El gobierno uruguayo está convencido que la construcción del puerto de aguas profundas en Rocha es una oportunidad geopolítica para afianzar las relaciones con países de la región. Además de la viabilidad económica de la futura terminal, determinada por la demanda de transporte de productos a China –sobre todo de granos–, el presidente José Mujica pretende además darle un impulso a la integración que tanto pregona. Por ello, ya ofreció a países vecinos una participación en la terminal portuaria que el Estado construirá junto con privados en el este.

En la última reunión del Mercosur celebrada en Montevideo, los países miembros se comprometieron a apoyar la obra de Uruguay. Según dijo a El Observador el asesor de Mujica, Pedro Buonomo, el Poder Ejecutivo plantea que los Estados de la región contraten espacios en la terminal portuaria, así como lo hacen otros privados. Ese régimen, conocido en el mundo como “Landlord”, y que utilizan sobre todo puertos de España, consiste en que el privado firme un contrato de uso. Se establece allí que la propiedad de la tierra y los servicios generales son propiedad del país local, en tanto que los privados invierten en sus terminales, depósitos y muelles, para operar sus mercancías. Luego se acuerda el pago de un canon por los 30 años (aproximadamente) que dura el contrato de uso. Se trata del mismo régimen con el que opera en el Puerto de Montevideo la empresa belga Katoen Natie (TCP).

“Esto es importante como señal política. Es un proyecto que geopolíticamente no se visualiza como que pueda perjudicar el sistema portuario de la región. Lo complementa, y tal como está congestionado el tema de la infraestructura portuaria en el Atlántico Sur, en particular en la relación de graneles con Asia, este puerto descongestionaría los puertos de Brasil que están complicados”, explicó el asesor del mandatario.

La terminal del puerto de aguas profundas se ubicará en La Angostura (Rocha), y será construida bajo el régimen de contrato de asociación público privado, con una sociedad que administrará la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Uno de los privados que tendrá una terminal es la firma extranjera Aratirí (Zamín Ferrous), que proyecta invertir en Valentines (Treinta y Tres) US$3.500 millones para extraer 1.800 millones de toneladas de concentrado de hierro durante un período de entre 20 a 30 años. “Eso le da al puerto carga, demanda, ingresos. Y a su vez también le da inversión, porque los privados invierten en su propia infraestructura logística, ya sea en su muelle como en sus depósitos”, comentó Buonomo.

Esta semana se inicia un llamado internacional del gobierno por el cual los privados interesados tienen 90 días para presentar sus propuestas de asociación. Ello terminará con un proceso competitivo, para que quienes logren firmar un contrato con el Estado comiencen las obras. Antes, sin embargo, la sociedad de la CND invertirá en la construcción general del puerto, para lo cual el gobierno estudia las posibilidades de financiación.

El compromiso político del gobierno es terminar su período con un nivel de avance que vuelva al proyecto “irreversible”. La aspiración de Mujica es que, entre fines de 2014 y principios de 2015 comiencen las obras, o al menos se hayan realizado las adjudicaciones.

Para el gobierno, además, este proyecto es totalmente rentable y se diferencia de otras obras importantes como la reforma del ferrocarril, adonde el Estado debe invertir y subsidiar su funcionamiento. El dinero invertido será recuperado con la operativa.

Hasta ahora en la zona se realizan estudios de impacto y reconocimiento de suelos. Se trabaja en la parte de ingeniería. Hubo perforaciones en la zona para determinar qué tipo de subsuelo existe, lo cual es clave para determinar el monto total de la inversión. En paralelo, asesores internacionales diseñan un plan maestro básico para llegar al costo de la obra. Por otra parte, se determinaron los predios exactos a expropiar, y la repartición del ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza para concretar ese paso.