y medianas, dice Moreno Brid. “Hay que entender que la carrera política de López Obrador creció como activista en contra de este tipo de rescates cuando en 1994, bajo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), se rescataron a los bancos, pero estamos ante una situación muy diferente”, dice Díaz-Infante. “Está haciendo una extrapolación con esta crisis que es muy diferente y la cual afecta tanto la oferta como la demanda”.

“Se trata de crear un esquema que cree un puente de liquidez para que no tengas que rescatar las empresas después”, dice Luis de la Calle. “Al final del día habrá muchas empresas que tendrán que ser rescatadas, pero sale más caro no tener un programa que ayude a navegar la crisis que tener que hacerlo al final. Si la crisis es muy larga no habrá programa que aguante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado condonaciones, reducciones o diferimientos de impuestos. Las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo suponen menos del 1% del PIB, según el FMI, un porcentaje muy inferior al peso de los paquetes de estímulo de la mayoría de grandes economías latinoamericanas. “No vamos a privatizar ganancias y a socializar pérdidas”, insiste todos los días AMLO, como quien repite un mantra.

Los refuerzos

“El presidente se ha negado a contemplar cualquier cosa que sea ajena a la estrategia que se había planteado desde el inicio del sexenio” dice Luis Rubio, de México Evalúa. Diferentes actores se han dado cuenta de esto y han logrado impulsar políticas e iniciativas, desde todos los flancos, incluso desde el mismo gobierno.

Tan solo unos días antes de la firma del decreto, el Banco de México anunció sorpresivamente la inyección de unos US$ 30.000 millones, 3,3% del PIB, con el objetivo de facilitar el acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas en peligro de quiebra por la suspensión de actividades “Banxico está en la dirección correcta. No está monetizando deuda pública, pero está metiendo liquidez. Y está bajando las tasas de interés. Falta coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, pero el Banco Central hizo lo que tenía que hacer”, dice Moreno Brid.

Banxico está haciendo uso de una facultad que la institución no había utilizado hasta ahora, la de prestamista de último recurso. Diferentes analistas ven esto como un respiro y una acción en la dirección correcta, a pesar de que se excluye a las empresas informales y la distribución de créditos pasa por las instituciones bancarias, quienes determinan las condiciones para acceder a los créditos.

“Hay que tener cuidado, que sea la mediana y la pequeña, no vaya a ser para rescatar empresas que antes del cororonavirus ya tenían problemas financieros… Mucho cuidado. Debemos de respetar el Banco de México y sus decisiones, pero sus reservas no son del Banxico son de su nación”, respondió López Obrador a regañadientes un día después durante su conferencia de prensa matutina.

Días más tarde se anunció un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para facilitar hasta US$ 12.000 millones en financiamiento a 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el propósito de hacer frente a la crisis económica. El acuerdo tiene el respaldo de la secretaría de Hacienda que dirige Arturo Herrera, y sin embargo, fue inicialmente rechazado por el presidente, quien veía en el aval del gobierno un camino para rescatar a ciertas empresas.

“Parece que la animadversión del presidente fuera contra el sector productivo. Las empresas grandes tienen maneras para conseguir recursos y solventar la crisis de liquidez, las otras no pueden. Las empresas están haciendo hasta lo imposible para no quebrar y no perder empleos”, dice Díaz-Infante.

Iniciativas como la del BID parecen llevar la firma del Secretario de Hacienda, coinciden muchos expertos. Herrera ha desaparecido del ojo público hace tiempo –también la secretaria de Economía, Graciela Márquez y gran parte del gabinete–, afirman muchos analistas. “Él es keynesiano”, explica Díaz-Infante. “Y antes del estallido de la epidemia se había mostrado partidario de medidas contracíclicas ante el estancamiento económico”.

El pulso de los empresarios

El primer enfrentamiento entre empresarios y gobierno se dio hace poco más de un año, el 4 de abril de 2019, cuando el gobierno de AMLO anunció la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual ya se habían gastado alrededor de US$ 6.000 millones.

Mucha agua ha corrido desde entonces, cuando AMLO creó un consejo de asesoría con algunos de los empresarios más relevantes del país que duró hasta que los puntos de discordia aumentaron por otros proyectos de inversión pública que parecían inconsultos o equivocados.

Las diferencias llegaron a su punto más alto después de la cancelación de la planta cervecera norteamericana de Constellation Brands en Baja California, tras una consulta y acusar los problemas que traería para una zona con pocos recursos hídricos. La empresa ya había gastado US$ 900 millones de un total de US$ 1400 millones.

Las agrupaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han tratado de escapar de ese punto muerto y han cerrado filas con la inversión privada en búsqueda de un viraje en la posición del gobierno semanas despues del anuncio del plan.

“No vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia tengamos un regreso al autoritarismo”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y uno de los opositores menos abiertos al díalogo.

“No va haber rescate para potentados. Si hay una quiebra de una empresa pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuará otorgando privilegios para nadie”, respondió AMLO.

“Jamás se ha pedido apoyo para ninguna empresa, ni se ha pedido el salvamento de nadie. Lo que hemos dicho es que México se enfrenta a un gran problema; y que debemos poner en primer plano la liquidez de las familias a través de la preservación del empleo”, dijo el empresario mexicano Caros Salazar Lomelín en entrevista con el diario Publímetro poco después.

Salazar se ha convertido en la voz más sensata del empresariado y sigue haciendo grandes esfuerzos por acortar distancias con el Gobierno. Los primeros días de mayo envió al Ejecutivo 68 popuestas para concretar un acuerdo nacional, producto de 11 mesas de trabajo en las que participaron 260 expertos y más de 3.000 participaciones. El mandatario no tardó en responder.“El CCE tiene su derecho a manifestarse; sin embargo, de acuerdo a la Constitución en el artículo 25 dicta que la rectoría de las decisiones las toma el Estado”, contestó.

La comunicación todavía está abierta, pero muchos no confían en que esta los vaya a llevar a buen puerto. “Si no hay un acuerdo nacional no habrá inversión, si no hay inversión no habrá crecimiento”, dice Juan Carlos Moreno Brid, “Estaríamos corriendo el riesgo de la inestabilidad social”.

Para Luis de la Calle, si México logra transitar sin daños profundos en su sector productivo “hay una oportunidad enorme en el mediano y el largo plazo, en el sentido de que la inversión de los últimos 30 años que terminaba en China ahora va a buscar lugares alternativos donde puedan diversificar la exposición al riesgo chino. México probablemente es el mejor lugar del mundo para recibir esas inversiones, pero tenemos que demostrar que somos un socio confiable, y donde las transacciones son sanitariamente seguras. Para esto necesitamos transitar de la definición de sectores esenciales a actividades seguras. Es una oportunidad histórica que representa el cambio en el portafolio de inversión en contra de China”, dice.

La 4T se juega su papel histórico

A mediados de mayo el FMI alertaba de que México ya es el epicentro latinoamericano del COVID-19. “Los pequeños empresarios han quedado sin red de seguridad ante la falta de un ambicioso plan de ayudas”, dice el columnista Ricardo Raphael en el Washington Post. “El Gobierno optó por dejar a la intemperie a dos tercios de la población económicamente activa y al conjunto de la planta productiva”, señalaba.

La gestión de la pandemia ha abierto las primeras grietas en un gobierno que hasta ahora no tenía contrapesos, y que ahora se enfrenta a las elecciones intermedias de 2021 cuando será renovada la Cámara de Diputados 15 gubernaturas y 2.000 alcaldías. Unas elecciones vitales para el proyecto de AMLO.

“Para resucitar, así sea una parte de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación (4T), AMLO debe darse cuenta de que no basta con perseverar con un proyecto que, en el contexto de la pandemia, se ha vuelto imposible”, dijo en una columna para el diario El País el escritor Jorge Volpi. “AMLO parece no entender la enormidad del desafío. Así como en algún momento desestimó la gravedad de la pandemia, hoy parece creer que el impacto económico de su política social es suficiente para mitigar los efectos de la pandemia”.

“Ante la pandemia, los mexicanos nos jugamos el presente y el futuro, algunos, la vida. La 4T se juega su papel en la historia nacional”, dice Moreno Brid. Hasta ahora parece que la realidad sería la única que obligaría a López Obrador a hacer un viraje. Ojalá no sea tan tarde.

¿Pemex es un lastre?

La situación de Pemex, agravada por el COVID-19, profundiza más la crisis de AMLO y su gobierno, que desde un principio le apostó a la reactivación de la empresa estatal como eje de su estrategia económica.

Pemex, históricamente, ha sido la tabla de salvación cuando la economía mexicana ha estado a punto de colapsar. Lo fue en las crisis de 1994 y 2008. Pero desde hace unos pocos años las circunstancias se presentan muy diferentes.

La empresa perdió US$ 23.400 millones en los tres primeros meses de este año, más que todo su presupuesto de 2020, y un 92% más de lo que perdió en todo 2019. La única noticia positiva para el primer trimestre fue el aumento de la producción, que, al cierre de esta edición, ante los precios del crudo, no es una buena noticia. Pemex justificó la pérdida histórica argumentando la variación en el tipo de cambio. La guerra de precios de petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, y la caída de la demanda de petróleo y combustibles por la pandemia del COVID-19, habrían agravado las pérdidas.

Esto tiene algo de cierto, pero también tiene que ver que el Gobierno, a pesar de las circunstancias, insiste en una política energética nacionalista, basada en mayor refinación y mayor producción del petróleo. Un claro ejemplo es el anuncio de que el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, con un costo de alrededor US$ 8.000 millones, seguirá su curso a pesar de las circunstancias económicas y de que los precios del petróleo en el índice de referencia internacional WTI cayeron a precios negativos por primera vez en la historia.

“Dos Bocas es un pozo sin fondo y la concentración de recursos en este proyecto va a dejar al país sin gas cuando este comience a escasear en unos años”, dice Luis Rubio, presidente del think tank México Evalúa. “Es una locura insistir en estas inversiones cuando no se avizora un futuro positivo para el sector, ni una transformación profunda dentro de la empresa estatal cuya deuda, ni de su poderoso sindicato. El sólo hecho de cancelarse mostraría sensatez fiscal, ampliando el espacio anímico para tolerar un pequeño crecimiento en la deuda pública”.

En la presentación del primer trimestre de 2020 AMLO confirmó una inversión pública privada y social para el sector energético de unos US$ 13.560 millones como parte de su programa para reactivar la economía, el doble de lo que ya se había anunciado, sin precisar si es para garantizar flujo de capital o para el servicio de la deuda de Pemex, que sobrepasa los US$ 100.000 millones (hoy es la compañía petrolera más endeudada del mundo).

“Obrador parece que quiere recrear el papel de Pemex como ancla de crecimiento en un mundo muy distinto al de los 70. El mundo de la energía está cambiando de manera acelerada, tanto por la aparición de tecnologías nuevas como por la creciente regulación ambiental”, dice Rubio.

2020 había empezado con algunas colocaciones de deuda exitosas que le compraron tiempo a Pemex, pero más que insuficiente para rescatar a una empresa al borde de la quiebra y en un entorno externo completamente adverso como lo afirman las calificadoras de riesgo. El pasado 17 de abril de 2020 Fitch Ratings y Moody’s degradaron su calificación con solo horas de diferencia y Pemex perdió su grado de inversión, el término formal para deuda financiera considerada como ‘bono basura’. “La idea de reconstruir una imagen nostálgica de Pemex no la va a revivir, pero sí va a matar el futuro de la industria en general. A la larga, no habrá alternativa más que declararla en bancarrota”, dice Rubio.

El Gobierno canceló desde hace meses las subastas de petróleo y gas y se encuentra en un relativo estado de estancamiento y en un lastre para la reactivación de la economía. “Pemex es un lastre en la medida en que se utilicen recursos para financiar actividades no rentables. La decisión de cerrar el mercado a nuevos participantes implica distraer recursos buenos para actividades malas”, comenta Luis Rubio.

Para David Goldwyn, presidente de Atlantic Council: “Pemex puede ayudar a la reactivación económica si la demanda del petróleo regresa y si demuestra ser atractiva para los inversionistas, y lo puede hacer. Como mínimo puede ayudar dejando de ser un lastre para el presupuesto para mantenerse a flote. Para eso el Gobierno necesita decidir si quiere priorizar revivir el sector o revivir a Pemex. Por el momento el gobierno está yéndose por el lado de Pemex, y eso quiere decir que está priorizando un mal negocio”.