El Estado peruano enfrenta el dilema de pagar o no a los afectados por la expropiación de tierras, luego de más de cuatro décadas de la reforma agraria que implantó el régimen militar peruano encabezado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968.

El fallo del Tribunal Constitucional del pasado 16 de julio dio un plazo de seis meses al gobierno del presidente Ollanta Humala para reglamentar el pago de esta deuda con los antiguos propietarios de grandes extensiones de tierras.

Según los cálculos de las autoridades peruanas, durante el régimen militar peruano las autoridades de este país expropiaron cerca de 15.000 haciendas y fundos en todo el territorio peruano y fueron entregados a los campesinos sin tierras.

Miles de estos propietaros recibieron de parte del Estado peruano bonos por el valor de sus tierras apropiadas y en su momento no ocasionaron ningún problema, sin embargo con el correr de los años, algunos de estos documentos refrendados legalmente fueron vendidos a inversionistas y bancos locales e internacionales.

Ahora, la mayoría de los poseedores de estos bonos, como el Banco de Crédito de Perú y el fondo estadounidense de cobertura Gramercy, presionan a este país para hacer efectivos estos documentos valorizados muy por encima de sus precios originales.

Frente a esta situación, las voces a favor y en contra del pago de esta deuda histórica por la reforma agraria implementada por el régimen militar han provocado desencuentros entre políticos, congresistas y representantes de la sociedad civil.

Para el economista Miguel Santillana, la compra de estos bonos por parte de estas instituciones financieras es legal y no representan ninguna actitud dolosa, como lo han dado a entender algunos personajes de la sociedad peruana, que rechazan ese pago.

"Todas esas personas que hablan de mafias de gente que ha comprado los bonos debo recordar que esto es totalmente legal, puesto que el gobierno militar dio un decreto que decía que los bonos eran de libre transferencia", puntualizó.

Para el presidente de la comisión de Constitución del Congreso peruano, Santiago Gastañadui, los principales tenedores de bonos son especuladores y buscan beneficiarse con este pago, el cual tendrá que hacer en algún momento el Estado.

Según el legislador peruano, las corporaciones financieras adquirieron los mencionados certificados de deuda interna de manos de los ex terratenientes o sus descendientes a menos de 10 o 20% de su valor original.

Conocedor de las implicanciones de este antiguo problema heredado por el Estado peruano, el presidente Humala advirtió al citado tribunal, antes de que emitiera el fallo, que se abstuviera de tratar este tema porque sus integrantes se encontraban a punto de culminar sus funciones.

La opinión del mandatario peruano también llevaba implícito las preocupaciones sobre las consecuencias financieras de este pago millonario, sin contar los efectos políticos y jurídicos que después desató.

El fallo del Tribunal Constitucional subrayó que el pago debe hacerse de acuerdo a la prioridad, primero los tenedores de los bonos originales (propietarios o herederos), después a las personas jurídicas (empresas) y finalmente a los compradores financieros.

La primera sentencia del máximo tribunal constitucional de Perú se hizo público el 15 de marzo de 2001, sin embargo no se tomó en cuenta entonces esta medida jurídica por diversas razones de índole política.

Ahora, doce años después, vuelve la polémica y el Tribunal Constitucional, ante la presión de los acreedores de estos bonos volvió a emitir otro fallo que atiza nuevamente la polémica y abre heridas aún no cerradas.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, reaccionó con preocupación por este polémico fallo, al cuestionar la decisión de los magistrados.

De acuerdo con los cálculos del ministerio de Economía, el pago de esta deuda puede representar poco más de US$4.000 millones, lo cual obligará al Estado peruano a hacer algunos ajustes al presupuesto fiscal de este país.

Castilla afirmó que un eventual pago a los tenedores de los bonos tendrá serias consecuencias en el presupuesto nacional, ya que representará un incremento en los US$8.912 millones destinados a los servicios de la deuda pública de este año.

Los analistas económicos estiman que el porcentaje de pago a los tenedores de los bonos de la reforma agraria representa alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB) y poco menos del 7% en relación a la inversión pública.

Al respecto, el representante de la Asociación de Afectados de la Reforma Agraria, Alfonso Chunga, manifestó su optimismo por la resolución del fallo emitido por el Tribunal Constitucional a favor del pago a los tenedores de los bonos.

Pese a esta decisión favorable, el dirigente sostuvo que tiene un sentimiento encontrado debido a la forma de pago ordenado por el tribunal que estableció la aplicación del interés estadounidense a esta deuda, considerado uno de los más bajos del mundo.

Las estimaciones más pesimistas de algunos tenedores de bonos particulares, herederos de los antiguos propietarios, consideran que con la aplicación del interés estadounidense sólo cobrarían alrededor de US$400 millones.

Para los detractores, este pago no se debe hacer porque la deuda ya prescribió en las cuatro décadas que transcurrió, desde el proceso de expropiación, mediante la reforma agraria, aplicado contra los grandes propietarios de tierras durante el régimen militar que gobernó Perú de 1968 a 1979.