El sector público es en cualquier país tal vez la más compleja de las organizaciones. Sus funciones abarcan un universo muy amplio y diverso, con responsabilidades que van desde la atención de los ciudadanos hasta la articulación con otras entidades públicas y privadas. Además incluye la contratación y gestión de la cadena de abastecimiento y posterior compra; la ejecución, capacitación y planificación de los recursos humanos; la administración de la seguridad y la defensa; y la generación y buen uso de los recursos financieros. Los diferentes niveles de la administración gubernamental sufren más presiones que otro tipo de entidades, no sólo por estar bajo la lupa fiscalizadora de los medios de comunicación, sino que porque la ciudadanía es un cliente más exigente cuando se trata de servicios por derecho.

Los mandatos legislativos y las presiones económicas y políticas que reclaman una administración más transparente, eficiente y responsable, hacen que el trabajo para el Estado sea aún más desafiante, considerando que el desempeño de la administración pública  es capaz de impactar inmediatamente en la calidad de vida de los ciudadanos y de los negocios de la esfera privada. Una mejor gestión gubernamental incide directa e indirectamente en la productividad y competitividad de todos los sectores.

Las administraciones enfrentan entonces un doble desafío: cumplir con las expectativas de agregar valor a los servicios públicos; y ser capaces de reducir el gasto y colaborar al mejor cuidado de los dineros fiscales. Semejante tarea sólo es posible si se posee un conocimiento cabal de todos los componentes de la organización, porque entonces es posible diseñar una planificación racional y rigurosa. Pero, además, esta información debe brindar una visión exhaustiva de los requerimientos y el perfil de cada ciudadano. Y debe poder facilitar los trámites y capacitar eficazmente a los usuarios finales. Este es el único modo de utilizar de manera efectiva los limitados recursos disponibles.

En otras palabras, es conocer el todo y además cada una de sus partes para luego integrar datos y procesos dentro de una arquitectura informática que permita eficientar las labores de organismos y administraciones que poco a poco migran de gestiones tradicionales a plataformas más innovadores en beneficio de las personas.

Pero esta tarea no es sencilla. A pesar de que Internet ha permitido a los gobiernos brindar acceso a distintas fuentes de información y transacciones, los sistemas que impulsan actualmente estas operaciones fueron desarrollados a medida y de manera autónoma, atendiendo de forma exclusiva e independiente los procesos de cada entidad de gobierno, por lo que la conversación entre organismos se hace costosa y lenta. Los sistemas tradicionales no fueron diseñados para manejar las actuales demandas de un gobierno moderno e integrado, por lo que el roce del sector público con la tecnología y las soluciones de e-government se ha convertido, con toda razón, en una “frustración” para el rubro. El Gobierno necesita promover una modernización de IT que le permita a cada organismo conservar los años de política gubernamental a la vez que mirar hacia adelante integrándose a una plataforma transversal de arquitectura informática orientada a servicios y de sistema abierto que permita agregar y actualizar piezas a gusto.

La experiencia de atender a más de 1550 administraciones en el mundo con nuestra solución iGovernent nos deja ver que la integración de los sistemas de manera global es la mejor forma de manejar información crítica haciéndola confiable, precisa y accesible oportunamente. Un Gobierno con estándares modernos debe trasnversalizar desde sus recursos humanos hasta la gestión financiera, de abastecimiento y relaciones con el ciudadano, reduciendo exponencialmente, por ejemplo, el tiempo destinado a resolver reclamos o de notificación de citaciones, la publicidad de los actos de gobierno o de los pliegos de licitaciones, la administración del sistema de justicia, previsional o sanitario, etc.

Sólo una plataforma integradora va a representar la base para continuar la evolución tecnológica del gobierno—aumentando la inclusión en todas las agencias, automatizando funciones más variadas y complejas y permitiendo que los sistemas estén al alcance de una mayor cantidad de usuarios.