La calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings consideró que una reforma energética sería favorable para México a largo plazo, ya que "los beneficios tangibles, posiblemente, no se reflejarían en el mediano plazo".

La agencia expuso sus puntos de vista sobre el tema tras la reciente presentación de la iniciativa gubernamental de reforma para abrir el sector energético del país a la participación privada, que ha sido cuestionada por los principales partidos de oposición.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Fitch reconoció que la discusión de una reforma energética representa desafíos y "retos políticos", por lo que advirtió que el resultado dependerá del Legislativo.

Insistió en que por ahora "es muy prematuro evaluar el impacto de la ley de reforma energética propuesta, ya que los mecanismos y procedimientos para su aplicación no están definidos", además de que "no se han identificado ni definido los esquemas y las áreas en las que el sector privado podría participar".

El Gobierno federal mexicano busca cambios a la Constitución para hacer más atractiva la inversión del sector privado y, en materia petrolera, compartir riesgos en exploración y extracción en yacimientos no convencionales, sin perder la rectoría del Estado.

Para Fitch, "antes de la firma de nuevos contratos y de que la inversión privada pertinente empiece a fluir, la reforma requiere de una enmienda constitucional y de la implementación de la nueva regulación".

Consideró que el atractivo del esquema propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 12 de agosto dependerá "en gran medida" del porcentaje de los ingresos o del reparto de utilidades.

Indicó que, a diferencia de las dos anteriores administraciones que intentaron sin éxito implementar una reforma energética, en esta ocasión el consenso político establecido por la administración actual con los tres principales partidos políticos, a través del Pacto por México, "ofrece nuevas expectativas para proponer reformas exitosamente".

Fitch anticipa que el Gobierno podría incluir al sector privado en áreas de aguas profundas y en zonas no convencionales, en donde existan recursos y en donde Pemex carece de tecnología y experiencia; a la vez que mantiene los yacimientos en aguas someras con derecho exclusivo de la petrolera estatal.

La modificación a la Constitución Mexicana requerirá el consentimiento de dos terceras partes del Congreso y la aprobación de más de la mitad de los 31 Congresos Estatales.

"El logro de una mayoría en el Congreso presenta un reto, puesto que los principales partidos de la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tienen diferentes visiones sobre el tipo de reforma energética que requiere el país", puntualizó la calificadora.

La iniciativa gubernamental se encuentra en el Senado, donde se espera se inicie su discusión en tres comisiones. Además de esta propuesta se espera que sean integradas las del conservador PAN, presentada en julio, y la del izquierdista PRD, que será presentada el próximo lunes.