Un preocupante impacto negativo sobre el medio ambiente viene causando la ilegalidad minera en Colombia especialmente la dedicada a la explotación del oro.

La advertencia fue hecha por la Contraloría General al destacar que después de la minería del oro están las arenas y las arcillas que se evidencia en las cuencas de los ríos Dagua (en el Valle del Cauca), y San Juan (en el Chocó).

El informe de la Contraloría General “La Explotación ilícita de recursos minerales en Colombia" dice que no solamente se encuentra el Estado lejos del minero y su entorno, sino que su presencia es reemplazada fácilmente por grupos al margen de la ley.

Destaca el informe que los grupos al margen de la ley otorgan “permisos”, cobran “impuestos”, imponen a su manera un orden social, sancionan y condenan con la fuerza de las armas en total impunidad, al margen de la Constitución y la ley.

Para la entidad de control de las finanzas públicas, “el diseño de la política minera del país, su aplicación y desarrollo normativo en medio de la tolerancia de las autoridades territoriales, la desnaturalización y baja capacidad de la institucionalidad minera y ambiental, son factores que junto a las condiciones y características regionales, han propiciado en gran medida la actividad minera ilegal, dejando tras de sí un panorama poco alentador hacia el futuro si no se corrige el rumbo”.

Pretender convertir a Colombia en un país minero sin tener en cuenta la realidad social, económica, ambiental y cultural de las regiones, tendrá consecuencias negativas en cada una de esas esferas de la vida de los pueblos, dice el informe.

La Contraloría General considera que se necesitan acciones reales y contundentes, materializadas con el cierre de minas que funcionan al margen de la ley.

Remarca el informe, elaborado por la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías, que la política pública minera está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes.

“Esta situación de ninguna manera favorece el desarrollo de la actividad a esa pequeña escala en el marco de la legalidad minera, sino por el contrario, aún para los empresarios no muy pequeños la incursión en la ilegalidad y las actuaciones ilegales es una opción razonablemente válida desde su perspectiva”, indica el informe.

Ilegalidad minera en cifras. El informe de la Contraloría General considera que este proceso ha generado mínimos resultados, a alto costo. A abril de 2010, el ministerio de Minas y Energía entregaba el siguiente reporte: 158 minas legalizadas en ocho años de vigencia del programa, con un costo total de 14 mil millones de pesos (US$74,2 millones).

Según estos datos cada legalización habría tenido un costo de 89 millones de pesos, sin tener en cuenta costos indirectos y un promedio de 20 minas legalizadas por año.

Por ejemplo, el informe destaca que en el Chocó el valor total estimado de los ingresos no percibidos por tasa de uso y tasa retributiva durante el período 2007-2011 asciende a $34.545 millones (US$18,3 millones).

Los ingresos no percibidos por concepto de tala del bosque son del orden de los 10.008 millones de pesos durante el período 2007-2012.