El 70% de las concesiones mineras improductivas del sector privado serán revertidas al Estado sin ninguna compensación. Éstas podrán ser asignadas a otros sectores de acuerdo con un plan de desarrollo. Así lo establece la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros promulgada este miércoles.

El presidente Evo Morales, que informó sobre la norma en el Palacio de Gobierno, dijo que según datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en el país hay como 7.000 concesiones privadas, estatales y colectivas. “De estas 7.000 concesiones, como 2.254 son totalmente privadas. Las  empresas privadas (son) por demás conocidas, de todas vamos a recuperar el 70% de estas inversiones, y volverán al pueblo boliviano”, precisó.

Las concesiones privadas suman 1.466.887 hectáreas y de éstas “vamos a recuperar más de un millón de hectáreas”, especificó y añadió que no se tiene “por qué indemnizar a esos concesionarios, eso es para el pueblo”. Sin embargo, aclaró que se respetarán las áreas donde hubo inversión.

El 9 de julio de este año, La Razón ya informó sobre esta norma. En ese entonces ésta tenía el nombre de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras y fue aprobada en primera instancia el 7 de junio en la Cámara de Diputados, luego sancionada el 2 de julio por la Cámara Alta y sólo faltaba ser promulgada por el presidente.

La ley difundida tiene cinco artículos y cuatro disposiciones finales. El artículo uno indica que el objetivo es establecer las causales de reversión de los derechos mineros otorgados por Autoridades Transitorias Especiales (ATE) y contratos mineros, “previa verificación de la inexistencia de desarrollo de actividades mineras”.

Confirmación. La verificación de la inactividad será realizada por el viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, a partir de la publicación de dicha ley, y el uso de procedimientos técnicos.

El artículo tres especifica que en caso de establecerse la inexistencia de actividades en una concesión, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM), sobre la base del informe de verificación, determinará la reversión de los derechos mineros “sin perjuicio de la responsabilidad que hubiere en el lugar”.

El artículo cuatro indica que las concesiones revertidas podrán ser asignadas a los distintos actores productivos mineros, de acuerdo con un Plan de Desarrollo Minero y a la nueva Ley de Minería y su procedimiento.

El artículo añade que la resolución de contratos sobre áreas en las que la Comibol ejerce titularidad, se mantendrán a favor de la empresa estatal. El artículo cinco indica que los recursos que se podrán interponer sobre las resoluciones de reversión son los de revocatoria y el jerárquico.