La confianza es central en toda transacción comercial, especialmente para los proyectos de largo plazo. La calidad del Gobierno Corporativo puede ser vista como la garantía de esa confianza. Las normas, procesos y patrones de conducta que dan forma a un buen gobierno no son sustitutos de la honestidad y competencia de los trabajadores y ejecutivos de una compañía. Tampoco son, por sí mismos, suficientes para asegurar un buen desempeño económico.

Pero su existencia resulta fundamental para que los inversionistas -o contribuyentes en caso de las firmas del Estado- puedan tener mayor seguridad en la información y decisiones que emanen de las juntas de accionistas, directorios o ejecutivos de la empresa. Así como la calidad de los activos determina la calidad de un préstamo en un portafolio bancario, la calidad del Gobierno Corporativo guarda relación con la credibilidad de las instituciones.

La entrada de Chile a la OCDE significó un esfuerzo importante, particularmente la aprobación en el Parlamento de proyectos de ley relacionados con el tema de gobierno societario, tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, aún resta mucho por avanzar.

La OCDE determina estándares en diversas áreas del quehacer económico, los que son evaluados por equipos de especialistas, lo que hace que los países tengan que mejorar permanentemente el cumplimiento de dichos parámetros. En otras palabras, se crea un círculo virtuoso que induce a las mejores prácticas.

Chile tiene enorme espacio por avanzar en estas materias. La entrada a la OCDE significará acelerar este proceso, al menos desde la perspectiva de las empresas del Estado. En efecto, un paso importante ha sido la nueva legislación referente al Gobierno Corporativo de Codelco que, entre otras materias, establece que 4 de 9 directores deberán ser independientes, el resto será designado por el Presidente de la República a proposición del Consejo de la Alta Dirección Pública. Esto implica que se ha introducido un nuevo elemento relevante en el ámbito del gobierno de estas empresas.

Dicho precedente debiera ser también decisivo para reorganizar el Sistema de Empresas Públicas (SEP), la instancia del Estado a cargo de la gestión de estas organizaciones, y las propias compañías que aún pertenecen al fisco como Enap, BancoEstado y Enami.

Un elemento central en las recomendaciones de la OCDE es la separación de los distintos roles del Estado: empresario, regulador y hacedor de política. Es precisamente este punto el que hace incompatible el ser ministro y director de estas compañías; esta circunstancia facilita la confusión de funciones y dificulta la resolución de potenciales conflictos de interés.

Un ejemplo patente de lo anterior ha sido la última negociación colectiva de Codelco, donde la prisa por cerrar una negociación por parte del área política del gobierno, que se sintió empujada por la contienda electoral, dejó poco espacio para realizar una tarea eficiente a la alta administración, situación que fue prevista con anticipación por parte de los sindicatos, que actuaron bajo el escenario más favorable.

No podemos dejar de recordar que en el proceso anterior fue la intervención pública de varios ministros del área política y laboral lo que alejó la estrategia de la empresa de una línea técnicamente eficiente. Ambos casos han significado altos costos para el país. En consecuencia, es socialmente deseable y urgente separar las diversas funciones del Estado.

Conceptualmente, el tema de fondo para nuestro país es el de gobernabilidad en el sector público. Las empresas son sólo una parte de ello. También es trascendental incorporar a esta agenda otras entidades del Estado que demandan modernizar su estructura de gobierno, como hospitales públicos, servicios públicos, universidades, colegios públicos y subvencionados, etc., que son también unidades productivas donde el Estado contribuye a su financiamiento y, en la mayor parte de los casos, tiene limitados derechos de control.

Estoy seguro de que hay un amplio campo de eficiencia por ganar si este tema se toma cabalmente y como prioritario en la agenda del país. Instalar en estas entidades una estructura de gobierno moderna mejorará la eficiencia de largo plazo y, por tanto, va a liberar recursos para los usos alternativos que disponga la sociedad. Desde este punto de vista, la entrada de Chile a la OCDE es una gran oportunidad para el país.