La Contraloría de Bogotá advirtió en la más reciente auditoría realizada a Transmilenio un detrimento patrimonial superior a los 5.600 millones de pesos (US$2,9 millones) como consecuencia de un contrato que no cumplió su objetivo relacionado con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Según el ente de control, el contrato por $5.615.400.000, que tenía como objetivo construir, promover y afianzar la cultura ciudadana relacionada con el uso del Sistema Integrado de Transporte Público, no cumplió con los principios de la contratación estatal.

El contrato No. 039 de 2012 fue celebrado el 3 de mayo de 2012 entre Transmilenio S.A. y el contratista Servicios Legales y Financieros Serlefin S.A. Outsourcing de Servicios Bancarios y de Negocios. La fecha de inicio era el 6 de junio de 2012 y la terminación el 5 de diciembre de 2012.

Para la Contraloría de Bogotá, los principios vulnerados en el contrato son: interés público, eficacia, planeación y responsabilidad.

El organismo de control considera que la celebración del contrato constituye un detrimento al patrimonio público distrital por “los deficientes y escasos resultados en los objetivos de promoción, pedagogía, orientación, socialización e información al usuario en el Sistema Integrado de Transporte Público”.

Transmilenio contrató la prestación de servicios de tercerización para capacitar, informar y sensibilizar a los usuarios actuales y potenciales sobre el uso adecuado del SITP con el fin de dar a conocer las normas básicas de buen uso y consolidar su posicionamiento. Sin embargo, dice la Contraloría, “la necesidad y objeto pretendidos en los estudios técnicos y el impacto de socialización en la ciudadanía no se logró”.

La Contraloría de Bogotá, aunque reconoció la dificultad y complejidad en la implementación del SITP, no considera justificado a la luz de los principios de economía y planeación celebrar el contrato No. 039 de 2012 para la promoción, socialización, divulgación, educación, formación e información de un sistema que no había empezado a implementarse el 6 de junio de 2012, fecha de inicio del contrato.

“No es comprensible la razón por la cual no se declaró el incumplimiento contractual, ya que la necesidad original planteada en los estudios previos no se cumplió”, concluye la Contraloría.