El 22 de diciembre de 2012 llovió en la cordillera de los Andes, en la árida y desolada sección que limita a Chile con Argentina. Las intensas lluvias provocaron un aumento en el caudal de agua que desciende de las montañas hacia el lado chileno, justo donde se encuentra el proyecto minero Pascua Lama. Las obras para evitar que las aguas de contacto (cargadas de drenaje ácido) entrasen en contacto con los ríos estaban mal construidas y cedieron. Un sector de vegas quedó sepultado, y río abajo, en el valle de Huasco, el agua que usan los campesinos y productores agrícolas se acidificó.

Pascua Lama es el único proyecto minero binacional del mundo, por el que la empresa canadiense Barrick Gold ha invertido US$ 4.800 millones. Es un filón de oro ubicado  a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, justo debajo de un sistema de glaciares protegidos por ley. Un 60% del rajo está en Chile, y los tranques de relave, donde se almacenan los detritos de la faena, están en Argentina. Polémicas ambientales de todo tipo han acompañado a Pascua Lama desde sus inicios, y una constante tensión con las comunidades del lado chileno, que Barrick ha intentado revertir invirtiendo en proyectos de RSE.

Tras los aludes de diciembre y enero, informados por la empresa, las autoridades chilenas constataron 20 infracciones ambientales graves y una gravísima, que podría “ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura o multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales [unos US$ 10 millones]”.

No fue la única mala noticia para Barrick. El 10 de abril la justicia chilena acogió la demanda de una comunidad indígena y ordenó paralizar las faenas. Todo ello mientras el precio del oro se desploma, y con él sus acciones, que hoy se encuentra en el mínimo de las últimas dos décadas.

Toronto vía Vancouver

En los años 70 el primer ministro Pierre Trudeau acuñó  el eslogan “estilo canadiense”, una imagen-país destinada a diferenciarse de su vecino-primo del sur, en aquella época ensombrecida por Vietnam y la guerra sucia en América Latina. La idea fuerza era “promover el comercio y los derechos humanos al mismo tiempo; promover la paz a través del crecimiento económico, y el crecimiento a través de la paz”.

Pero el hockey hielo, un violento deporte donde nunca falta testosterona, no es el único lado B de Canadá. Según Alain Denault y William Sacher, autores del libro Noir Canada (Canadá Negro), la imagen progresista del país no se sostiene en la arena internacional. “El 60% de la minería mundial se financia en la Bolsa de Toronto y, según informes de la ONU y organizaciones independientes, estas empresas están involucradas en casos de corrupción, contaminación, amenazas a la salud pública y colusión con señores de la guerra”, dice Denault, sociólogo y académico de la Universidad de Montreal.

Denault califica a su país como “un paraíso legal y financiero” para las mineras de todo el mundo. Y cita elementos jurídicos, financieros, tributarios y diplomáticos para explicarlo. “Es fácil promover el prospecto de una mina, las normas de divulgación en Canadá son más débiles que en EE.UU. y esto apoya un proceso especulativo”, dice. “Luego están los incentivos tributarios para que los inversionistas individuales e incluso los fondos de pensión compren acciones mineras”.

A eso se agregan la imposibilidad de denunciar legalmente a una empresa domiciliada en el país por abusos cometidos en otra jurisdicción, y un ordenamiento constitucional que pone a la libertad de expresión por debajo del derecho a la honra. Denault y Sacher lo experimentaron en carne propia: Barrick siguió juicio a los dos autores y su editorial por difamación, por un total de US$ 6 millones. En 2011, después de tres años de lucha jurídica, la editorial abdicó y retiró el libro de circulación de todas las librerías del país.

En la actualidad el mercado principal de la Bolsa de Toronto (TSX) alberga a unas 361 empresas mineras, con una capitalización bursátil conjunta de C$ 169.000 millones, además de otras 1.309 empresas listadas en el mercado de riesgo (TSVX). De este grupo, 387 operan en América Latina. Hay desde grandes multinacionales, como Barrick o Kinross (las majors), que explotan recursos en varios países simultáneamente, a pequeñas empresas con 10-15 trabajadores y capitalizaciones de unos pocos millones de dólares canadienses, conocidas como juniors.

“Son empresas chiquitas, relativamente efímeras, que se encargan no de la extracción sino de la prospección y la exploración, el descubrimiento de nuevos yacimientos”, afirma desde Quito William Sacher. “Las juniors cumplen el papel de primer contacto, de examinar el terreno a nivel geológico, pero también a nivel político, de lidiar con la resistencia que muchas veces se desata en las comunidades. Las juniors se financian totalmente de la especulación”.

Este espíritu de frontera tiene un asidero histórico. Canadá fue parte del imperio británico hasta entrado el siglo XX y una frontera minera donde los negocios más turbios se realizaban en la Bolsa de Vancouver, el equivalente canadiense al San Francisco durante la fiebre del oro. “La Bolsa de Toronto es una bolsa seria, pero donde no se transan grandes volúmenes de control”, dice desde Boston John Edmunds, experto en finanzas de Babson College y columnista de AméricaEconomía. “Pero la bolsa de riesgo viene de la antigua Bolsa de Vancouver y eso es otra cosa”.

Según un artículo de la revista Forbes, publicado en 1989, la Bolsa de Vancouver llegó a ser conocida como “la capital mundial de la estafa”. En aquella fecha se transaban unas 2.300 empresas con títulos que valían centavos. Según las fuentes locales consultadas por el autor del artículo, “la mayoría eran fracasos totales o simplemente fraudes”. En 1999, después del escándalo asociado a la falsificación de muestras geológicas por parte de la empresa minera junior Bre-X, se produjo la fusión de todas las bolsas del país bajo el alero de Toronto.

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La conexión Correa

Uno de los países donde la influencia canadiense ha cobrado una connotación especial es Ecuador. Sin tradición en minería industrial, el gobierno de Rafael Correa impulsó una nueva ley para atraer inversión extranjera, diversificar las exportaciones y robustecer las arcas del Estado.

“Casi la mitad está en manos de empresas canadienses”, afirma Sacher, refiriéndose a 241 concesiones por 407.236 hectáreas asignadas a empresas con sede legal en Canadá hacia comienzos de 2011. La mayoría eran juniors, salvo Kinross e IamGold.

Sacher ve en ello una acción coordinada entre la diplomacia canadiense, las agencias de ayuda al desarrollo y las empresas. De hecho, afirma, “la vinculación se expresa simbólicamente hasta de manera caricatural: las oficinas de Kinross, que opera el proyecto Fruta del Norte,  están en el mismo edificio que la embajada canadiense en Quito. Kinross está un piso más arriba, por supuesto...”.

Un estudio elaborado por el propio Sacher y Alberto Acosta, exministro de Minería de Ecuador, cita fuentes según las cuales “la embajada  canadiense en Ecuador trabajó sin descanso por incidir en los cambios en la política minera (incluso facilitando encuentros de alto nivel entre empresas mineras canadienses y el presidente Rafael Correa)”.

Esta fiebre minera ha provocado enorme preocupación en las comunidades y grupos ambientalistas. A diferencia de Chile, donde las faenas se encuentran en zonas desérticas, Ecuador es un país densamente poblado y que alberga una enorme biodiversidad. Se agrega además la altísima pluviosidad tropical, que multiplica los riesgos de contaminación de ríos y napas. El problema de las aguas de contacto, que provocó la crisis que enfrenta Barrick en Chile, podría convertirse en Ecuador en una pesadilla nacional.

“Lamentablemente en Ecuador luchamos contra el estigma, la creación de un imaginario en el conglomerado social es simplemente la minería ilegal”, admite Santiago Yépez, presidente de la Cámara Nacional Ecuatoriana de Minería, que agrupa a las grandes empresas que operan en el país. “En el pasado esta minería no ha tenido los cuidados medioambientales y la gente cree que eso es minero, pero hoy las regulaciones son extremadamente fuertes y el sector privado está dispuesto a cumplir a cabalidad estos requerimientos”.

Respecto a la presencia extranjera, Yépez admite que “el capital canadiense está muy interesado en venir a Ecuador. Más que poner etiquetas de canadiense o chino, hay muchos empresarios interesados en venir esperando la clarificación de las condiciones.”

Se refiere a las normas para caducar una concesión, el nivel de regalías, el impuesto a las utilidades y a los ingresos extraordinarios, factores que han retrasado la firma de los contratos más emblemáticos. “La estabilidad legal y tributaria es una señal importante que la valoramos muchísimo”, afirma Yépez.

Como la gran parte de las empresas que operan en el país son juniors, cabe esperar un acelerado proceso de consolidación en los próximos años y un rastro no menor de conflictos ambientales. Sacher cita una cifra clave: un proyecto de cada 100 o de 500 termina finalmente siendo explotado. “Cuando encuentran algo, las juniors se venden a empresas majors, y en el caso de América Latina hemos observado que las juniors canadienses se han vendido a empresas paraestatales chinas”, explica. En el caso ecuatoriano el ejemplo máximo es la compra de Corriente Resources por el consorcio CCRC-Tongguan, que opera el proyecto Panantza San Carlos.

En la vecina Colombia la situación  parece aún más delicada, pues a la fragilidad de los ecosistemas se suma el explosivo contexto social y político: la presencia de grupos ilegales. “En el gobierno anterior (Álvaro Uribe) se entregaron títulos mineros en todo el territorio nacional, incluyendo en sitios que de por sí son ilegales,  como en parques nacionales -que al final no van a tener ningún  efecto-  pero que indican el enorme desorden”, afirma en Bogotá el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra.

Parte del problema, según Rodríguez, reside en el código minero. “Dice que el Gobierno puede declarar zonas mineras como de interés nacional,  y quiere decir que por encima de todo se puede hacer minería en cualquier sitio, inclusive en zonas agrícolas a largo plazo”, afirma.

Según denuncias de ONG canadienses, en el código colombiano también participaron consultoras y recursos económicos de asistencia técnica, aunque estas acusaciones no han podido ser confirmadas. Sí es demostrable el enganche de ex funcionarios de gobierno en los directorios de algunas majors que cotizan en Toronto: es el caso de la excanciller María Consuelo Araújo, hoy presidenta de la Gran Colombia Gold Company, que opera los proyectos auríferos Marmato, Segovia y Zancudo.

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El tercer país

Así define el periodista y exdiputado argentino Miguel Bonasso a Pascua Lama, el proyecto de Barrick Gold donde se separan las aguas entre Chile y Argentina. En su libro de investigación y denuncia titulado El Mal, escribe: “No hay aduanas, no hay fuerzas armadas, ni gendarmería, ni carabineros. Allí el poder de policía lo ejercen las agencias de seguridad de Barrick”.

Más allá de ello, Pascua Lama es una confirmación tácita de la acción coordinada entre empresas y diplomacia canadiense, pues el proyecto requirió nada menos que un tratado firmado a mediados de los 90 por los presidentes Menem y Frei. Pero había otro problema a sortear: el glaciar. Barrick ofreció trozarlo y cambiarlo de lugar, pero las autoridades chilenas lo rechazaron. La empresa presentó un “proyecto modificado”, que el gobierno de Ricardo Lagos aprobó en uno de sus últimos actos administrativos.

“El 75% del mineral aurífero se saca de Chile, pero el 90% del agua se saca de la parte argentina”, afirma Miguel Bonasso desde Buenos Aires, rechazando que la paralización chilena no afecte las obras en Argentina.

Bonasso cree que para Cristina Fernández un retroceso del proyecto Barrick “sería catastrófico, porque, después de la retirada de la minera Vale, le complicaría los planes de generar caja fácil”.

Daniel Taillant, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), se queja de la falta de transparencia: a Barrick se le cae un vaso de agua en Chile y se sabe rápidamente; en cambio, en Argentina el acceso a la información no es tan fácil: “Yo tengo pedidos de información hace un año en San Juan y aún no pasa nada. Y los estados de impacto ambiental no se publican o cuesta mucho obtenerlos”, dice.

Un informe de la Unidad Especial de Auditoría Medioambiental de la gobernación provincial afirma: “No se han identificado y cuantificado impactos ambientales potenciales o generados sobre glaciares o ambiente periglaciar”. Sin embargo, hay un documento redactado por el investigador italiano Flaviano Bianchini, en base a informes de calidad de aguas e informes anuales de monitoreo generados por la misma Barrick, y en donde esto se contradice. Habría drásticos aumentos de plomo, mercurio, arsénico y aluminio tanto en Pascua Lama como en Veladero, el otro proyecto minero de Barrick en Argentina.

El fallo chileno, según cree Bonasso, es importante para Argentina, porque establece que Barrick “ha estado actuando en estas zonas”, refiriéndose a las zonas de glaciares y periglaciares, donde la actividad minera está prohibida. La ley es retroactiva y por ello Barrick pidió una medida cautelar contra ella por considerarla inconstitucional.

En contraste con lo que ocurre en Argentina, el gobierno de Sebastián Piñera ha dotado a laSuperintendencia de Medio Ambiente chilena de nuevas potestades, unificando en ella la capacidad de fiscalizar proyectos de esta envergadura e imponer multas contundentes. Si se suman todas las faltas graves detectadas por el Fiscal Instructor, la cuenta puede subir a varios millones de dólares. ¿Pero llegará a clausurar el proyecto, aprobado por los gobiernos de centroizquierda  anteriores? Una fuente gubernamental chilena consultada por AméricaEconomía en Chile lo ve poco probable. “La obra ya está, ya tiene pasivos ambientales considerables y la empresa tiene que hacerse cargo de ellos”, afirma.

Pero Barrick podría verse obligada a bajar la cortina. Al cierre de esta edición la empresa celebraba su junta anual de accionistas en Toronto, y el periódico The Globe and Mail recogió estas sorprendentes declaraciones de Peter Munk, su fundador y presidente: “Estamos en una tormente perfecta... Nos disparamos en las piernas, podríamos haber mantenido una excelente posición financiera y no haber iniciado Pascua Lama”.

Expertos consultados por el mismo periódico señalaron que la impasse chilena podría tomar al menos seis meses en resolverse y costarle a Barrick unos US$ 500 millones, en momentos que “el mundo no necesita otra mina de oro”.

Mientras tanto, la filial sudamericana de Barrick estaba en modo crisis management y control de daños. AméricaEconomía contactó a Barrick para este reportaje, pero los ejecutivos regionales, a través de la vocera para Sudamérica, declinaron hablar. Al día siguiente presentaron su renuncia el presidente Guillermo Calo, el director de operaciones Robert Mayne-Nicholls y el vicepresidente de asuntos corporativo Rodrigo Jiménez. Y se nombró como vicepresidente adjunto para Chile a Marcelo Awad, un hombre que conoce como pocos los pasillos de la política minera del país. La señal habla de una nueva etapa en este juego de  póker, Canadian Style.

*Este reportaje fue escrito en colaboración con Gonzalo León en Buenos Aires y Susan Abad en Bogotá.