Un marido muy estricto y convencional regresa de sorpresa a su hogar y encuentra a su mujer en un amable cuerpo a cuerpo con otro hombre en el sillón. ¿Qué hace el marido? Vende el sillón. Este chiste, al parecer ya difundido en el siglo XIX, sirve de imagen para ilustrar lo que Argentina hizo, en la década del 90, como respuesta de dos estallidos hiperinflacionarios (resultado de desmanejos que provenían al menos de los años 70): convertir su Banco Central en una caja de conversión.

Se creó una nueva moneda, el peso, y se la ató al dólar por medio de una paridad fija “para siempre”. Pero así como la “venta” del sillón no resolvió los problemas de la pareja, la paridad monetaria no acabó con los problemas estructurales de la economía argentina y ésta estalló en 2001-2002.

Algunos sugirieron, entonces, vender todos los muebles de la casa: dolarizar la economía y que toda la banca operase off-shore. Por suerte la pareja recuperó algo la cordura y compró un sillón. Eso sí, le instaló una reja alrededor y, después de algunas vacilaciones, le pasó el candado a un conocido que había sido un ferviente partidario de no tener sillón alguno en sus años mozos. Y todo anduvo bien hasta que, ahora, ella le ha pedido la llave a ese conocido de confianza. ¿La razón? Como otras veces, quiere llevar a un amigo a sentarse al sillón. Nada que provocase alboroto, si no fuera porque esta vez el conocido se la ha negado, porque sospecha que el otro en realidad podría ser un amante.

La remoción por decreto del presidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, es el resultado de dos realidades de orden muy distinto: el hiperpresidencialismo vigente como sistema administrativo y el desacuerdo, dentro del sistema político en su conjunto, sobre quién tiene la potestad para determinar el uso de las reservas del Banco Central, en el marco del sistema legal de emergencia económica vigente. Sólo en tercer lugar están las lecturas, inevitablemente teñidas de intereses e ideología, sobre si pedirle al organismo rector US$6.569 millones, en vistas a crear un fondo (Fondo Bicentenario) destinado a pagar deuda externa y lograr así el regreso al mercado de deuda voluntaria a tasas no exorbitantes, es un objetivo virtuoso, consistente y sostenible de la política económica del gobierno de Cristina Kirchner.

Lamentablemente, en los análisis sobre el porqué de la crisis, los aspectos antes mencionados se entrelazan con cierta arbitrariedad, lo cual no ayuda a entender el porqué del conflicto.

De manera sucinta los análisis “mezclados” son tres:

*La lectura de la oposición de centro y centroderecha dice que el gobierno quiere ese dinero a) para evitar un inevitable ajuste del gasto fiscal, habilitando un nuevo endeudamiento externo y así, b) impulsar un fuerte crecimiento de la economía en 2010, por encima de sus posibilidades, vía consumo interno con la intención de llegar a 2011 con alguna posibilidad de mantenerse en el poder.

*La lectura de la oposición de izquierda indica que el gobierno argentino se ha visto obligado a reconocer una deuda que había repudiado, producto de la especulación financiera en los 90, lo cual es parte de un sistema que buscaría repetir lo ocurrido en los años 70: financiar con endeudamiento en países periféricos la salida de la recesión, por medio de las exportaciones de EE.UU. y Europa.

*La lectura de quienes apoyan al gobierno aduce que el Banco Central no posee una autonomía absoluta, por lo cual el Ejecutivo puede desplazar a su titular sin la autorización del Parlamento (cuya opinión es “no vinculante”, por lo tanto no obliga al Ejecutivo) si incumple sus funciones, ya que la negativa de Redrado de transferir los fondos se relaciona con su pase a la oposición, la que busca obstruir por completo la acción del gobierno. ¿Ejemplo? Antes apoyó en gran parte el pago al FMI usando también reservas, y hoy -siendo la lógica similar- se opone.

¿Qué dice Redrado? “Las reservas son de todos los argentinos y si hay que darles algún destino alternativo al respaldo de la moneda, corresponde que el tema pase por el Congreso (…) Yo no provoqué esta situación. Presenté ideas alternativas y positivas al Poder Ejecutivo, pero no fui escuchado”.

En el fondo, detrás del conflicto, se encuentra una falencia institucional muy grave de Argentina, la cual se origina en una realidad sociocultural: los partidos políticos tradicionales han desaparecido. No hay ideologías, no hay programas, no hay solidaridades generacionales, aunque haya grupos muy pequeños con alguna de estas características.

A nivel macro, simplemente operan como alianzas de cacicazgos que se alían para poner en marcha máquinas de acceso y “aferramiento” al poder, sobre la base de intereses circunstanciales o personalistas. Al acceder al control de los gobiernos municipales o federales, sus miembros pueden girar en 180 grados según sus necesidades, en tanto que las “oposiciones” pueden “venderse” también sobre la base de proyectos personales, O, por el contrario, negarse a toda transacción y diálogo en términos absolutos, impulsando -si las circunstancias lo permiten- la caída anticipada de sus rivales.

La respuesta de quienes están en el poder, dado este ambiente gelatinoso en que se ocultan no pocos cuchillos de diamante, es cohesionar al grupo gobernante en la obediencia absoluta. Cualquier vacilación o reparo que llegue a tomar estado público supone la remoción inmediata.

El gobierno de Cristina Kirchner ha llevado tal actitud al paroxismo, ya que su núcleo más pequeño sí posee un proyecto “duro”. Sin embargo, no cuenta ni con el apoyo por convicción del resto de su partido (peronista), ni ha sabido ganarse a la población. Y ahora está en minoría parcial en el Congreso. Así, pese a que Redrado ha sido un funcionario fiel y eficiente durante seis años (logró contener y derrotar varios intentos políticamente interesados de corridas cambiarias desde 2008; además de ser un actor fundamental en el fin de una fuga de capitales que se profetizó como cuasi mortal en 2009), la filtración de sus llamados a la pertinencia de evaluar si el Fondo del Bicentenario podría derivar en efectos negativos no esperados (como embargos de stakeholders), sellaron su destino.

Si bien ahora habrá una sucesión de esgrima jurídica cruzada para establecer si Cristina Kirchner violó o no la Carta Orgánica del Banco Central -una discusión interminable sobre la validez de la decisiones del directorio, sin la venia de Redrado-, a lo que se unirá un vasto debate sobre los mejores modos de garantizar la autonomía de la entidad -y a qué objetivos debe de estar atada tal autonomía-; e, incluso, podríamos vaticinar hasta una escalada con proyectos en el Congreso que apunten al juicio político de la presidenta, pero todo ello enmascarará el problema fundamental que la clase política y la élite de Argentina no ha podido resolver: cómo operar las instituciones de manera que los actores de la política y la economía no tengan incentivos fuertes para actuar de la forma destructiva como lo hacen hoy: quejándose airadamente un día del autoritarismo y, al día siguiente, de la anarquía. Más allá del modelo de sillón elegido.