Lima, Andina. El gobierno ha logrado hasta la fecha que más de 77.000 mineros informales hayan aceptado formalizarse, destacó Daniel Urresti, Alto Comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Este gobierno ha logrado que 77 mil mineros informales declaren y presenten un documento, declarando su necesidad y deseo de formalizarse", manifestó Urresti.

Tras expresar su rechazo al paro minero convocado por un pequeño sector de mineros, el funcionario recordó que la ley prohíbe ejecutar cualquier actividad minera en los ríos y que los permisos que tienen no les permiten depredar los recursos naturales en su zona de acción.

"No hay forma de que se puedan formalizar aquellos que están depredando los ríos y que están contaminando, están arrojando mercurio en esa zona. no existen técnicas que permitan hacer minería en los cursos de agua. Por eso es que está prohibido aquí y en la China. Y eso no entra al diálogo", subrayó.

Hizo un llamado con los representantes de los gremios mineros a que sigan dialogando con las autoridades del gobierno central

Saludó la actitud mostrada por los representantes de la Federación Nacional de Pequeños Mineros, que representan a 18 regiones del Perú, y que han expresado su voluntad de seguir dialogando y no acatar ningún paro.

Urresti aclaró que solo se podrán formalizar aquellos mineros que no están depredando los recursos naturales en ríos y reserva protegidas.

El funcionario indicó que en menos de 2 meses se dará inicio al proceso de formalización de todos aquellos mineros que están con la documentación avanzada para formalizarse.

"De los 33 mil que ya están en un segundo paso para formalizarse, el 10 por ciento ya no les falta casi nada para formalizarse. Se va a comenzar el proceso de formalización y los casos particulares se van a tratar uno por uno", expresó.

Destacó igualmente el trabajo que viene desarrollando la red de conciliadores del Ministerio de Justicia que han logrado solucionar el 80% de los casos de mineros que consideran que sus derechos han sido violados.