Quito, Xinhua. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, enfrentaba este viernes una serie de críticas y amenazas de protesta de sectores indígenas y ecologistas tras su decisión de explotar millonarias reservas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, declarado como Reserva Mundial de Biósfera por la Unesco.

La víspera en un mensaje televisado a la nación, el mandatario informó que se explotarán 920 millones de barriles de petróleo en el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), situado en el Parque Yasuní, en la Amazonía, tras fracasar un proyecto que buscaba dejar el petróleo bajo tierra.

Para ello, anunció que pedirá la autorización de la Asamblea Nacional (Congreso) para realizar la actividad extractiva que afectará al uno por 1.000 del Parque que abarca más de un millón de hectáreas.

Correa, quien tildó de dura, pero necesaria la decisión, afirmó que ésta obedece al escaso respaldo de la comunidad internacional a la que se pidió aportar a manera de compensación US$3.600 millones a cambio de inexplotar el crudo.

De esa cifra, el país apenas recaudó US$13,3 millones que representan el 0,37% de lo esperado, segun el gobierno.

El aborigen, Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, unas de las principales organizaciones indígenas, pidió al gobierno realizar una consulta popular para que el pueblo, en las urnas, decida sobre la explotación del crudo en la zona de alta biodiversidad.

Reacciones. Los ambientalistas, que tras el anuncio desataron una ola de críticas en las redes sociales, hicieron hoy público su rechazo a la medida. La activista, Esperanza Martínez, de la organización Acción Ecológica, sostuvo que la explotación del ITT "perjudicará la riqueza biológica del área" y alterará la vida de los pueblos indígenas no contactados que habitan en la zona: tagaeri y taromenane.

"Pedimos que se mantenga el área intangible del Parque sin explotar y proteger a los pueblos en aislamiento voluntario", dijo la activista.

Por su parte, sectores sociales y movimientos indígenas, opositores del gobierno, se declararon en movilización permanente y anunciaron protestas en caso de que el Legislativo autorice la explotación.

El aborigen, Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, unas de las principales organizaciones indígenas, pidió al gobierno realizar una consulta popular para que el pueblo, en las urnas, decida sobre la explotación del crudo en la zona de alta biodiversidad.

"Que se llame a consulta popular, si los ecuatorianos deciden la explotación del Yasuní que haya explotación, caso contrario, eso (el petróleo) quede en la zona intangible", afirmó a periodistas.

Agregó que los indígenas apelarán a mecanismos de resistencia para impedir la actividad extractiva.

Respuesta ministerial. En respuesta a las posturas de rechazo, la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, garantizó que habrá un estricto control en la explotación del crudo para minimizar el impacto ambiental, si el Legislativo- con amplia mayoría oficialista- lo autoriza.

"El Parque va a seguir más intacto que nunca con el mayor esfuerzo del Estado, la explotación, como tal, será de alrededor del uno por 1.000 de las más de un millón de hectáreas, se van a usar las mejores tecnologías y desde el ministerio el mayor control", dijo Tapia al canal estatal Gama TV.

Agregó que se hará una "explotación sustentable" apegada a la normativa nacional y estándares internacionales que establecen un "absoluto cuidado de la naturaleza". El 26 de julio de 1979 el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, fue declarado como área protegida y en 1989 como Reserva Mundial de Biósfera por la Unesco.

El presidente Rafael Correa, quien promovió en 2007 la iniciativa de dejar bajo tierra el petróleo de la zona, alertó la víspera que "oportunistas de siempre " tratarán de desestabilizar a su gobierno por la decisión de explotar el crudo.

Por ello, pidió al pueblo confiar en su gobierno y que "no caigan en esos juegos, y peor aún, en la violencia que ciertos grupos tratarán de generar en base a una vacía resistencia".

"Mi cargo siempre estará a disposición del pueblo, les hago un llamado a la confianza", apuntó y pidió a la "oposición responsable" en el Legislativo "apoyo en esta dura y necesaria decisión".

La autorización del Legislativo para la explotación del crudo deberá ser tratada primero en una comisión especializada que deberá elaborar un informe para su posterior debate en el pleno, indicó la legisladora oficialista y ex ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.

La legisladora criticó lo que juzgó como "doble moral" de la comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático al no comprometerse con un proyecto que buscaba dejar bajo tierra el petróleo de la zona y evitaba la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

"Esto nos demuestra la lucha del capitalismo a nivel internacional, siguen imperando las grandes agendas de los países contaminantes en el mundo", fustigó en declaraciones a Xinhua.

El gobierno ha anunciado una campaña de información sobre las tecnologías a utilizar en la actividad extractiva, que se estima, generará ingresos por US$18.292 millones que servirán para satisfacer las necesidades urgentes del país y combatir la pobreza.

Analistas consideran que con tecnologías actuales es viable realizar una extracción responsable para no dañar el área superficial donde se encuentra la biodiversidad de la zona.