El comienzo de una nueva ronda de negociación salarial estará marcado otra vez por las diferencias que mantienen las cámaras empresariales con el gobierno sobre el contenido de la ley de negociación colectiva. Lejos de que haya un acercamiento, el sector empleador sigue en pie de guerra y mantiene su queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más allá de que la última asamblea del organismo decidió no incluir a Uruguay en la lista de los casos más graves. 

Cuando el gobierno convoque para comenzar las negociaciones, los empresarios llegaran al ministerio de Trabajo para discutir los nuevos convenios bajo una norma que no legitiman. 

“No tiene sentido que en estos cuatro años no se haya modificado la ley. No tiene sentido que no se presente en el Parlamento un proyecto que cumpla con todas las recomendaciones de la OIT. No estamos en la lista, pero el problema sigue vigente y la llave para solucionarlo la tiene el gobierno. Tenemos un montón de convenios firmados con OIT. ¿Vamos a cumplir unos y otros no?”, expresó el vicepresidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, a El Observador.

En filas empresariales se entiende que la situación sigue siendo similar a lo que ocurrió en 2010 cuando se puso la ley en práctica por primera vez. Si bien el Poder Ejecutivo ha implementado algunas modificaciones, estas se consideran insuficientes porque no hubo cambios en puntos que consideran claves.

Uno de los caballos de batalla del sector empleador es la negativa del gobierno a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones. 

El tema vuelve a estar en agenda cada vez que empieza la ronda de negociación salarial porque, cuando se dilata la firma de un acuerdo es una de las herramientas que los sindicatos utilizan con frecuencia.

En 2010 la OIT había pedido al gobierno que velara por el respeto a los derechos de los empresarios y no huelguistas, pero para los empresarios eso no sucedió en la práctica porque se mantiene vigente el decreto 165/06 que reglamenta las ocupaciones y que se entiende debe ser derogado.

En el sector empleador se mantiene la percepción de que las normas laborales implementadas por el gobierno “favorecen a los sindicatos”. Ese era el pensamiento que predominaba hace cuatro años atrás cuando las cámaras concurrieron a negociar “bajo protesta”.

Para el dirigente de la CIU, Nelson Penino, la situación sigue siendo la misma y si bien las cámaras participarán de la ronda salarial como establece la ley, no se resignará la posibilidad de seguir reclamando para que haya cambios.

En medio de las diferencias planteadas entre el gobierno y los empresarios, el PIT-CNT aprovechó para lanzar otra señal de apoyo hacia el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente José Mujica.

El dirigente del sindicato de la bebida, Richard Read, manifestó que los cuestionamientos del sector empleador que volvieron a estar arriba de la mesa en la reunión de la OIT en Ginebra responden a intereses políticos.

“Tienen que decirlo, ‘queremos voltear a este gobierno, queremos un gobierno blanco y colorado como había antes que vivíamos bárbaro, que no había Consejo de Salarios, que echábamos a la gente cuando queríamos’. Están reivindicando eso”, afirmó el dirigente al diario La República.

En una coyuntura de crecimiento del PIB de 3,5% o 4%, el gobierno se propone que empresas y trabajadores logren acuerdos por aumentos salariales acordes a ese avance. Los nuevos lineamientos que servirán de guía para los grupos que negociarán en julio serán anunciados en los próximos días.

El gobierno quiere que, para establecer los aumentos, se tomen en cuenta indicadores sectoriales, incluso con más peso en la ecuación que el global que surge del PIB y la evolución de los precios (inflación).

Esa aspiración oficial apunta a atender la mayor “heterogeneidad” en los diferentes sectores ya que resulta difícil establecer lineamientos generales para las disímiles realidades.