Reuters.- La propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos para obligar a su vecino a impedir el paso de migrantes probablemente provoque desafíos legales, pero se encontrará en una posición firme según la ley federal, dijeron este viernes expertos legales.

El Congreso ha cedido durante décadas su autoridad constitucional para imponer aranceles al presidente y los tribunales generalmente dejan a la Casa Blanca las áreas de seguridad nacional.

Trump se valió de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 como fundamento legal para su amenaza de imponer aranceles punitivos a todos los bienes de México si no toma medidas para reducir el flujo de migrantes, drogas y delincuencia en la frontera.

La ley le otorga al presidente la potestad de regular una amplia gama de actividades económicas, incluyendo "cualquier transacción en moneda extranjera", tras declarar una emergencia "para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tenga su origen en su totalidad o en una parte sustancial fuera de Estados Unidos".

El TLCAN permite a un país miembro imponer aranceles en circunstancias limitadas para bienes específicos, en lugar de un alza general, como ha propuesto Trump, dijo Bhala.

La ley de poderes de emergencia ha sido usada por los presidentes para imponer sanciones a países como Irán y Sudán.

Emplearlo como una herramienta para reducir el flujo de migrantes podría estar fuera de la intención del Congreso, que consideró que debía usarse para responder a amenazas violentas, dijo Raj Bhala, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas que se especializa en asuntos de comercio internacional.

Pero para bloquear la medida en tribunales, los demandantes tendrían que demostrar que el presidente actuó fuera de la letra de la ley y de los intereses de seguridad nacional, un extremo difícil de probar debido a la amplia autoridad que la ley da al poder ejecutivo.

Personas, empresas o grupos afectados adversamente por los aranceles probablemente tendrán el derecho de demandar.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, un influyente grupo de presión empresarial, dijo que estaba considerando opciones judiciales para oponerse al plan de aranceles.

"Los demandantes realmente van a tener un camino cuesta arriba", dijo Steven Schwinn, profesor de la Escuela de Leyes John Marshall en Chicago.

Schwinn dijo que si un demandante tiene éxito, tampoco está claro si un tribunal bloqueará los aranceles a todos los bienes mexicanos o sólo a los bienes de quien presentó el reclamo.

Bhala también dijo que los aranceles casi con certeza serían contrarios tanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT, de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Trump renegoció el acuerdo del TLCAN, pero aún está vigente, aunque no está claro cómo la amenaza arancelaria afectará al nuevo tratado comercial con México y Canadá por ratificar.

El TLCAN permite a un país miembro imponer aranceles en circunstancias limitadas para bienes específicos, en lugar de un alza general, como ha propuesto Trump, dijo Bhala.

Sin embargo, dijo Bhala, los procesos de resolución de disputas del TLCAN y la OMC son lentos, tardan años en llegar a una decisión que puede ser difícil de implementar, lo que implica que los tribunales estadounidenses son el foro más práctico para impugnar los aranceles.