La Paz. La política de nacionalización de los hidrocarburos ejecutada por el gobierno del presidente Evo Morales generó en renta petrolera US$19.340 millones, de mayo de 2006 a junio de 2013 (desde que gobierna Evo Morales), informó este miércoles Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Este monto total histórico obtenido por la comercialización de hidrocarburos es resultado de la suma de los ingresos generados por el impuesto directo, regalías y participaciones de YPFB, así como patentes y otros impuestos nacionales derivados de la actividad económica.

El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, aseguró que la demanda del pueblo boliviano por recuperar la soberanía nacional, a través de la nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas, abrió un nuevo horizonte al país.

"La renta petrolera obtenida en todo el proceso desde la nacionalización supera en aproximadamente doce veces a las ganancias obtenidas en la etapa neoliberal de más de 20 años", detalló.

Según la petrolera, el aumento en las recaudaciones tributarias y otras participaciones del sector hidrocarburos obedece a una eficiente administración del patrimonio local y al incremento de la demanda de volúmenes de gas natural de Argentina y Brasil.

Además, al ajuste trimestral de los precios de exportación del energético, que se elevaron en función a la cotización del crudo internacional de referencia y a las nuevas reglas establecidas por la nacionalización.

Durante la etapa neoliberal, con la vigencia de la antigua Ley de Hidrocarburos que avaló la capitalización y privatización de la industria petrolera, los ingresos para el Estado apenas alcanzaron US$1.660 millones, garantizando para el sector privado transnacional una mayor participación.

Villegas dijo que la nacionalización en Bolivia consolidó a YPFB como la primera empresa nacional, misma que contribuye al desarrollo social y económico del país a través del apoyo con recursos de la renta petrolera destinados a proyectos de salud, educación, infraestructura social y vial, que mejoran la calidad de vida de los bolivianos.

"Esta bonanza permite impulsar el desarrollo social y económico del país, al beneficiar a más de diez millones de habitantes, a través del Tesoro General del Estado, gobernaciones, municipios, indígenas y el sistema universitario público", destacó.

Este monto, puntualizó, significa también un beneficio directo a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad como son los niños y ancianos, a través del pago social del Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad.