Mientras el sindicato de la ex Pluna negocia con el gobierno los últimos detalles para acceder al préstamo y los contratos que le permitan a la nueva aerolínea Alas-U comenzar a volar antes de diciembre, un grupo de 125 trabajadores de la compañía cerrada en julio de 2012 –en su mayoría pilotos–, presentó una demanda judicial contra el Estado en donde reclaman en total más de US$10 millones.

Recurren contra el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Pluna Sociedad Anónima y Pluna Ente Autónomo. Según pudo saber El Observador, la demanda fue presentada luego de la feria judicial menor de la primera quincena de julio, y la patrocinan dos abogados del estudio Herbert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal.

La situación genera inquietud en el Poder Ejecutivo, ya que se entiende inoportuno que haya una demanda cuando se negocian apoyos para que comience a funcionar la nueva aerolínea.

El reclamo no lo realizó el sindicato de trabajadores ni pilotos de forma institucional, sino que fueron ex empleados que se agruparon para recurrir.

Una fuente del sindicato de extrabajadores de Pluna, que administra la empresa Alas-U (Dyrus Sociedad Anónima) dijo a El Observador que hasta este viernes procuraban información del caso para determinar si existen integrantes del proyecto dentro del grupo de demandantes.

De ser así, agregó el mismo informante, se le solicitará al trabajador que desista de su reclamo al Estado, o bien será desplazado del emprendimiento. El gremio entiende incompatible que mientras se negocia con el Estado un apoyo a la nueva aerolínea exista una demanda contra el Estado.  Este viernes, el directorio de Alas-U se reunió para analizar el tema.

El apuro de la temporada. A fines de junio, al filo del plazo establecido por la ley para que los ex trabajadores tengan prioridad de uso sobre los siete aviones de Pluna, el gobierno y el sindicato firmaron un memorándum de entendimiento (listado de intenciones). Allí, el Poder Ejecutivo se comprometía a ceder sin costo tres aviones Bombardier durante tres años, y desde el cuarto la nueva aerolínea comenzaría a pagar en cuotas anuales las aeronaves a un precio de US$46 millones.

De forma paralela, el Fondo de Desarrollo (Fondes) daría un préstamos reembolsable por US$15 millones para que la empresa comience a funcionar.

El Fondes es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo que se financia con 30% de las utilidades del Banco República (BROU). Lo administra un directorio que integran el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, el asesor presidencial Pedro Buonomo, y el director de Industrias Sebastián Torres. Apoya económicamente proyectos gestionados por los trabajadores, sobre todo aquellos proyectos que recuperan empresas fundidas.

Los ex trabajadores de Pluna también negocian de forma paralela el alquiler de una o dos aeronaves más con el fabricante Bombardier para completar la flota. Se trataría de aviones con menos asientos que los Bombardier CRJ 900 NextGen que formaban parte de la aerolínea cerrada el año pasado.

El sindicato espera culminar rápidamente todos estos temas, para empezar a vender pasajes. Resulta de vital importancia para el negocio aeronáutico iniciar las operaciones en temporada estival. Y para que ello ocurra la nueva aerolínea tiene que comenzar a vender pasajes cuanto antes. Cada semana que se postergue el negocio compromete aun más el comienzo a tiempo.

El plan de negocios original de Alas-U tuvo que ser modificado varias veces. Según la última versión, intentarán al inicio cubrir las 60 frecuencias semanales del puente aéreo hacia Argentina (Carrasco-Aeroparque) que le pertenecen a Uruguay por convenio binacional, y sumar vuelos a destinos en Brasil y Chile.

La nueva aerolínea tiene, además, otros frentes que atender. Los horarios de las frecuencias –sobre todo hacia Aeroparque– son clave para que los vuelos sean rentables. Cuando cerró Pluna, en julio de 2012, el puente aéreo lo cubrió rápidamente Aerolíneas Argentinas, junto a la aerolínea de bandera uruguaya BQB. Allí se tomaron los horarios más redituables, y ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debería ceder para que Alas-U tenga futuro.

Los juicios y la esperanza. En el gobierno tienen claro que el peligro de embargo de los siete aviones Bombardier en aeropuertos del exterior existe. Hay informes jurídicos que así lo indican. Pero los trabajadores confían en que no será un impedimento para que Alas-U pueda volar sin problemas. En el acuerdo entre el Ejecutivo y el sindicato, el PIT-CNT se comprometió a dialogar con centrales obreras de la región para que los trabajadores no interpongan demandas judiciales contra la nueva empresa. Este aspecto es, como otros, una aspiración librada a la esperanza y la voluntad de terceros.