San José. El gobierno de Costa Rica celebró este jueves una resolución de la Sala Constitucional, máximo órgano jurídico de este país, que cerró la puerta definitivamente a un polémico proyecto de minería a cielo abierto impulsado por una empresa canadiense.

El ministro de Ambiente y Energía, René Castro, afirmó en un comunicado que "Costa Rica tiene motivos para celebrar con esta decisión, pues respalda una de las principales convicciones de los costarricenses que no queremos minería a cielo abierto en nuestro país, y enaltece aún más el perfil ecológico de nuestra nación".

La firma Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold, tenía una concesión de diez años para explotar al menos 19,8 toneladas de oro en la zona norte de Costa Rica.

Sin embargo, el proyecto nunca contó con apoyo popular, y por el contrario, miles de costarricenses protestaron por años en contra de la apertura de la mina.

La concesión a Industrias Infinito fue anulada por los tribunales del país en el 2010 tras demostrase una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación.

La firma inició en 1995 la exploración minera en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, y a su juicio, contaba con los permisos necesarios para operar, pero no pudo hacerlo debido a los múltiples recursos legales interpuestos por grupos ambientalistas.

En el 2011 perdieron una primera apelación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y ahora con la resolución de la Sala Constitucional se agotan las vías legales para reanudar el proyecto.

Para Castro, "la resolución de la Sala Constitucional es totalmente congruente con la posición del presente Gobierno, el cual modificó la ley para prohibir la minería de oro a cielo abierto".

En noviembre de 2010 Costa Rica modificó su Código de Minería y se declaró país libre de minería a cielo abierto.

Hace pocas semanas Industrias Infinito anunció que demandará a Costa Rica por US$1.092 millones por la anulación judicial de la concesión del proyecto.

La empresa pretende elevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo autónomo del Banco Mundial.