Tres autoridades estatales manifestaron la posición del Gobierno en torno a la ley de Marco Regulatorio del sector eléctrico, tras la reunión de la Mesa Energética realizada este lunes en el Palacio de Gobierno.

El viceministro de Minas y Energías, Hugo Cacace, expresó que la ley de Marco Regulatorio del sector eléctrico, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, no está suficientemente especificada en cuanto a su aplicación.

“Tocan de pasada todas las instituciones, el despacho de cargas que no dice cómo. Lo que nos preocupa es que es incompatible con un proyecto ya estudiado, además del caso del subsidio”, dijo Cacace.

El titular de la ANDE, Carlos Heisele, por su parte, señaló que no se trata de una cuestión filosófica o ideológica, sino del impacto en la sociedad y las consecuencias que podría generar la normativa. El mismo expresó que es inconstitucional.

“La ley 3.009/06, de la Producción y Transporte independiente de energía eléctrica, es una ley vigente, entonces no crea una nueva figura; sí se deja la posibilidad de concesión, que el Poder Legislativo se abroga ese derecho de firmar contratos, que es inconstitucional porque la Constitución no le da la potestad de firmar contratos al Congreso”, indicó.

Heisele abordó también la tarifa social que beneficia a 400.000 usuarios de escasos recursos y señaló que este sector no es tratado ni siquiera tangencialmente.

“Hay un subsidio especial que afecta a 400.000 usuarios, y no son tratados ni siquiera tangencialmente. Se crearán entes políticos que sumarán más funcionarios”, alegó.

Energía es rentable. Heisele señaló que la renta que genera la energía eléctrica es apetecible para el sector privado.

“Hay que recordar que el sector eléctrico produce una renta al Estado de US$750 millones por año, por tanto creo que este proyecto y todo lo que se refiere al estudio del proyecto de carácter energético merece la discusión y sobre todo que la ciudadanía esté bien informada. No se pretende discutir a nivel ideológico”, dijo.

Señaló además que la premura con que es tratada la normativa, las responsabilidades se verán diluidas.

“No entiendo la premura, justo en este momento donde hay un periodo de transición entre dos gobiernos, donde las responsabilidades se verían diluidas y la irresponsabilidad de algunos que deberían tomar cuenta de sus actos”, sostuvo.

Ya existe ley público-privada. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Salyn Buzarquis, expresó que no están contra la participación del sector privado y citó como ejemplo la ley de alianza público-privada que dará participación a las compañías en este sector.

“Si el Estado pierde el control, quién garantiza que se va a seguir manteniendo el precio. No estamos en contra de la participación del sector privado; tenés Clyfsa y la empresa en el Chaco. Con la ley público-privada, claro que van a poder participar en la infraestrcutura y conexión”, sostuvo Buzarquis.

La autoridad señaló que la normativa debe ser más transparente, que la ciudadanía participe, y que no se debe apurar la resolución del proyecto a 60 días de que asuma el nuevo gobierno.

“Los partidos políticos del Paraguay deben analizar seriamente la cuestión energética teniendo en cuenta todos los antecedentes en materia energética que tenemos en el país”, remarcó Buzarquis.