Los cubanos continúan discutiendo en los centros laborales un nuevo Código del Trabajo que después deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Las autoridades esperan que unos 3,5 millones de trabajadores estatales y no estatales participen en el debate público que se extenderá hasta octubre próximo para hacer las modificaciones pertinentes a la propuesta de anteproyecto de ley.

Los cambios a la legislación buscan proteger a los cuentapropistas, como se llama en la isla a quienes trabajan fuera del área estatal, un sector que agrupa a más de 400.000 cubanos luego del proceso de actualización del modelo económico que impulsa el presidente Raúl Castro.

En las reuniones que se realizan en los centros laborales no se votan los planteamientos y sugerencias, sino que se compilan todas, incluidas las preocupaciones que sean expresadas, para evaluarse con posterioridad por comisiones de especialistas creadas al efecto.

El diario oficial "Granma" dio cuenta de una asamblea de la Empresa de Proyectos de Obras de Arquitectura e Ingeniería (Emproy-2), en La Habana, una de las primeras celebradas dentro del amplio proceso que se extenderá hasta el venidero 15 de octubre.

El rotativo señaló que en la reunión el horario y la jornada laboral, uno de los cambios planteados que conlleva flexibilizarla, pudiéndola establecer entre 40 y 44 horas, dio paso a un análisis que incorporó otros temas como el salario, los sistemas de pago, la escala salarial, las tarifas horarias.

La terminación del contrato a solicitud del trabajador, y los hasta cuatro meses establecidos como pre-aviso para solicitar el traslado o baja en el caso de los profesionales, considerado por varios como mucho tiempo, originó diversas argumentaciones y una propuesta de reducirlo a 60 días.

Un joven informático, Adrián Pernus, se refirió a las oportunidades para los más jóvenes profesionales, técnicos y estudiantes en materia de contrato, jornadas parciales, servicio social, ubicación, temas que propiciaron disímiles puntos de vista y la necesidad impostergable de una mayor vinculación de las empresas con las universidades.

Este masivo intercambio popular evidencia, una vez más, la democracia revolucionaria presente en la actividad legislativa, afirmó días atrás Granma al referirse a la consulta.

En una sesión parlamentaria, en diciembre pasado, el presidente Castro señaló que el nuevo Código actualiza las políticas laborales y los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, tanto estatales como no estatales.

Un acuerdo adoptado por el parlamento facultó a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, así como a la de Asuntos Económicos, para organizar y controlar el proceso de consulta, de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Hace unos meses, la presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular, Vivian Aguilar, dijo a la prensa local que en el Código vigente, algunas de sus regulaciones aún mantienen vigencia, pero otras se han modificado porque los derechos laborales en el sector estatal también son inherentes a los empleados privados.

Los derechos laborales, considerados fundamentales por la Organización Internacional del Trabajo, de los que laboran en el sector estatal también son inherentes a los cuentapropistas, afirmó Aguilar.

La jurista mencionó entre esos derechos el salario de conformidad con la cantidad y calidad del trabajo, el descanso, y la protección por la seguridad social en casos de accidente o alguna enfermedad.

Aguilar señaló que hasta el momento los conflictos o reclamaciones de los privados no han sido significativos y no hay previsión de que se produzca un despegue de reclamaciones de estos trabajadores en los tribunales.

De acuerdo con cifras oficiales, en la actualidad más de 400.000 cubanos ejercen algunas de las más de 180 actividades privadas permitidas por el gobierno, que elimina puestos de trabajo en el sector público, como parte de un plan para aligerar las plantillas estatales que constituye una parte del actual programa de actualización del modelo económico de la isla.

Durante 2011, unos 140.000 empleos estatales fueron cerrados en una primera etapa del reordenamiento laboral que impulsa el presidente Castro, quien además promueve la ampliación del trabajo privado.

El plan gubernamental prevé eliminar de manera progresiva hasta 2015 a medio millón de empleos en el área estatal, según la CTC.

El reordenamiento también busca modificar la estructura laboral del país, donde el mayor porcentaje de la fuerza de trabajo está ocupada en el sector de los servicios y no en la esfera productiva.

El gobierno prevé que el aporte del sector no estatal al Producto Interno Bruto (PIB) de la isla crezca hasta alcanzar casi 50% en los próximos cinco años como parte del proceso de actualización del modelo económico hoy en marcha.