Su riqueza es vasta. Sólo en una hectárea se han encontrado cien mil especies de insectos y 644 de árboles y arbustos, lo que equivale a casi el total de árboles nativos que hay en Norteamérica (680). Se trata de la más alta diversidad por área registrada en el planeta.

También es el hogar de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del país (los tagaeri y taromenane), cuyos territorios “son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”, según el art. 57 de la Constitución del Ecuador, el país que tiene en sus manos la administración de este recurso. Es el Parque Nacional más extenso de la zona continental nacional. Es el Yasuní, área protegida establecida en 1979, cuya denominación, sin embargo, no ha alejado las presiones por la riqueza petrolera que yace en su subsuelo.

En algo más de la mitad de su territorio hay cinco bloques petroleros (14, 15, 16, 31 e ITT) de los que tres están en producción. La exploración en el área se inició en 1948 y siguió en los años siguientes. Las primeras adjudicaciones de campos se dieron en 1986 (bloques 14, 15 y 16).

Esta actividad ya ha dejado huellas. En ello coinciden científicos y dirigentes de organizaciones sociales y ambientales.

Ellos temen que estos efectos ecológicos y sociales se intensifiquen con la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) situados en la parte más oriental del área protegida. El ITT dio nombre a la iniciativa Yasuní-ITT que planteaba no explotar ese petróleo a cambio de una compensación internacional.

En el Decreto Ejecutivo Nº 74 firmado el 15 de agosto pasado por el presidente Rafael Correa, se establece la terminación del fideicomiso para recaudar esos fondos. Además, se pide informes a cinco ministerios sobre la viabilidad técnica, ambiental, constitucional y financiera para “la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní”, según el art. 4, para solicitar a la Asamblea su autorización. El plan B incluía explotar solo Tiputini y Tambococha, sin Ishpingo que está en el corazón de la selva.

El art. 407 de la Carta Magna establece que los recursos no renovables detectados en las áreas protegidas y en zonas intangibles excepcionalmente “se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”.

Para Miguel Rodríguez, director de la Estación Científica Yasuní de la PUCE, la idea era pedir un pago por las 400 millones de toneladas de carbono que representaría explotar el ITT, pero más bien se la planteó como un chantaje, dice. “Nosotros no explotamos si es que se nos compensa”, indica Rodríguez.

Tras la decisión de explotar el ITT, Alemania anunció la revisión del acuerdo bilateral de protección forestal con Ecuador por US$50 millones que iban a destinarse para proyectos de desarrollo sustentable en la Reserva de la Biosfera Yasuní (declarada por la Unesco en 1989), según David Romo, codirector de la Estación Científica Tiputini de la Universidad San Francisco. “Teníamos una reunión (el miércoles) con la GIZ (Agencia Alemana de Cooperación), pero fue suspendida”, acota Romo.

En 1999, como parte de un plan de desarrollo sostenible de la región, el gobierno de entonces estableció una zona intangible, que cubre la parte sur del Parque, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario. Yolanda Kakabadse, presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza y exmiembro de la Comisión Negociadora de la iniciativa Yasuní ITT, afirma que ellos son parte de esa riqueza. “En este caso la existencia de comunidades en aislamiento voluntario es un hecho fundamental y excepcional”, dice.

Pero el desarrollo de la actividad petrolera ha seguido en este Gobierno con las inversiones realizadas para explotar el bloque 31, dice Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica (AE). Esto luego de la reversión de la concesión a Petrobras, por lo que Petroamazonas asumió en el 2008.

Los cinco bloques petroleros cubren 50,30% del Parque Nacional Yasuní, según un estudio de junio de 2011 financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Los efectos del petróleo evidencian una acelerada aculturación de los huaoranis y quichuas amazónicos, dos de las etnias que con los shuar y los mestizos viven en esta zona protegida y su área de influencia.

Un estudio de AE de 2012 revela que el cambio de hábitos de los huaoranis incluye la cacería, ya no para supervivencia, sino para vender especies silvestres.

A ello se suma el consumo de alcohol. Un sábado en el mercado de Pompeya, una localidad al interior de la Reserva de la Biosfera Yasuní y al que acuden huaoranis del bloque 16 y quichuas, se consumen alrededor de 12.600 botellas con cerveza y otras 7.200 se reparten en canoa a las localidades en las riberas de ríos de la zona, según AE.

Con la aparición de estas nuevas prácticas hay una “dependencia y control que ejerce la petrolera a partir de la pérdida de referentes culturales y organizativos”, concluye el estudio.

Los efectos incluyen la contaminación por derrames petroleros. Sólo entre 2000 y 2010 se han presentado 539 derrames en el país, casi uno por semana, según cifras del ministerio del Ambiente, de los que sólo el 1,5% fueron provocados por desastres naturales. Aunque pobladores y científicos que hacen investigación en el Yasuní coinciden en que la cifra sería mayor, ya que algunos no se registran.

Con el petróleo llegó también la apertura de vías que ha facilitado el tráfico ilegal de madera. “Las plataformas para la extracción sirven para almacenar la madera que se saca por ríos y vías”, dice Martínez, quien afirma que la inversión realizada en el bloque 31 y el 12 durante este Gobierno se hicieron mirando las reservas del ITT.

El ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, asegura que la central de producción Edén-Yuturi, ubicada en el bloque 12 y adonde se enviaría el petróleo del ITT, tiene una capacidad de procesar más de un millón de barriles y puede ser ampliada. Actualmente, según Pástor, está en una capacidad de 600 mil barriles.

El ITT tendrá un tope de producción de 200 mil barriles por día. Con ese nivel se requerirán 500 mil barriles para procesar que la actual planta asumiría.

Pástor agrega que para explotar Tiputini, que está fuera del Parque, se abrirá un sendero de 30 km de largo por 3 o 4 m de ancho y para Tambococha, uno de 11 km que atravesará el área protegida. Las tuberías que serán enterradas se trasladarán por helicóptero y la maquinaria pesada por vía fluvial.

La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, dijo el viernes a la agencia oficial Andes que la entrega de licencias para una posible explotación puede tardar entre 4 y 6 meses. Este plazo correría desde que se defina el tema a través de la Asamblea o mediante consulta popular.