La preparación del presupuesto 2014 está cimentada sobre los resultados de ingresos fiscales 2013 y sobre la expectativa de una mayor actividad económica, según el ministerio de Hacienda.

Carlos Cáceres, titular de esa cartera de Estado, denunció que el análisis de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre el anteproyecto de presupuesto es “parcial”.

Fusades observó a inicios de esta semana que el Ejecutivo no ha sustentado el aumento en los ingresos fiscales, ni la reducción en gastos como subsidios. Según Carolina Alas, analista de la fundación, sin estas explicaciones se puede caer en una inconstitucionalidad. La fundación citó proyectos anteriores de presupuesto, para ilustrar que el resultado de la ejecución se aleja de las metas establecidas de gastos e ingresos.

En ese sentido, Cáceres argumentó que la meta de 2014 está en línea con el desempeño 2013. Este año se observa una reducción de US$170 millones en la recaudación de tributos y otras fuentes, en comparación con lo que se había previsto desde 2012. Así, para el presupuesto 2014 ya se ha tomado en cuenta que la meta no se alcanzó y se prevén ingresos por US$4.235 millones. El aumento sería de US$333,1 millones, respecto del cierre 2013.

El funcionario agregó que el próximo año se concesionará el puerto de La Unión, comenzarán los primeros Asocios Público-Privados y es posible que se comiencen a desarrollar las iniciativas incluidas en el FOMILENIO II y que eso favorecerá la expectativa de crecer un 2,6% (incluida en el presupuesto general). Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de esos proyectos está listo para ejecutarse.

Sobre los gastos

“Los problemas estructurales del presupuesto vienen desde los años noventa: los gastos corrientes siempre han sido mayores y ya lo he señalado”, reclamó Cáceres.

Hacienda destaca que para los problemas de gastos imprevistos no existe una política de ingresos, sino una de financiamiento. En lugar de buscar más recursos propios, la opción inmediata ha sido llenar los vacíos con deuda.

Uno de los casos que refleja esta falta de política de ingresos son las devoluciones de impuestos. Año con año, el Gobierno reintegra entre $200 millones y $250 millones a los empresarios por diferentes tributos, como un apoyo económico. Pero las devoluciones no están incluidas en el presupuesto y para efectuarlas el Gobierno acude a la deuda flotante.

Para comenzar a solucionar este problema, Cáceres indicó que han incluido en la Ley de Responsabilidad Fiscal una nueva fuente de ingresos para las devoluciones, pero que los resultados se observarían en un período de entre tres y cinco años.

La misma propuesta de ley contempla que cuando se haya resuelto el problema de pagar las devoluciones, comenzará una reducción en el máximo de deuda flotante o de corto plazo que puede adquirir Hacienda.