Las finanzas salvadoreñas están en plena ebullición en una olla de presión. El tiempo para revertir la situación es poco, las cuentas fiscales ya no dan para más y el panorama cercano que algunos economistas vislumbran es dramático.

La acrecentada deuda pública y el bajo crecimiento de la economía, principalmente, dibujan un horizonte poco prometedor para el país.

Analistas advierten que hay emergencia fiscal y que las medidas para evitar que el país caiga en default deben aplicarse ahora, porque el tictac del reloj no se detiene.

La alarma ha cobrado intensidad debido a que del año 2008 a 2012 la deuda pública —incluyendo pensiones— subió 15,6 %, al pasar de tener una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de 40,9 % a un 56,7 % el año pasado y se sigue contando. De ese modo, la deuda acumulada desde 2009 hasta el año pasado es de US$3.143,2 millones, llegando a los US$13.422 millones a junio pasado.

A dicho mes ya ronda el 53,8 % del PIB, según las últimas cifras reveladas por el ministerio de Hacienda.

El Salvador ya tiene una perspectiva negativa de parte de dos de las principales firmas dedicadas evaluar el riesgo de los países. La más reciente degradación la hizo Fitch Ratings a mediados de julio de este año, cuando la nota pasó de BB a BB- conservando la perspectiva negativa debido al “sostenidamente bajo desempeño macroeconómico en relación a sus pares y el prolongado y alto déficit fiscal”.

El año 2009 fue un parteaguas en las finanzas salvadoreñas: ese año la deuda se disparó por 10 puntos, hubo transición de una gestión presidencial a otra y los efectos de la debacle tocaron fuertemente a la economía.

Al poner en perspectiva el monto acumulado en cuatro años de deuda este equivale al 74,7 % del presupuesto votado para 2012, un 13 % del PIB y el equivalente a la asignación en inversión pública del gobierno para los próximos cuatro años, si se toma como parámetro lo que se destinó en 2012.

La mayor presión en las cuentas por pagar la hace el sistema previsional, para muchos insostenible porque las pensiones del anterior sistema son pagadas con dinero del Estado.

“Si la deuda se observa sin pensiones en 2012 con relación al PIB es cercana a un 47,4 %, es decir, bastante por debajo del endeudamiento incluyéndolas”, señala el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

Como si no fuera suficiente, el déficit fiscal desde 2008 a 2012 suma US$4.495,2 millones, tocando su punto más alto en 2009.

En un sentido contrario, la recaudación tributaria mejoró, principalmente, en los últimos cuatro años gracias a dos reformas fiscales ejecutadas por este gobierno. La carga tributaria pasó de un 13,7% en 2009 a un 15,5 % en 2012. La proyección para 2013 es que llegue al 15,9 % del PIB. Eso implica que el Estado vio entrar a sus arcas US$849,4 millones más de 2009 a 2012.

Si los ingresos han sido mayores, ¿por qué El Salvador se ha endeudado más y cierra año con año con déficit?

Más números rojos. Incrementar la carga no es suficiente para salvar las finanzas. La falta de un crecimiento económico sostenible es, a juicio de economistas y del mismo gobierno, la razón por la cual la deuda presiona más. Porque un país que no contiene la deuda y muestra débil crecimiento difícilmente podrá encontrar un punto de equilibrio, aseguran los expertos.

En la última década, el mayor crecimiento del PIB se registró en 2007 con un 3,9 %. Pero en los últimos cuatro años la recuperación (luego de caer en 3,1 % en 2009) no llega.

El año pasado el crecimiento del PIB fue de apenas un 1,3% enterrando por completo la proyección oficial, que era del 2,5%. La meta para este año ronda el 2,3%, muy por debajo de las proyecciones de los otros países de la región.

Pero las deprimentes tasas de crecimiento han sido solo la punta del iceberg que ha dejado en evidencia debilidades profundas en la economía salvadoreña agudizadas en los últimos cuatro años.

El creciente gasto corriente en 2012 alcanzó una proporción del 18,9% del PIB, y está destinado principalmente a las remuneraciones (8,6% del PIB) y los programas sociales y subsidios (2,4% del PIB, entre ambos).

Estos son los puntos que hacen crecer el déficit fiscal y acercar un panorama de insostenibilidad financiera a mediano plazo, posiblemente en 2017, como esboza en un escenario pasivo elaborado por el Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal (GTSF), conformado por tanques de pensamiento y la academia salvadoreña.

Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico (Funde), se remonta a 2009, en medio de la explosión financiera que hizo sucumbir a Estados Unidos y justo cuando El Salvador experimentaba la alternancia política después de 20 años de gobiernos de derecha. Entonces, la gestión de Mauricio Funes, del FMLN, agregó a la carga varios programas de gran impacto popular, como el Paquete Escolar y Comunidades Solidarias. En total, la inversión de tres años en estos programas sociales asciende a US$454,6 millones.

Sobre los subsidios, pese a que se han hecho esfuerzos por focalizarlos —en especial el del gas licuado—, en 2012 Hacienda erogó US$400,6 millones.

“¿Pero cuánto podrían aguantar las finanzas del país con un paquete de programas sociales?”, plantea el investigador, y sigue “quizá en eso le hizo falta a este gobierno poner atención más en la parte económica, porque está bien invertir en lo social, pero quizá debieron ver que no iba a ser posible abordar todos los programas. Debieron priorizar”. A ello hay que agregar que la gestión Funes planea dejar una ley que obligue a futuros gobiernos a sostener los programas sociales.

Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), explica que en el escenario pasivo planteado por el grupo técnico, del cual también es parte, “si el actual Gobierno que está a punto de terminar su período o el que vendrá no toma medidas urgentes para corregir la indisciplina fiscal llegará la insostenibilidad a la vuelta del año 2017”. Es decir, que el Gobierno ya no podría honrar sus deudas con los otros inversionistas internacionales y con los proveedores, y, por tanto, imposibilitaría el funcionamiento del aparato público.

En dicho escenario, el país llegaría a tener una deuda del 68,8 % del PIB en 2017, por eso el GTSF plantea como urgente recortar gastos, lograr acuerdos amplios como un pacto fiscal para reducir el déficit y fortalecer el escenario macroeconómico con un plan eficiente en el mediano plazo.

Rodríguez de Funde, urge a tomar medidas: “Aún no hemos llegado a un punto irreversible, pero ya vamos hacia eso”.

Cáceres, de Hacienda, invalida de tajo dicho escenario dudando de su argumento técnico y asegura que el país “nunca llegará a la insostenibilidad”. El Gobierno también se ha planteado un escenario pasivo en el que, contrario al del GTSF, donde El Salvador llegaría a niveles de deuda de 65.5 % en 2020, un déficit del 4 % y sin variación en el crecimiento económico.

A la inversa, un escenario activo sería posible si el PIB potencial mejorara de un 2,3% a un 3%, la inversión privada se duplicara y llegara al 25% del PIB y la carga tributaria debería avanzar a un 17,5 % mediante nuevos impuestos como: a las transacciones bancarias, a las propiedades y eliminar las exenciones de renta a las imprentas y libros, señala el ministro de Hacienda.

Pero si el crecimiento económico no es posible, explica Cáceres, para encontrar un punto de equilibrio se deberá “aumentar la carga a un 17,5% del PIB para ponernos al promedio de América Latina”.

Consecuencias. La creciente deuda y el incumplimiento con las metas fiscales hizo que El Salvador perdiera la continuidad del Stand-By Agreemen (SBA) con el Fondo Monetario Internacional, y que ponía a disposición del gobierno US$750 millones en caso de que el país los necesitara, además de servir de garantía para obtener créditos con los organismos internacionales.

La calificación de riesgo del país, asimismo, está sufriendo las consecuencias de un descontrol en las finanzas públicas.

El Salvador ya tiene una perspectiva negativa de parte de dos de las principales firmas dedicadas evaluar el riesgo de los países. La más reciente degradación la hizo Fitch Ratings a mediados de julio de este año, cuando la nota pasó de BB a BB- conservando la perspectiva negativa debido al “sostenidamente bajo desempeño macroeconómico en relación a sus pares y el prolongado y alto déficit fiscal”.

Joydeep Mukherji, analista de Standard & Poor´s (S&P), plantea que lo que más le preocupa a la agencia es “la debilidad de la economía” del país y su capacidad para cerrar la brecha entre la deuda y el déficit.

Por ahora, S&P ha dado la calificación de BB- con perspectiva negativa al país, la última revisión la hizo en diciembre del año pasado. Sin embargo, Mukherji explica que el seguimiento que observa la dinámica de El Salvador continúa, y de no resolver su principal reto, que es el crecimiento, la calificación de país “podría sufrir”.

Actualmente, la única calificación con perspectiva estable es la otorgada por Moody´s el año pasado. La agencia dio la calificación de Ba3 en noviembre pasado y aunque le bajó un escalón desde Ba2, la perspectiva fue estable.

Sarah Glendon, analista de Moody´s para El Salvador, explica que en ese momento la agencia valoró positivamente el acuerdo de sostenibilidad fiscal entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo; además, esperaba que con este pudiera cumplir las metas fiscales y continuar con el SBA del FMI. Glendon comenta que por ahora se encuentran atentos a las medidas y a la rapidez de implementación de estas en el área fiscal, que es lo que podría afectar la calificación de forma positiva o negativa.

Entre las advertencias de los economistas y las medidas que anuncian las autoridades, el margen de maniobra se reduce y la presión no se detiene.