A fines de agosto la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de primera instancia que obligaba a Argentina a pagar el 100% (US$1.300 millones más intereses) de lo que reclamaba un grupo de holdouts (NML, Aurelius y Blue Angel).

Con esta decisión judicial, a Argentina sólo le queda que la Corte Suprema trate el asunto. El gobierno argentino, que como ha dicho la presidenta se ha convertido durante la llamada década ganada en un “pagador serial”, empezó a dar señales: primero y en tiempo récor reabrió el canje de la deuda, convirtiéndose por amplia mayoría en ley del Congreso, y enseguida los abogados de Argentina en Nueva York solicitaron que el máximo tribunal tratara el fallo por tratarse de un “asunto crítico” para la Casa Blanca.

Por lo pronto, los especialistas aventuran tres posibles escenarios, que van desde la reafirmación de la conducta argentina en materia de política de desendeudamiento hasta el default a la vuelta de la esquina, pasando claro está por un cuestionamiento a la justicia estadounidense.

No habrá consecuencias. Gustavo Genoni, economista que actuó como testigo experto en el juicio por la reestructuración del 2001 de la deuda pública argentina, está convencido de que el carácter excepcional del fallo contra Argentina y del caso argentino salvan de que se convierta en un precedente para cualquiera otra reestructuración de deuda. A juicio de este experto, el problema del precedente “le permitiría a un juez de primera instancia del circuito de quiebras de New York, desconocer los términos de cualquier reestructuración soberana de deuda emitida bajo la leyes de ese estado, haciendo prácticamente imposible salir de la banca rota a estados nacionales, federales o municipales en esa condición”. Por eso la pregunta de ¿qué acreedor accedería a una quita cuando cualquier juez puede luego fallar excepcionalmente más tarde? es algo que protege no sólo a Argentina, sino a cualquier otro estado que haya negociado su deuda.

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En particular, el fallo adverso para Argentina podría implicar que además de pagar a los acreedores minoritarios (el 7% de los acreedores), “que no aceptaron los términos de la refinanciación hace una década de acuerdo a las condiciones iniciales”, deba pagar a los acreedores que sí aceptaron esos términos y a los cuales Argentina está pagando, porque podrían “reclamar el 100% de la deuda original”. Se estaría ante la misma situación a las condiciones previas a la restructuración: “Bajo esos términos, Argentina no podría cumplir con unos ni con otros. Los pagos a todos los tenedores de bonos (o al menos a aquéllos que cobren en el exterior, en donde los fondos argentinos son embargables) se suspenderán hasta noviembre 2014, cuando los términos de la restructuración ya no puedan ser protestados por aquellos que sí aceptaron”. Según Genoni, pese a lo que se pudiera creer, esto no perjudica en nada a Argentina, porque “ya está privada de todos los beneficios que un buen deudor podría tener. Aun más, el fallo justificaría políticamente una posición de no pagar a ninguno de los acreedores privados, dada la imposibilidad de cumplir con todos”. Este experto en reestructuración de deuda pública cree que esta paradoja frenaría “los pagos hasta al menos poder establecer qué acreedores tienen prioridad sobre qué dinero, un principio que la propia ley americana reconoce bajo el mecanismo llamado ‘Automatic Stay’”. En otras palabras, los fallos del juez Griesa y de la Cámara de Apelaciones de Nueva York finalmente le estarían dando a Argentina la oportunidad de postergar los pagos de la deuda, “hacerse de algo de caja para los dos años de gobierno que le quedan a la Presidenta Fernández y todo esto, sin sacrificar nada”. Mientras tanto la situación del país no cambiaría: seguiría sin acceder a los mercados internacionales de crédito y tampoco recibiría una significativa inversión extranjera.

Justicia soberana. Fernanda Vallejos, integrante de la agrupación de economistas La Gran Makro, cree que en esto hay una controversia que no ha sido abordada lo suficiente, porque la justicia americana está teniendo una mirada impropia al intervenir en otra justicia soberana. En este sentido “el fallo de la Cámara de Apelaciones no tiene implicancias reales para la Argentina, básicamente porque no tiene ejecutabilidad”. Yendo al fallo, Vallejos más que una sólida argumentación jurídica o económica, encuentra reproducciones de la prensa estadounidense favorables a los fondos buitre, como el hecho de que Argentina sea un “deudor recalcitrante”. Los jueces desconocen a su juicio “la conducta inquebrantable que la Argentina ha sostenido año a año respecto del cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos de deuda”. La reapertura del canje aprobado por el Congreso reafirma esa conducta y “constituye un mensaje político hacia la justicia norteamericana, desarticulando ese manto de duda de que la Cámara con su fallo pretendió echar sobre la voluntad de pago del país”. Pero esta voluntad de pago –más allá de que los fondos buitre que reclaman ante la justicia de Estados Unidos sea “una minoría de especuladores”, desprestigiados a nivel internacional– será “en igualdad de condiciones a ese 7% que no ingresó a los canjes de 2005 y 2010 con respecto a la inmensa mayoría de 93% que sí ingresó”.

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Para esta economista lo que realmente se está jugando es “la posibilidad de que otros países pudieran tomar el ejemplo de Argentina, del camino del desendeudamiento y la recuperación de la soberanía”. Según Vallejos, hay sectores de las finanzas internacionales, poderes fácticos, con enormes intereses económicos y políticos puestos en el negocio de la deuda soberana, “en el endeudamiento perpetuo y, por ende, el sometimiento, también perpetuo, de los países”. Por eso lamenta que mientras voces de destacados economistas internacionales señalan lo tendencioso del fallo, haya compatriotas “que, más allá de estar en las antípodas del pensamiento de este gobierno, puedan salir a defender a estos fondos de inversión, carroñeros de las finanzas internacionales, sin siquiera sonrojarse”.

Posible default. A Claudio Lozano, economista preferido del papa Francisco y candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, le preocupa no sólo el fallo, sino también la reapertura del canje, porque señala que ha habido una cantidad de irregularidades en los anteriores canjes, como la emisión de bonos de manera inconstitucional o funcionarios involucrados en hechos ilícitos. Pero primero, para Lozano, los números de la deuda no cuadran: “El absurdo del gobierno es haber pagado US$177.000 millones por una deuda de US$140.000 millones y tener pendiente por pagar casi US$200.000 millones y más encina, como si esto fuera poco, estar demandados”. Advierte que de no hacer una auditoría que permita ver tanto la cantidad como la legitimidad de lo que se debe, “cualquier quita de deuda será transformada en una excusa para apretar al país”, porque además quienes están demandando a Argentina no son los tenedores originales de los bonos de la deuda, sino quienes compraron a precio vil para obtener un rendimiento del 1300%.

Para Lozano la estrategia del gobierno ha sido un fracaso total y “ha sido de un grado de irresponsabilidad absoluto, atándonos de pies y manos, y colocándonos en un escenario de default. Porque si la Corte Suprema valida los fallos, el escenario de default es inmediato”. Su preocupación se explica porque detrás de los US$1.300 millones que habría que pagar a estos holdouts hay otros US$11.500 millones y detrás de esa cantidad la deuda tomada por la dictadura. Por eso piensa que el tema del desendeudamiento, uno de los grandes caballitos de batalla del modelo económico del kirchnerismo, y que se pensaba que estaba resuelto, “sigue pendiente”.