Caracas. Los racionamientos eléctricos que comenzaron en enero podrían generar una caída de 25% de la producción industrial del país. Claro que la culpa no es sólo de la falta de luz. Ella se suma a las variables que han estado latentes desde años anteriores, como la represión de divisas, la ausencia de suministro de materias primas de parte de las empresas básicas y la profundización de las políticas de control sobre el sector productivo nacional.

La consecuencia, quizás más dolorosa para el gobierno -porque ésa es su meta-, será la inviabilidad de que 2010 sea un año de exportaciones.

El análisis fue hecho ayer por el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Carlos Larrazábal, en una rueda de prensa.

"¿Cómo vamos a exportar si no tenemos la posibilidad ni de abastecer el mercado interno?", se preguntó. Sólo en 2009, las importaciones superaron los US$38 mil millones. En 2008, la cifra fue superior, de US$49 mil millones. De un año al otro hubo una disminución de casi US$10 mil millones. Sin embargo, la actual es para Larrazábal una cifra importante.

El siguiente muro de contención para la eficiencia de las industrias venezolanas a la hora de producir son las regulaciones. "El gobierno ha profundizado el cerco para el sector productivo", dijo el presidente de Conindustria. El ejemplo más reciente es la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (conocida como la Ley del Indepabis), aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de enero de 2010.

"Nos preocupa que acaba, de hecho, con la propiedad privada al declarar a todo el sector productivo del país como de utilidad pública, quedando establecida legalmente la posibilidad de ser expropiado". Para Larrazábal, éste es un desestímulo más para la manufactura en el país.

A pesar de ello, aseguró que el sector continúa haciendo todos los esfuerzos para mantener sus actividades y seguir produciendo bienes y servicios "con calidad y al mejor precio".

Si se apaga la luz... Los industriales venezolanos están a la espera de una reunión con el nuevo ministro para la Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.

A él quieren decirle, entre otras cosas, que las pequeñas y medianas empresas podrían disminuir su producción en más de 25% como consecuencia de los racionamientos eléctricos.

Buena parte de ellas se encuentran ubicadas en las zonas residenciales -al menos en el estado Carabobo-, por lo que pierden hasta ocho horas de trabajo diario por el racionamiento.

Dos horas de cortes podrían implicar que las máquinas deban apagarse dos o tres horas antes y que para arrancar, necesiten dos o tres horas más de la jornada. Por eso, para el industrial, el plan de ahorro en el sector debe ser concertado y no impuesto.

Además, recordó al gobierno que los mil millones de dólares que conformarían el fondo para resolver la contingencia no serán suficientes. Según el sector eléctrico tiene un rezago de al menos $18.000 millones en inversiones.

El complemento ideal. El suministro oportuno de dólares podría comenzar a mejorar los problemas del sector manufacturero. "Si se corrige y se da el presupuesto que se asignará por sector, aquellos que se vieron obligados a importar a dólar paralelo podrían verse beneficiados incluso en sus estructura de costos".

En 2009, 41% de las importaciones se hicieron por vía del mercado alternativo, según Conindustria.

Así, para el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, la única manera de que la devaluación no repercuta en las estructuras de costo y en los precios sería que se tomen decisiones complementarias que garanticen el suministro de divisas para que de esa forma se reduzcan las presiones sobre el permuta.

Sin embargo, hasta ahora las cosas no parecen ir bien. Larrazábal denunció ayer que ni en enero ni en febrero se han entregado dólares a la tasa oficial ni se han definido los presupuestos de divisas por sectores, que fueron prometidos desde septiembre.

"Mucho menos se ha indicado cómo se les va a cancelar la deuda por más de ocho mil millones de dólares que mantienen los importadores venezolanos con sus proveedores extranjeros".

Para el directivo de Conindustria, lejos de atender estos asuntos, el gobierno refuerza la "competencia desleal e inconstitucional" cuando asigna un dólar a 2,60 bolívares fuertes para las empresas del Estado y deja a los privados con una divisa a 4,30 bolívares fuertes.