Dos grandes noticias ha dado Panamá, y ambas tienen que ver con la gestión de su ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. La primera va en relación con la ampliación del Canal de Panamá que permite a la fecha duplicar su actividad de transporte marítimo, incrementando 22% el tonelaje transportado y en 12,5% los ingresos. Una gran obra de infraestructura de US $ 5.581 millones que permite al país mantener el liderazgo en el tráfico marítimo bioceánico. Esta obra significa que el Canal de Panamá se consolida como la principal fuente de ingresos del país, al representar el 25% del PIB, ahora que está funcionando la doble pista en régimen.

La otra noticia no es tan halagüeña. En 2015 se dio a conocer el escándalo Panama Papers, el cual reveló secretos de operaciones offshore de la firma Mossack Fonseca en Panamá, de cientos de empresas y personalidades que buscaban eludir impuestos o blanquear activos. Entre los once millones de documentos filtrados hay de políticos, empresarios y estrellas del espectáculo y deporte del mundo, y Panamá continúa dando explicaciones por ello.

¿Y Dulcidio de la Guardia? En ambos casos ha sido un protagonista importante. En cuanto a la ampliación del Canal, a pesar de que se inició hace diez años fue clave para atraer inversionistas extranjeros para seguir el trabajo de infraestructura.

En el caso de los Panama Papers, la misión de De la Guardia ha sido reformar la legislación de la industria financiera panameña, para que deje de ser considerado un paraíso fiscal y a la vez, mantenga ventajas competitivas para la realización de operaciones offshore. Una difícil tarea, si se considera el balance necesario entre transparencia y secreto bancario que debe haber para sostener una industria que representó 7,9% del PIB en 2016, y que a la fecha cuenta con 77 bancos comerciales con sede en Panamá, más que México con 48 bancos.

En este contexto, el desafío de De la Guardia es mejorar radicalmente la infraestructura del país y reformar las instituciones para promover la transparencia, atacando la corrupción y la evasión fiscal, pero manteniendo la competitividad del país como hub financiero global.

En cuanto a la primera parte de los desafíos, la finalización de la ampliación del Canal es un logro que ha permitido en 2017 al canal aumentar el aporte al Estado un 60% más que en 2016, y que explica en buena parte el alza del crecimiento de 4,9% en 2016 a 5,3% en 2017, según el FMI, y una inversión extranjera que aumentó en 5,8% en el primer semestre de 2017.

En cuanto a la segunda parte, la resaca de los Panama Papers, De la Guardia ha comenzado a tomar cartas en el asunto, pero tiene un puzzle difícil de resolver. Como primera medida, el ministro incluyó en el presupuesto anual de 2017 US$ 12 millones para realizar una reestructuración de los sistemas gubernamentales de regulación y protección contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. También De la Guardia llevó la discusión gubernamental que promulgó normas tales como la nueva Ley Antilavado que considera a más de 30 sectores económicos como sujetos obligados a reportar actividades sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de la Presidencia. Al mismo tiempo, Panamá se incorporó a varios convenios multilaterales en la materia, como el de la OCDE o el del BID, en materia de evasión fiscal y lucha contra el blanqueo.

Pese a estos esfuerzos, la Unión Europea incluyó al país en su lista negra de 16 paraísos fiscales en diciembre de 2017, por no cooperar en la transparencia fiscal, tener una justicia débil en sus políticas impositivas y una adopción incompleta de las recomendaciones de la OCDE. Una medida que puede afectar seriamente la competitividad de Panamá en el mercado internacional, especialmente para los tratados comerciales con los países del bloque, además de futuras posibles sanciones por parte de Europa.

Así, la situación de Panamá es ambigua, pues ha logrado niveles de transparencia lo suficientemente altos como para inhibir operaciones de dudosa reputación, pero rentables, y lo suficientemente bajos como para seguir estando en las listas negras de los paraísos fiscales.