Danilo Astori, de 77 años, es un ministro especializado en mantener la estabilidad macroeconómica, por lo que ha ocupado el cargo por más de una década en la que ha gobernado el centroizquierdista Frente Amplio, lo que ha permitido al país llevar una agenda reformista gradual y sin grandes sobresaltos.

Un buen logro, pero que debe matizarse al considerar que históricamente Uruguay es el país, tal vez, más estable de toda América Latina, por lo que hoy tiene casi pleno empleo (7,7%), la más alta proporción de inversión extranjera respecto de su PIB (1,7%), que prácticamente ha erradicado la indigencia y que tiene el nivel más bajo de pobreza de la región (9,4% frente a un promedio regional de 29,9%).

Sin embargo, la estabilidad y la calma no lo es todo, en especial para un país que, pese a que se ve bien, requiere urgentemente de modernizar el Estado y el sector productivo, diversificar la matriz productiva a través de la intensificación de la economía del conocimiento para transformar el país en una plataforma de servicios a nivel latinoamericano y global, y controlar la deuda pública.

En cuanto a la modernización, Uruguay ha logrado desarrollar una política interesante de innovación, ciencia y tecnología. Es el primer país en América Latina en incorporar la tecnología 4.5G, que ofrece más de 500 megabits por segundo, y es el número uno de la región en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que destacó el acceso, uso y habilidades del internet en la comunidad uruguaya. Esto, aunque la inversión en I+D aún no llega a un 1% del PIB, como fue prometido.

Pero la mosca en la sopa del ministro es el control de la deuda, la mayor en relación con su economía entre los países de este especial (59,8% del PIB, mientras los otros tienen un promedio de 43,4%). Además, el déficit fiscal alcanzó los 3,8% del PIB en febrero de 2017, 0,2% puntos más respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, el crecimiento de los ingresos públicos está estancado en una velocidad promedio de 1,2% anual desde 2014, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Tal vez todas señales que anuncian el inicio del fin de un ciclo económico que requiere un paquete económico potente y reformista. Cualidades que tal vez no describan al actual Astori.

En concreto, lo que falta es mayor atrevimiento para disminuir el gasto fiscal, el que se estima que en 2017 aumentará en US$ 112 millones respecto del presupuesto anual del año anterior. En compensación y para controlar el déficit, Astori ha debido recurrir a una política por lo general desaconsejable, como lo es aumentar la presión impositiva al sector productivo, agrandando los aportes de las empresas públicas al fisco, aumentando el Impuesto a la Renta de Personas Físicas, y un alza del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Esto ha permitido una recaudación neta de US$ 9.083 millones en 2017, creciendo un 6% interanual, pero no solucionó el problema de fondo, porque el déficit de los últimos doce meses a octubre de 2017 se ubicó en el 3,5% del PIB, sobrepasando la promesa gubernamental de que cerraría el año con 3,3%.

Otro punto complicado es la modernización de las cinco grandes empresas públicas: UTE, OSE, Antel, Administración Nacional de Puertos y Ancap), la que, pese a ser urgente, no cuenta con medidas concretas, y siguen siendo la causa del 50% del déficit público actual, según el informe del Banco Central de Uruguay.