Río de Janeiro. Desde que se iniciaron en junio de 2011 las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, en plena Amazonia brasileña, se han registrado 93 días de interrupciones perpetrados por miembros de una etnia que rechaza el proyecto.

El último martes, parte de los 140 indios de la etnia munduruku, que ocuparon uno de los sitios en la construcción desde la madrugada del 27 de mayo, también tomaron el control de tres autobuses de trabajadores en la obra de la presa de Belo Monte. Los inconformes ocuparon la caseta de vigilancia de un pueblo residencial de los empleados y bombardearon la carretera Transamazónica para impedir el paso de los autobuses que llevaban a los trabajadores al centro laboral.

Es la segunda vez este mes que los indígenas ocupan la obra. Una primera incursión, a principios de mayo, se prolongó ocho días.

Según el Consorcio Constructor de Belo Monte, de los 93 días de interrupciones, 67 ocurrieron por las invasiones de indígenas o de organizaciones no gubernamentales contrarias a la empresa. Los restantes 26 días de paros fueron atribuidos a disputas laborales.

La mayoría de los indígenas que participaron en la protesta son de Jacareacanga, un municipio localizado en la región de Tapajós, a casi 1.000 kilómetros de distancia de Belo Monte.

Todos piden la inmediata suspensión de los proyectos de energía hidroeléctrica en el Amazonas hasta que se regule el proceso de consulta previa a los pueblos tradicionales, previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El jefe de la oficina local de la Secretaría General de la Presidencia de la República en Altamira, Avelino Ganzer, aseguró a la prensa local que el gobierno ha manifestado "reiteradamente" interés en el diálogo con los indígenas.

"Fui a hablar con ellos personalmente, pero hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta. El 8 de mayo, el gobierno federal dio al líder munduruku una propuesta firmada por el ministro Gilberto Carvalho, prometiendo darle la bienvenida en Brasilia para discutir todos los problemas que les afectan", dijo.

Además, "estamos dispuestos a enviar al secretario nacional de Articulación Social, conectado directamente a la Presidencia de la República, Paulo Maldos, a Jacareacanga o Itaituba para discutir el Convenio 169 de la OIT. Por desgracia, ha sido difícil convencerlos para establecer el diálogo", dijo Ganzer.

El día siguiente a la recepción de la propuesta firmada por el Ministro, los mundurukus abandonaron el lugar que mantenían ocupado.

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Ahora se encuentran acampados a 18 kilómetros de Altamira, en la Vila Leonardo da Vinci, "en una choza cedida por la Iglesia católica, con la ayuda del Consejo Indígena Misionero" (CIMI), agregó Ganzer.

"El 26 (de mayo) llegó otro autobús procedente de Jacareacanga con 40 indígenas más. En la madrugada del 27, retomaron la invasión. Para nosotros está claro que hay un montón de cabecillas no indígenas, influyendo en estas acciones y que ayudan al proceso de radicalización extrema", apuntó.

Esto impide cualquier negociación equilibrada, lo que "puede dar lugar a acciones extremas y peligrosas", sostuvo el jefe de la oficina de la Presidencia de la República en Altamira, municipio del estado de Pará(norte de Brasil), donde se construye la represa.

El asesor del CIMI, Renato Santana, negó que la organización haya ayudado a los indígenas a instalarse en el campamento. "Al CIMI le parece extraño que el gobierno cuestione la legitimidad y la autonomía de los pueblos indígenas, como si no hubiera historias de opresión a las comunidades en el país, especialmente en Belo Monte".

Los paros consecuentes de las manifestaciones de indígenas y organizaciones no gubernamentales han desgastado a los trabajadores y empresas involucradas en la obra.

Debido a las suspensiones de actividades, los trabajadores han disminuido su productividad. "Eso afecta también a las horas extra y por consecuencia, menos ganancias", expuso el presidente de la Federación de trabajadores en la Industria de Construcción Pesada (Fenatracop), Wilmar Santos.

Añadió que la situación "molesta a muchos empleados y puede volverse en un conflicto con los invasores".

Aseveró que "se trata de una tragedia anunciada. El gobierno siempre supo que esta es una construcción polémica y, aun así, está aplazando la solución de un problema, porque siempre ha sabido que el movimiento social no quiere hablar".

El gobierno tuvo que impedir la entrada de los invasores y, en casos donde la invasión ya ha ocurrido, debe impedir la entrada de suministros", añadió el sindicalista.

Pero "si nos fijamos en la falta de condiciones adecuadas en el trabajo y los bajos salarios ofrecidos por la empresa, tenemos todos los elementos para un conflicto aún mayor", alertó.

Una carta firmada por todos los miembros de las empresas del Consorcio Constructor de Belo Monte se envió a cuatro ministerios (Justicia,Minas y Energía, Planificación y Civil) para alertar que las invasiones son cada vez más frecuentes y más graves".

Señalaron que "es cada vez más evidente la posibilidad de un conflicto entre indígenas y trabajadores. Piden, además, que el gobierno federal implemente un plan de seguridad específica para el proyecto".

Belo Monte debe ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo cuando entre en funcionamiento, programado en 2015, y debería generar más del 10% de la electricidad que necesitará Brasil para 2020. Para su construcción, se inundarán 500 kilómetros cuadrados de tierras.