La crítica situación financiera de la administración pública hondureña frena la ejecución del programa de inversión pública. Así lo reconoce la Secretaría de Finanzas (Sefin) en un informe que revela el comportamiento observado por los 228 programas y proyectos contemplados por la administración central y las instituciones descentralizadas para 2013. El presupuesto vigente del programa de inversión pública asciende a 18.370,7 millones de lempiras (US$883M), sin embargo, lo ejecutado al primer semestre de este año apenas es de 6.069,9 millones (US$288,6M), equivalente al 33%.

De acuerdo con el informe oficial, los resultados de enero a junio de 2013 son aceptables si se compara con los niveles de ejecución del segundo trimestre del año 2012 (26,7%).

Obstáculos. El informe sobre el comportamiento de la inversión pública durante el primer semestre de 2013 revela preocupantes hallazgos. “Durante la ejecución de programas y proyectos, se presentan una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta”, sostiene el informe divulgado por Sefin. Entre los principales problemas identificados destacan limitantes en el flujo de caja de la Tesorería General de la República (TGR) para hacer frente a obligaciones pendientes de pago. No obstante, la administración pública ha diseñado como instrumento de pago la Nota de Crédito Fiscal (Decreto 26-2013), aplicable al Impuesto sobre la Renta y/o cuenta a cargo del contratista, y aplicable en la fecha de vencimiento de la misma.Uno de los ejemplos en donde se evidencia la iliquidez que atraviesan las finanzas públicas es la deuda de Soptravi (226 millones de lempiras) y el Fondo Vial (118,9 millones) con contratistas y proveedores, las que suman 344,9 millones.

Otras limitantes son la falta de asignación de fondos de contraparte para convenios de crédito entre el gobierno de Honduras y organismos financiadores. A lo anterior se agrega contrataciones de obras sin respaldo presupuestario, en el caso de proyectos de infraestructura, generando deuda con empresas, supervisores y contratistas.