La titular del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, destacó que "por primera vez el Estado nacional tiene información certera e incontrastable sobre la tierra en manos de extranjeros".

Gómez precisó que "en todo el país las propiedades rurales con titularidad de personas o empresas de otras nacionalidades no llega al 6% del total", casi 16 millones de hectáreas, mientras que sobre 500 departamentos relevados, sólo 49 exceden los topes fijados por la ley.

Esas propiedades se ubican en la zona de los lagos del Sur, en el Noreste (Corriente y Misiones) y en el Noroeste.

La funcionaria agregó que “seguimos trabajando con los catastros y Registros de la Propiedad Inmueble de provincias y municipios, para poder fortalecerlos, darles transparencia y accesibilidad”.

"Discutir el tema de la tierra y de quiénes son sus dueños aporta claridad, tanto en la cuestión fiscal como en lo que hace al diseño de políticas públicas", consideró Gómez en declaraciones formuladas a Télam.

La Ley de Tierras fue sancionada a fines de 2011 y establece un tope de 15% para la tenencia por parte de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial, departamental y por nacionalidad.

No obstante, aclaró Gómez, la norma (ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales) no afecta derechos adquiridos, sino que fija límites para las operaciones realizadas con posterioridad a su sanción.

Según la funcionaria, "el relevamiento realizado nos aporta datos sobre niveles de extranjerización, y también sobre si se trata de propiedades con fines productivos o especulativos".

Mencionó, en este último sentido, el caso de una empresa propietaria de 300 mil hectáreas, de las que sólo tiene en explotación agropecuaria unas 35 mil.

En cuanto a las dificultades de fiscalización, Gómez señaló el caso de propiedades con titulares domiciliados en otras provincias, como el caso de un campo de 400 mil hectáreas en Catamarca, inscripto en Bariloche.

También se registran tierras de empresas de las cuales no se conoce bien su composición accionaria, o el origen del capital de los socios; y grandes latifundios en los que ni siquiera existen cascos de estancia.

"Son muchos títulos de propiedades, a veces sobre extensiones muy difíciles de mensurar, porque están prácticamente en la cordillera, pero que en algunos casos han sido utilizadas con finalidades ajenas a la producción", explicó. 

Por ejemplo, "para constituir garantías financieras, o para pedir préstamos en entidades que finalmente terminan quebrando y luego se rematan esas tierras", ilustró Gómez.   

La directora del RNTR destacó por otra parte que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consideró recientemente que la Ley de Tierras sancionada en la Argentina es "de gran interés para América Latina".

El organismo estimó que la experiencia nacional puede servir de "ejemplo" para la región, ya que en la actualidad existen iniciativas sobre tierras en Ecuador, Uruguay y Colombia, mientras que Brasil se encuentra trabajando para lograr aplicar una normativa sancionada hace más de 20 años.

Para Gómez, la posibilidad de contar la experiencia argentina en esta materia "va a ser muy enriquecedora, porque hay muchos países de la región que están interesados en el tema y se trata de una problemática de toda América Latina".