Una profunda auditoría realizará el Gobierno electo paraguayo en todos los ministerios y secretarías del Estado con el propósito de clarificar el manejo de todos los recursos públicos, explicó este sábado a ABC de Paraguay, Germán Rojas, candidato a ocupar el cargo de ministro de Hacienda desde el próximo 15 de agosto, lugar aún ocupado por Manuel Ferreira Brusquetti.

La preocupación que genera la situación real de las arcas del Estado, que aparentemente están desfondadas, se administra con mucho cautela y transparencia para evitar incidencias sobre la colocación de los bonos del Tesoro, en una coyuntura en que el mundo mira al Paraguay, explicó el miembro del equipo de transición de Horaco Cartes.

La antena del mundo está instalada sobre Paraguay, por lo que todos estos conceptos, tan desagradables como las recaudaciones aduaneras, las deudas consideradas ilegales de Bivac y SGS, “manejamos con mucha transparencia y cuidado para que el inversionista extranjero nos considere como un país serio, porque las cuentas, tarde o temprano, se terminan pagando”, añadió.

A Rojas le llama mucho la atención el desajuste en las recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), visto el incremento de las importaciones y la cotización del dólar. Aumentaron 15% las importaciones y subió la cotización del dólar, pero la diferencia no se reflejó en los ingresos del Estado, según el entrevistado.

Otro factor que acentúa el desconcierto se relaciona con las ampliaciones presupuestarias sin disponibilidad de recursos y que impactan en el déficit fiscal.

Rojas observa que la administración de Federico Franco entró en un proceso de fabricación de ampliaciones, a las que considera virtuales pero que, finalmente, se convierten en obligaciones de ley.

Caso Bivac y SGS. Se refirió a las supuestas deudas reclamadas por las firmas internacionales Bivac y SGS, que los gobiernos anteriores no pagaron porque hubo dudas acerca de la legalidad de los contratos y, por tanto, sobre la legitimidad de los compromisos.

“Estamos obligados a pagar estos US$50 millones más porque nadie quiso hacerse cargo o quizás porque no fueron satisfechos requerimientos de coimas que pidieron para poder facilitar el pago”, expresó.

Rojas valoró la predisposición del negociador de Bivac que vino, porque “teniendo prácticamente encima una sentencia de muerte –tiene cáncer–, pospuso una operación quirúrgica para sentarse a conversar con nosotros”, dijo.

De US$77 millones que se reclamaba y, con una demanda judicial presentada en nuestro Poder Judicial, la proyección mínima que tenía Bivac como resultado era de US$35 millones en diez años, mientras que los negociadores del Gobierno consiguieron US$21,5 millones, lo mejor que se pudo hacer, explicó.

El Gobierno, mediante un proceso de mediación, acordó el pasado jueves con Bivac (Bureau Veritas, Inspection, Valuation, Assessment and Control) abonar la suma de US$21,5 millones, de los US$76 millones que demanda la empresa.

El mismo proceso de negociación se iniciará con SGS (Société Générale de Surveillance SA), considerando que reclama más de US$58 millones.

Bivac y SGS fueron contratadas en 1996, mediante decreto firmado por el entonces presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y su ministro de Hacienda, Orlando Bareiro, en tanto era director de Aduanas, Rubén Fadlala.

Desgastante. “Para mí todo esto es desgastante, porque si voy a entrar en la función pública el día de mañana, la gente me puede decir que me inauguré con una coima, y no me gustaría proyectar esa imagen”, acotó.

Se soltó la cadena de coima. Germán Rojas considera que en la deuda de Bivac se dejó de pagar porque se soltó la cadena de coima. “Eso fue lo que pasó”, indicó.

La coima, generalmente, viene en formato de comisión que un funcionario lo puede transformar, dependiendo de su fidelidad o altura moral, y plantear que, en vez de pagar, se convierta en un descuento de la deuda reclamada.

“Esta es la última oportunidad que tenemos de hacer bien las cosas porque después será difícil”.