Brasilia, EFE. El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, dijo que el gobierno estudia un recorte de unos 15.000 millones de reales (US$6.810 millones) para equilibrar las cuentas oficiales y garantizar el superávit fiscal este año.

Mantega explicó que esa decisión ha sido tomada, entre otras cosas, por la necesidad de dar respuesta a muchas de las demandas de las protestas que tomaron las calles del país, que implicaron una reducción de tributos en algunas áreas, como el transporte público.

"No habrá recortes ni en las inversiones ni en los servicios sociales del Estado", garantizó el ministro en una entrevista con el canal de televisión Globo.

Según Mantega, la medida afectará a servicios contratados por el Estado, viajes de funcionarios y otro tipo de gastos considerados "no prioritarios" y persigue garantizar la meta de cerrar 2013 con un superávit primario equivalente al 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Mantega explicó que el monto definitivo del recorte deberá ser anunciado la semana próxima y dijo que "será suficiente para dar equilibrio" a las cuentas fiscales, aunque no descartó que antes de fin de año sean adoptadas otras medidas similares.

"Estaremos vigilando el estado de las cuentas y, si fueran necesarios otros recortes, se decidirá oportunamente", explicó.

La revisión del presupuesto ha sido decidida, en parte, para compensar la eliminación de algunos tributos y gastos adicionales derivados de la respuesta que el Gobierno ha dado a las masivas protestas que tomaron las calles del país durante el pasado junio.

Según cálculos de economistas del sector privado, las diversas medidas adoptadas para atender las demandas de las manifestaciones, que lograron anular el encarecimiento del transporte público compensado con una reducción de tributos, le costarán al Estado cerca de 50.000 millones de reales (unos US$22.700 millones).

Esas decisiones se han sumado a una política de desgravación tributaria en favor de diversos sectores, como el de alimentos, que el Gobierno adelanta desde el año pasado para controlar la inflación y que ya representaron una reducción de ingresos fiscales por unos 60.000 millones de reales (US$27.270 millones).