El pleno legislativo aprobó en tercer debate ocho convenios comerciales, entre ellos la enmienda al Acuerdo entre el Gobierno de Panamá y el Reino de los Países Bajos sobre servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.

También ratificó el convenio entre Panamá y el Reino de España sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, el convenio entre Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capital y un tratado sobre el comercio de armas.

Este acuerdo entre el Reino Unido e Irlanda del Norte y Panamá tiene el propósito de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y ganancias de capital para facilitar el intercambio de bienes y servicios entre las partes y promover la inversión extranjera en el país.

También fue aprobado el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 2002. El documento establece un régimen de responsabilidad por daños a los pasajeros transportados o sus equipajes en un buque de navegación marítima, cuando el hecho es producto de un acontecimiento ocurrido con motivo de la navegación.

El Convenio por la cual se aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República de Costa Rica, tiene como propósito establecer servicios aéreos internacionales entre territorios de las partes en las rutas especificadas, a fin de garantizar el grado más elevado de seguridad y protección en el transporte internacional, mediante la promoción de un sistema de aviación internacional, reglamentación gubernamental e igualdad de oportunidades.

Otro de los acuerdos aprobados en tercer debate es con el Gobierno de la República Francesa relativo a los servicios aéreos, y tiene como objetivo establecer servicios aéreos internacionales entre los territorios de las partes en rutas específicas para garantizar el grado más elevado de seguridad y protección, reglamentación gubernamental e igualdad de oportunidades.