Caracas. Un total de 70 locales comerciales fueron sancionados por el gobierno venezolano por incurrir en remarcaje de precios y especulación, en el primer día de fiscalización tras la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario.

Entre los establecimientos clausurados se encuentran ventas de repuestos para vehículos, tiendas de electrodomésticos, expendios de alimentos y supermercados Cada, además de las sucursales del hipermercado Éxito en Caracas y Zulia.

El gobierno de Hugo Chávez anunció que el Plan Nacional de Fiscalización, a cargo del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), continuará realizándose en las próximas semanas.

El pasado viernes, Venezuela anunció un tipo de cambio de 2,6 bolívares por dólar para bienes prioritarios, como alimentos y medicinas, y otro "dólar petrolero" de 4,3 bolívares/dólar para otros sectores como textiles, telecomunicaciones y automotriz.

Chávez ordenó a los militares de la Guardia Nacional verificar que no se incurriera en remarcaje de precios, en prácticas consideradas especulativas porque los productos fueron adquiridos  con el tipo de cambio de 2,15 bolívares/dólar vigente hasta el viernes pasado.

'Es una práctica ilegal que los establecimientos comerciales cambien el precio de los productos que ya tengan en existencia”, dijo la directora de Fiscalización del Indepabis, Valentina Querales, a la agencia estatal ABN tras encabezar la fiscalización.

Querales recordó que la ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios establece que "al producirse un aumento en el precio de venta de bienes, las existencias de los mismos, marcados al precio anterior, deberán venderse sin el incremento".

Chávez dijo que la medida se había adoptado para reimpulsar la economía productiva, fortalecer la economía local, frenar las importaciones que no sean estrictamente necesarias y estimular la política exportadora.

Analistas y el propio gobierno han reconocido que la medida podría tener un impacto negativo en la inflación del país, que en 2009 llegó al 26% y que se ha transformado en uno de los principales dolores de cabeza para la administración socialista.

Según los cálculos del ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez, el efecto inflacionario que puede traer la medida es entre 3% y 5% a lo previsto para el año, pero "en un contexto de desaceleración" del nivel de los precios.