Aunque el presidente José Mujica le dijo que sí a los trabajadores de Alas Uruguay para que el Estado les salga de garantía en la compra de los aviones de la ex Pluna, vastos sectores del gobierno están preocupados ante la eventualidad de una supuesta solución que terminaría por enredar aún más la trama del futuro de la aerolínea.

En esos sectores del oficialismo entienden que, en su afán por volar, Alas Uruguay compromete al presidente Mujica, involucra al PIT-CNT y a la izquierda en un tema que parecía laudado y le tira un serio problema al probable futuro gobierno de Tabaré Vázquez.

La semana pasada, una delegación del PIT-CNT le pidió a Mujica que el Estado fuera garante nuevamente de los aviones de Pluna para que Alas Uruguay se los pueda comprar al síndico que administra el concurso al que pasarán las aeronaves tras el fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. 

Mujica les respondió que buscará el mecanismo jurídico para hacerlo. Si eso sucede, el Estado será garante de los aviones por dos veces: seguirá pagando al Scotiabank cuotas de US$8 millones cada seis meses y por el otro deberá responder a los acredores de la ex Pluna si Alas Uruguay no paga los aviones.

Integrantes del gobierno que no comparten la decisión de Mujica dijeron que, a través de ese camino, se deja de lado el entendido de que el Estado, en materia aeronáutica, nunca más se metería a subvencionar negocios de baja rentabiliadadque no son estratégicos para el desarrollo del país.

Señalan que una decisión de esa naturaleza le caería como un convidado de piedra a un futuro gobierno de Vázquez ya que transcurridos tres años de mandato se correría el riesgo de que Alas Uruguay no pueda empezar a pagar el crédito.
Además, se preguntan por qué razón los acreedores autorizarían al síndico a vender tres aviones a crédito a Alas Uruguay si pueden venderlos al contado.

Dicen que aunque se los vendiera a Alas Uruguay, y requiriese una garantía, no sería la de los propios aviones, ya que la sindicatura ya expresó que no desea ni tiene capacidad ni dinero para mantenerlos en caso que el proyecto comercial fracasase y las aeronaves tengan que volver a la masa de acredores. Recuerdan que los juristas sostienen que el estado no puede garantizar a un privado del cual no es socio porque ello requeriría una ley de compleja redacción, difícil aprobación y dudosa constitucionalidad. 

Desde los ministerios de Economía y de Transporte dijeron que no encuentran una base legal para que el Estado le salga de garantía a una empresa privada de la que no forma parte.