Investigación de Marina Amaral. “Hay que dejar el agujero por donde se escape el ratón. No lo podés acorralar. Eso aprendí en el ejército”. La frase cruda expresa la revuelta de André Luis Costa de Almeida, de 40 años, al argumentar por qué decidió revelar lo que sabe sobre la vigilancia y la inteligencia de Vale S.A, donde trabajó por ocho años.

Los dos primeros años trabajó como tercerizado y después como empleado del Departamento de Seguridad Empresarial. André era el responsable por el servicio de inteligencia y gestor de contratos de la Vale con empresas tercerizadas cuando lo echaron, en marzo de 2012.
“Yo quise dialogar. Mandé e-mails y nada: ellos prometieron que no me echarían por justa causa, después volvieron atrás, después dijeron que mantendrían secreto sobre el tema, pero llamaron a mi nuevo jefe para decir que mi presencia traería dificultades a su relación comercial con la Vale. Tuve que salir. No podía perjudicarlo. Ahora no me importa nada: sólo quiero que la verdad se dé a conocer”. Esta afirmación fue hecha ya en su primer encuentro con la Agencia Pública de Periodismo, en el último mes de mayo.

En 18 de marzo de 2013, un año después de su despido, André Almeida presentó una denuncia formal al Ministerio Público Federal de Brasil, afirmando que: “participaba de reuniones, recibía informes y era informado formal e informalmente de diversas situaciones que considero antiéticas, en contra de las normas internas y/o ilegales, asumiendo que ‘por presión sobre mi empleo’, me sujeté a ejecutarlas”.

André presenta pruebas financieros que demuestran cómo Vale contrató algunos servicios de la empresa de inteligencia Network, de Río de Janeiro, como por ejemplo: la infiltración de agentes en movimientos sociales (en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará y Maranhão); el pago de coimas a funcionarios del Estado (para obtener informaciones de apoyo a las “investigaciones internas”, en la Policía Federal y en órganos de la Justicia en Sao Paulo); levantamiento de informaciones bancarias y de las declaraciones de renta (de empleados y hasta mismo directores); interceptaciones telefónicas (como, por ejemplo, a la periodista Vera Durão, cuando ella trabajaba en el periódico Valor Económico), “dossier de políticos” (con informaciones públicas y “otras conseguidas por medios no públicos” sobre políticos y representantes de movimientos sociales).

Rechazando el agua y el café ofrecidos en un bar del Aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, y atropellando sus frases, André contó la historia de cómo ingresó en Vale S.A. después de estar ocho años en el ejército. Él fue invitado por Ricardo Gruba, que tiempos después se hizo director del Departamento de Seguridad Empresarial de Vale. Este departamento es la central de espionaje de Vale, que emplea cerca de 200 personas y utiliza casi 4 mil tercerizados (los números fueron entregados por André; la Vale no publicita esos datos). André se responsabilizó personalmente por la instalación de interceptaciones en los teléfonos de dos empleados, uno de ellos, el gerente general de Prensa, Fernando Thompson, y reveló la existencia de una serie de dossiers en contra de líderes sociales, como el abogado Danilo Chammas y el cura Darío, de la Red Justiça nos Trilhos, de Açailândia, en el norteño estado de Maranhão; el premiado periodista Lúcio Flávio Pinto, crítico feroz de la actuación de la empresa en el estado de Pará, también ubicado en el norte de Brasil; Raimundo Gomes Cruz Neto, sociólogo y agrónomo del Cepasp (Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e Popular), en la ciudad de Marabá, también en el Pará; Charles Trocate, líder del MST y hasta de la presidenta Dilma Roussef, cuando ella era ministra de Minas y Energía. “Algunas informaciones, como esas sobre Dilma eran obtenidas por medio de datos públicos, noticias de periódicos o redes sociales, pero otras se conseguían por medio de espionaje, incluyendo la de los infiltrados”, detalla André Almeida.

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Sobre los comprobantes financieros entregadas por André al Ministerio Público Federal de Brasil, nos explica que éstos le eran entregados por Network como registro de los servicios que tendrían que ser pagados por Vale. Estos servicios no constaban en los comprobantes emitidos por el Departamento de Suministros de Vale, que ignoraba la naturaleza exacta de los servicios prestados. "Era mi función recibir esos datos y analizarlos junto a los solicitantes (de Vale). Mas allá de los ya fijos, otros datos eran solicitados de manera directa por los integrantes del Departamento de Seguridad Empresarial, sin que yo lo supiera", explica.

Los datos de Network eran comparados con los datos presentes en los documentos preparados por los funcionarios de Vale que solicitaban de los servicios, una dinámica reforzada por un e-mail de octubre de 2011 del director de Seguridad Empresarial, Gilberto Ramalho (que substituyó a Gruba en 2011), "pretendiendo un mejor control sobre los servicios llevados a cabo por Network", que daba instrucciones de cómo se tenía que llenar los documentos.

"Un ejemplo de pedido directo (a Network) fue la infiltración de un agente en el movimiento Justiça nos Trilhos, del gerente General de Seguridad Norte, Roberto Monteiro", dice mostrándonos un recibo de pago de junio de 2011 por un total de R$247.807,74 (más de US$110.000) a Network. En la rendición de cuentas de la Oficina Norte (Pará y Maranhão), en el ítem "Red Açailândia", se verifica el gasto de R$1.635,00 relacionados con el "reclutamiento de un colaborador de nivel superior, en fase experimental, para actuar junto a Justiça nos Trilhos y a otras actividades de los MS (Movimientos Sociales) en Açailândia/Maranhão".

Un paréntesis necesario: el plan de Vale se divide en Sistema Norte y Sistema Sur. El Norte abarca toda una región que va de las minas de Carajás hasta el terminal de exportación de la Vale próximo a São Luís, capital del estado de Maranhão. De las minas de Carajás se extraen 90 millones de toneladas de mineral de hierro de alta calidad, exportado para Asia por el complejo ferrocarril-portuario Estrada de Ferro Carajás. El Sistema Sur tiene como centro la extracción de mineral en el estado de Minas Gerais, ubicado en el sudeste de Brasil y vecino a los importantes estados de Sao Paulo y Río de Janeiro. Allí se ubica más de la mitad de la producción total de la Vale, desplazada por la Estrada de Ferro Minas-Vitória hasta el puerto de Tubarão, en el estado de Espírito Santo.
Bajo la visión de la seguridad de la Vale, la oficina Norte es más problemática porque abarca un territorio muy extenso. Entre la zona de extracción y el puerto son casi 900 kilómetros cruzando territorios indígenas, quilombolas y de otras poblaciones tradicionales. Por eso fue allí que el actual director de Seguridad Empresarial de la Vale, el aviador Gilberto Ramalho, empezó a montar el modelo de vigilancia de la empresa aún en la dictadura militar, cuando todavía era gerente y el polo exportador en Amazonia empezó a funcionar, en 1985.

En ese momento, por causa de la presencia intensa de "garimpeiros" (mineros artesanales), madereros, usurpadores de tierra y pistoleros y la violencia permanente, algunos "hombres de visión", como Tolentino Marçal, empezaron a "profesionalizar" esas milicias por medio de empresas de seguridad. La empresa de seguridad de Marçal, llamada Sacramenta, trabajó para la Vale hasta hace algunos años, cuando un enorme pasivo laboral de la empresa (más de 5 millones de reales) y episodios con vigilantes armados y de sospecha de desviación de armas hicieron que Vale reemplazara a Sacramenta por Network. Sin embargo, algunos "informantes" independientes de Sacramenta y de otras empresas tercerizadas siguieron haciendo servicios para Vale por medio de Network en las ciudades de Marabá, Barcarena, Parauapebas y Belo Horizonte. Sus pagos se encuentran registrados en comprobantes como la red ABC, de Barcarena (R$4.563,00 reales); "un colaborador y agente" en la red Marabá (R$3.381,68 reales) y en la red Carajás/Parauapebas (R$7.754,11 reales). Todas estas ciudades se ubican en el norteño estado de Pará, con excepción de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.

"Son herencias que Network se vio obligada a asumir, pues los 'caracubierta' estaban en esa situación complicada hacia muchos años en otras empresas tercerizadas de vigilancia. La muy alardeada reorganización de la Seguridad Empresarial hecha por la actual gestión, simplemente cambió al director (Gruba por Ramalho). Todos los demás integrantes, propios o tercerizados, siguieron haciendo lo que siempre hicieron", dice él.

Ramalho es uno de los empleados más antiguos de la Vale y sigue influyendo en la región. Según André Almeida, aunque estuviese actuando como gerente en otra provincia cuando ocurrió la Masacre de Carajás, en 1996, tuvo que haber sido él el negociador del operativo policial que asesinó a 19 "sin tierra". En las actas del proceso jurídico que investiga la masacre, Vale es nombrada como la financiadora del operativo, que tenia por objetivo liberar la pasada de los camiones de la empresa en una ruta obstruida por una protesta de los "sin tierra", que fueron atacados por la policía (las minas quedan a 90 kilómetros del lugar de la masacre).

El Movimiento Sin Tierra aún es el principal blanco de la seguridad de Vale, al lado de la Red Justiça nos Trilhos, que tiene sede en Açailândia, en el estado de Maranhão. Esa red aglutina varias organizaciones de derechos humanos en defensa de la población afectada por las actividades del polo exportador de mineral de hierro. Tiene más de dos años la batalla judicial entre la Red y la Vale. La Red accionó al Poder Judicial en contra de la ampliación del ferrocarril destinado a transportar la producción de las minas de Carajás, actualmente en expansión. La ampliación del ferrocarril se realizó a través de autorizaciones ambientales irregulares, impactando la vida de comunidades que viven alrededor de la vías del ferrocarril, por donde pasan gigantescos trenes, de nueve a doce veces por día, cruzando reservas ambientales y territorios indígenas y de población afro brasileña.

Los accidentes ferroviarios motivan las protestas. Las vías no tienen protección ni pasarelas en gran parte de su extensión. El mismo demostrativo financiero incluye R$1.360,00 reales para "gastos con el envío y manutención de un agente, de Belém a Marabá, para la Operación Trilho, en Marabá, en los días 12, 13, 14 y 15 de mayo", días en que las protestas por el atropellamiento con muerte de un anciano bloquearon la Estrada de Ferro Carajás, de la cual Vale es concesionaria.

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EL CORONEL PREMIADO DE VALE/NETWORK

En la oficina Sur, centralizada en Belo Horizonte, quien orientaba los servicios de inteligencia de Network era el coronel retirado Roger Antonio Souza Matta, un ex gerente de seguridad de Vale que salió de la empresa en 2009, tras una crisis económica. "Él no necesitaba de ese trabajo y se ofreció para salir, evitando que otros fueran echados. Él pasó a trabajar para Network", explica André. "Era como un papá para nosotros", agrega.

Premiado con la medalla de Pacificador del Ejército en 2010, y persona influyente en Minas Gerais, el coronel Roger da clases de especialización en inteligencia en la Fundação Escola Superior, del Ministério Público de Minas Gerais y es el jefe de la Assessoria de Integração das Inteligências do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). Después de informar por teléfono que no conocía el departamento ni al coronel, la SEDS confirmó el puesto y el nombre del coronel por medio de un e-mail de su asesoría de prensa, pero no pasó el contacto del coronel. La Agencia Pública de Periodismo intentó comunicarse con el coronel muchas veces y de distintas maneras, por medio de su e-mail personal y por números de teléfonos que constan en la guía telefónica de Minas Gerais.

Cuando este tema fue abordado con Marcelo Ricardo Roza, director de Network e hijo del militar que fundó la empresa, hoy fallecido, afirmó que "ni conocía al coronel" y que él "no hacia ningún tipo de trabajo a la empresa", aunque él es citado en más de un e-mail intercambiado con el Departamento de Seguridad de Vale como el responsable de Network por el monitoreo de los movimientos sociales, fundamentalmente en Minas Gerais.
En un e-mail enviado el 9 de enero de 2011 a los empleados de la seguridad, el entonces gerente general de Seguridad Empresarial del Sistema Sur, Orlando Sá, orienta: "aprovecho la oportunidad para ratificar la recomendación ya realizada de que ninguno de nuestros integrantes (propios y/o terceros) podrá ser utilizado en el "levantamiento de informaciones de campo", que tendrá que ser realizado por el equipo del Coronel Roger (Net Work)".

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Entre los miembros de ese equipo estaba el capitán de mar y guerra Mauro Paranhos, que en un e-mail enviado el 16 de agosto de 2010 alerta a Ricardo Gruba, entonces director de Seguridad Empresarial de la Vale: "en Río de Janeiro, en una reunión sobre el Plebiscito Popular por el Límite de la Propiedad, que se realizará en ocasión del Grito de los Excluidos de 2010, se divulgó que en los días 18, 19 y 20 de agosto, el MST hará agitación y propaganda por la Reforma Agraria y en contra del agronegocio. El Plebiscito Popular también será uno de los temas de que se tratará".

Con el mismo propósito, otro e-mail del analista de la Vale, Manoel de Oliveira Filho, sobre actividades del MAB (Movimiento de los Afectados por Represas), en la ciudad de Itueta, en la Estrada de Ferro Vitória-Minas, cita al coronel: "André, insertaré datos en el Omega (el sistema de informática utilizado por la seguridad). Solicito el apoyo del Coronel Roger en el acompañamiento de las acciones de los movimientos sociales que representan amenazas a los sitios de la Vale en Minas Gerais, y en especial en la capital de ese estado, Belo Horizonte".

Los demostrativos financieros con los gastos de Network muestran también que la empresa pagaba una dupla de agentes contratados en Belo Horizonte por un monto de alrededor de 15 mil reales (más de US$6.800): "valor mensual, incluyendo salario, plano de salud, gastos de transporte y alimentación, todos los derechos laborales, alquiler de autos de acuerdo a los patrones de la Vale (los autos de la empresa, alquilados, tienen símbolo y códigos que identifican cuáles recorridos están autorizados a utilizar dentro de las plantas de la empresa), cuota y control de combustible (en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais)". Según la denuncia formal de André Almeida, presentada al Ministerio Público Federal de Brasil, los dos agentes (uno de esos agentes se llamaba Rubinho): "ejecutaban acciones fuera de lo programado por su contrato de trabajo".

También hacían parte de los servicios de Network los informes semanales de inteligencia sobre los movimientos sociales; los análisis de LDB (Levantamientos de Datos Biográficos) sobre trabajadores recién contratados (según André, con datos sobre antecedentes criminales obtenidos de manera ilegal); levantamiento de datos de empresas que trabajan con la Vale; informes sobre los movimientos sociales con fotos de carteles, reuniones (con un círculo en el rostro de líderes que tenían que ser identificados), informes sobre protestas callejeras y "actualización de actores seleccionados" (los dossiers), algunos hechos con ayuda de infiltrados que, según la denuncia al Ministerio Público Federal incluían, más allá de los casos citados: "un individuo que dispone de informaciones anticipadas y fotos de reuniones", en el Asentamiento Palmares II (del MST, en Parauapebas, estado de Pará); "un individuo de nombre Braz", ex integrante del Ministerio de la Marina en el MST de Río de Janeiro; "un informante con buenas relaciones" en la alcaldía de Parauapebas (municipio que más recoge impuestos de Vale por el hecho de que la empresa tiene la sede de las minas de la Floresta de Carajás en su territorio), y "una funcionaria o concejal" en la Cámara Legislativa Municipal de Anchieta, en el estado de Espírito Santo. En ese municipio, la Vale tenía problemas para obtener licencias ambientales del proyecto siderúrgico Ubu, las que al al final fueron conseguidas al año siguiente.

El comprobante financiero de abril de 2010 también cita el pago de un "informante quilombola (afro brasileño)" por R$1.000,00; el levantamiento "de la actual dirección del comité Carajás y la apertura del histórico de sus nueve miembros"; "el levantamiento de los nombres de los 16 integrantes del Movimiento de los Afectados por la Vale de Minas Gerais".

Desde el punto de vista legal, la infiltración más grave ocurrió "en diversos órganos del Tribunal Regional del Trabajo en Sao Paulo, en comisarías del estado de Sao Paulo y en la Superintendencia Regional de Trabajo y Empleo de Sao Paulo". El objetivo era: "verificar la autenticidad de un documento de penalización a la empresa ALL Malha Paulista, por utilizar trabajo esclavo". Según esa misma declaración, Network pidió R$7.750,00 por el servicio de espionaje a órganos públicos sobre esa empresa ferroviaria, conectada a intereses de Vale en el sector.

Otra del mismo género, que consta del anexo 2 enviado al Ministerio Público Federal, se refiere a un informe de 13 de septiembre de 2010, que costó R$10.240,00 (más de US$4.600) y está descripta como "Operación de inteligencia en San José de los Campos (estado de Sao Paulo) e infiltración en el sector regional del Departamento de la Policía Federal local para el levantamiento de los datos que dieron base al proceso (ya archivado por el Ministerio Público) de estafa en contra de un empresario cercano a Vale, cuyo comportamiento se está cuestionando. Contactos y levantamientos junto a la Obra Social Magnificat, víctima de la estafa del citado empresario".

Ese documento sirvió de base para la única denuncia de hecho investigada hasta este momento por el Ministerio Público Federal: la de soborno de agentes federales, sobre la cual André fue requerido después de un pedido del Ministerio Público Federal de São Paulo (donde habría ocurrido la ilegalidad), hace un mes. Las demás acusaciones fueron enviadas  por el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro al Ministerio Público Estadual de Río de Janeiro, para verificar si hay indicios de crímenes de competencia de la Justicia Estadual. A su vez, el MPE de Río de Janeiro envió las denuncias a la 5a Comisaría de Policía de Río de Janeiro para que investigue. Esto se hizo el 12 de junio de 2013.

El “PRODUCTO” MPSI Y LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS, SOCIALES E INDÍGENAS

La Agencia Pública de Periodismo tuvo acceso a fotos e informes hechos a partir de la infiltración en otros movimientos sociales como el Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais; los ambientalistas del Pó Preto (Polvo Negro), del estado de Espírito Santo; los movimientos sociales de habitantes y pescadores de la Bahía de Sepetiba, en la ciudad de Río de Janeiro, donde se ubica la TKCSA (Compañía Siderúrgica del Atlántico). La TKCSA es una sociedad compartida entre Vale y la empresa alemana Thyssen-Krupp, que puso en venta su parte, pero no consiguió posibles compradores. La contaminación causada por ese emprendimiento redundó en protestas incluso en una Asamblea de los Accionistas. El funcionamiento de la TKCSA causa lluvia ácida y presencia de residuos tóxicos en el aire, generando graves daños a la salud, como confirmó una investigación de la respetada Fundación Fiocruz/Manguinhos.

Esos informes eran realizados por el Departamento de Seguridad conjuntamente con las tercerizadas y eran presentados a la totalidad de la empresa como "un producto" (así como el combate al fraude) bautizado MPSI (Monitoreo de Movimientos Políticos, Sociales e Indígenas), con informes hechos semanalmente por Network y, en los casos destacados, con la presentación de mosaicos (como eran llamados los "casos" que merecían mayor profundización) al director del departamento y también en reuniones más generales. "Tanto Gruba como Gilberto presentaban esos mosaicos en reuniones de la dirección para hacerse notar, para justificar las PRs (Participación en los Rendimientos, ofrecidas a los que cumplen metas). Pero yo nunca vi, sólo oía los comentarios y recibía las felicitaciones", recuerda André Luis Costa de Almeida.

La Agencia Pública de Periodismo obtuvo alguno de esos mosaicos, entre ellos el de la Caravana de Minas Gerais en el marco del I Encuentro de los Afectados por la Vale, ocurrido en abril de 2010. Allí se identifican líderes sindicales y decenas de fotos de reuniones cerradas y en las calles (el fotógrafo es percibido como alguien del movimiento). En algunas fotos se posa directamente para la cámara fotográfica, certificando la información de algunos de los personajes retratados de que el agente de Network se había presentado como periodista. Hay fotos de ese tipo que documentan la protesta del Movimiento de los Afectados por Vale en frente a la casa de Roger Agnelli, ex presidente de Vale.
También se evidencia la proximidad de la empresa con los aparatos públicos de seguridad y la exagerada reacción respecto de las manifestaciones populares, como ocurrió en el caso dado a conocer como "Misión Outdoor", cuando una protesta organizada por el movimiento "Pó Preto" (Polvo Negro), del estado de Espírito Santo, hizo reclamos en contra de la comprobada emisión de contaminantes por el complejo siderúrgico de Tubarão. En esa protesta, ocurrida en 2012, los manifestantes pintaron outdoors de la Vale (se suele llamar outdoor en Brasil a grandes paneles callejeros de propaganda). Los funcionarios de la empresa empezaron una investigación y movilizaron órganos policiales para encontrar "a los culpables".

Un e-mail enviado a Eugênio Fonseca, del departamento de Pelotização en el Espírito Santo, por el entonces secretario de medio ambiente de Vila Velha (alertando para una protesta de habitantes de Playa de las Gaivotas en contra las operaciones de dragado de la empresa que estaban ensuciando las playas del municipio), pone en evidencia la relación privilegiada entre la empresa y la alcaldía. Prevenidos, los funcionarios de la seguridad acompañaron y fotografiaron la protesta, que tenia un poco más de 30 personas. Con esas informaciones produjeron un mosaico, que fue presentado a la dirección.

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¿ANTIÉTICO O ILEGAL?

La hostilidad de Vale con relación a los movimientos sociales y sindicales no es novedad y no puede ser solamente atribuida a antiguas direcciones de la empresa. De hecho algunas ilegalidades fueron extinguidas, como la utilización de policías en la seguridad del presidente de la compañía, como ocurría en la gestión de Roger Agnelli.

En 2011 y 2012, la empresa fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo por el Sindicato Sindiquímica de Paraná, estado del sur de Brasil. Los trabajadores denunciaron a Vale por prácticas antisindicales y eso ocurrió en la actual gestión de Murilo Ferreira. De acuerdo con Gerson Castellano, presidente del sindicato, se denunciaron intimidaciones hechas por el responsable de Relaciones Laborales de la empresa en reuniones del Sindquímica de Paraná, seguidas por disparos en los vidrios del edificio del sindicato y efectuados por no identificados. Eso ocurrió en agosto de 2012, después de la reelección en el sindicato del grupo que se oponía a la empresa.

Más allá de eso, los contratados de Network "siguen haciendo lo que siempre hicieron" y la seguridad de Vale también, dice André, lo que incluye espionaje a los movimientos sociales, interceptaciones telefónicas y revisiones en cajones y computadoras de los empleados (según la denuncia: "hackeados por seguridad"), entre otras acciones para tener justificaciones para despidos. Este tipo de despido es calificado por la empresa como "recuperación de activos", ya que se economiza plata de la empresa destinada a indemnizaciones. Ese dato fue confirmado por otros ex empleados que no quieren identificarse. Vale es una de las más denunciadas a la Justicia del Trabajo y, en febrero último, fue condenada por acoso procesal (utilización abusiva de recursos legales para defender sus intereses) por el juez Hudson Teixeira Pinto, de la ciudad de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais.
Sin embargo, para muchos especialistas consultados por Pública la infiltración y el monitoreo de movimientos sociales no es, jurídicamente, considerado crimen en Brasil. Es por eso que el Ministerio Público Federal de Rio de Janeiro investiga solamente la denuncia de soborno a Policías Federales. Tendría que investigar también las denuncias de interceptación telefónica, uso ilegal de datos de seguridad pública y uso ilegal de datos de la Recaudación Federal. Según el fiscal Ubiratan Cazetta, del Ministerio Público Federal de Pará, sin embargo, las denuncias de crímenes federales no necesitan de pruebas legales para que sean investigados. Para ello es necesario apenas que la denuncia sea hecha por alguien que tenga elementos para hacerla (proximidad de los hechos, por ejemplo) y contexto coherente.

Ese parece ser el caso del whistleblower brasilero, que llegó incluso a hacer denuncias por el canal reservado a esa finalidad en el sitio electrónico de Vale. En el pasado día 27 de agosto, André se ofreció para declarar como testigo en la causa laboral del ingeniero João Rabelo, echado por justa causa junto a su esposa, la abogada Katia Rabelo, en 2007. Su intención era confirmar el uso de datos de la Recaudación Federal en la investigación del "case", en el cual participó personalmente, y que dió prestigio (y Participación en los Resultados) para el equipo que supuestamente tendría detectado una sobrefacturación de R$34 millones (más de US$15 millones) en obras del complejo Brucutu, en Minas Gerais, y del cual Rabelo era el gerente general.

En enero de 2013, el ministerio de la Justicia de Minas Gerais absolvió a Rabelo de la acusación. Ese Ministerio también pidió archivar de esa causa abierta las denuncias contra Vale. En la sesión, André ni necesito declarar: el director de Vale, Luiz Carlos Rodrigues, declaró que la empresa había detectado "enriquecimiento ilegal" por parte del ingeniero después de analizar los datos de sus Impuestos sobre la Renta. Esos datos fueron obtenidos sin el conocimiento del empleado.
El caso que involucra a la segunda mayor empresa minera del mundo (que responde por 10% de las exportaciones brasileras) tuvo una aparición fugaz en el noticiero tras una denuncia hecha por André a la columna Radar, de la Revista Veja. Después de la publicación de la nota, el 25 de abril, el presidente de Vale, Murilo Ferreira, llamó a la prensa para una conferencía telefónica. Cuestionado sobre el tema por el periodista Rafael Rosas, del periódico Valor Econômico (que tuvo una periodista víctima de interceptaciones telefónicas en una investigación interna sobre la liberación de informaciones a la prensa), Murilo afirmó: "con relación a eso, de acuerdo con mi reunión con el presidente del consejo, Dan Conrado, nosotros decidimos que fuera hecha toda una evaluación para auditoria de la empresa (…). Una cosa quiero enfatizar: ese sector de la empresa fue reordenado, incluso el sector del cual hacia parte el señor André Almeida no existe más. Él fue despedido, y eso hay que decirlo. Yo no lo digo en el sentido de descalificarlo, por el contrario, creo que todas las denuncias deben ser investigadas, pero es la realidad de los hechos. El señor André Almeida fue despedido por justa causa por una larga e intensa utilización de la tarjeta corporativa en gastos personales", dijo, aunque la Justicia del Trabajo exija silencio sobre los motivos de despidos por justa causa, como enfatiza el abogado Ricardo Régis Ribeiro, que cuida de los procesos jurídicos de André. Uno por la reversión de la justa causa y otro por daños morales.

Según André, su jefe sabía que hubo "una equivocación" en la utilización de la tarjeta y esos gastos se descontaban todos los meses del salario de André cuando fue despedido. La noticia de que él había gastado 6 mil reales en una conocida casa de prostitución de Río de Janeiro en una única vez- también "se filtró" a la prensa. De acuerdo con una fuente consultada por Pública, André frecuentaba esa casa con el conocimiento de sus jefes para llevar invitados de Vale, fundamentalmente sindicalistas a quien la empresa quería "complacer".
Cuando le preguntamos, más de cuatro meses después (10 de septiembre) si quería comentar el tema y cuál había sido el resultado de la auditoria, la asesoría de prensa de Vale apenas respondió: "el resultado de la auditoria, como ya explicamos en otras oportunidades, cuando termine será o fue entregado (lo resaltado es de Agencia Pública) al Consejo de Administración, a quien el sector se reporta".

Con relación a la empresa Network, que según el denunciante era la responsable por la investigación de los empleados y de los "enemigos" de Vale en general, utilizando las formas citadas en la denuncia, el director Marcelo Ricardo Roza dijo en junio de este año, cuando Pública ya investigaba este caso, que la empresa no podría detallar los servicios hechos para Vale "por criterios de confidencialidad del contrato", que le rinde entre 180 y 400 mil reales (entre US$80 mil y US$180 mil) por mes, de acuerdo con los recibos de pago. El 09 de septiembre Ricardo Roza fue avisado de que Pública disponía de nuevos documentos. En ese momento estaba viajando y llegó a confirmar una entrevista por Skype para los días 10 u 11 de septiembre. Esa entrevista no se concretó.

En una entrevista concedida en junio, el dueño de Network confirmó que André Almeida era el gestor del contrato de Vale, pero se preocupó en negar perentoriamente las interceptaciones telefónicas, el quiebre del secreto bancario y el acceso a datos protegidos del gobierno federal en el Infoseg (órgano que centraliza las informaciones criminales de los órganos de seguridad del país y el cual sólo puede ser accedido por ellos) y de la Recaudación Federal. Todos esos son crímenes federales según la legislación brasilera. Pero, aunque no haya confirmado la investigación de los movimientos sociales, dijo que ese tipo de trabajo no constaba entre las prohibiciones éticas de su empresa, porque no era un delito penal.

Para mi sorpresa, él tenía razón.