Bogotá. A 48 horas hábiles de que se cierre el plazo para la presentación de propuestas en la licitación del tercer canal de televisión y después de una sucesión de escándalos que hoy tiene el proceso sujeto a un solo proponente, la Comisión Nacional de  Televisión acogió la sugerencia del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de “revocar el acto de apertura de la licitación”.

En consecuencia, la Comisión corregirá los pliegos de condiciones de la licitación y volverá a publicarlos, paso que había efectuado en octubre del año pasado.

La postura del jefe del Ministerio Público fue dada a conocer por la procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, y más se demoró en darle lectura a la carta de cuatro pliegos enviada a la CNTV, que en producir reacciones en el interior del organismo.

Mientras los medios causaban revuelo con la noticia, trascendió una comunicación de la comisionada Zulma Casas, en la cual admite que en las actuales circunstancias su voto será en contra de adjudicar el tercer canal. En esencia, la comisionada Casas advierte que le preocupa que la CNTV “termine en el peor de los escenarios al adjudicar el canal (...) en medio de un clima de desconfianza y un enrarecido ambiente de suspicacias”. Y agregó que su fórmula es aplazar el cierre de la formulación de propuestas” hasta que se puedan generar las condiciones en las que la mayoría de los interesados encuentren un clima de tranquilidad y de confianza”.

Casas dejó en claro que la CNTV tiene que garantizarles a los proponentes que conozcan el estado real de la red pública análoga y las condiciones para su acceso, que obviamente incluyen el valor. Además, cree conveniente que, en materia de riesgos, se solicite el concepto de actuarios expertos, para no limitarse a conceptos jurídicos y no desatender el criterio de la Contraloría. De no ser así, puntualizó Casas, “mi voto será en contra de adjudicar el tercer canal”.

Esta carta interna de la comisionada, sumada al pronunciamiento de la Procuraduría, llevó al director de la Comisión Nacional de Televisión, Juan Andrés Carreño, a admitir que el Ministerio Público “planteó una línea de acción y por tanto sería inconveniente cerrar el proceso”. A título personal, Carreño le dijo a El Espectador: “Sería un grave desafío institucional no escuchar sus argumentos”. Es decir, adhiere a la comisionada Casas.

Sin embargo, el jueves se reunió la junta directiva de la CNTV con el propósito específico de evaluar los argumentos de la Procuraduría, así como los términos de la polémica desatada en las últimas horas en razón a la divulgación de un proyecto del propio organismo, a través del cual se buscaban modificar tres aspectos básicos de la licitación. Como lo calificaron entendidos en la materia, un súbito cambio en las reglas de juego para la concesión del tercer canal privado de televisión.

El concepto de la Procuraduría, que dejó en vilo el proceso de licitación del tercer canal, está basado en la necesidad de resolver aspectos técnicos y económicos, “no sólo para garantizar la pluralidad de los oferentes, sino para asegurar el cumplimiento del principio de selección objetiva del concesionario”. Por eso, el Ministerio Público, coincidiendo con un control de advertencia de la Contraloría formulado en diciembre, parte de resaltar su preocupación frente al tema del precio base de la licitación.

Asimismo, la Procuraduría insiste en la necesidad de asegurar la pluralidad de oferentes en el proceso, con el fin de mantener el mercado mismo, y de esta misma manera permitir la maximización de los recursos ordenada por la ley. Este escenario, según el jefe del Ministerio Público, sería viable si la CNTV reinicia el proceso de selección atendiendo u observando las deficiencias anotadas. Y recordó que la Sala de Consulta del Consejo de Estado, en octubre de 2009, insistió en el énfasis constitucional de la pluralidad.

En resumen, resaltó en su misiva el procurador Ordóñez: “La adjudicación del tercer canal privado de televisión, en las actuales circunstancias, bajo el entendido de que el precio base de la licitación no es el adecuado, que existen cuestiones no resueltas en el pliego de condiciones que impiden la formulación de los ofrecimientos y que no se contará con la pluralidad de oferentes (..., generaría la lesión del patrimonio público y la vulneración de los principios constitucionales y legales que rigen la función estatal”.

En palabras de la delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, “la actual licitación viola el principio de selección objetiva y no cuantifica los riesgos previsibles”. Asimismo, la CNTV no ha establecido qué red utilizará el nuevo canal. Por eso, puntualizó afirmando que el mecanismo de adjudicación debe ser por subasta. Y añadió: “Para nosotros, en palabras sencillas, el proceso ha muerto, ya que quedó en unas circunstancias que impiden su continuidad”.