Lima, EFE. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú denunció que la ley de consulta previa a los pueblos indígenas promulgada hace casi dos años está "entrampada" y consideró que su aplicación es clave para reducir la conflictividad.

"El entrampamiento de la aplicación de la ley de consulta previa" es uno de los "focos" de protestas sociales en el país, señala el informe.

En el informe se indica que durante el primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala se promulgó la ley de consulta previa y su reglamentación, pero ya en el segundo "se vienen dando retrocesos para su aplicación" como el hecho de que 14 empresas estén exoneradas de pasar por ese proceso y que no se haya publicado la base de datos de los pueblos indígenas del país.

El documento elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, Cooper Acción y Fedepaz analizó además la situación de cinco regiones del país: las sureñas Apurímac y Cuzco, las norteñas Piura y Cajamarca y la central Junín.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, Apurímac encabeza los flujos de inversión de nuevos proyectos mineros en el país al contar con US$433 millones durante el primer trimestre del año.

"Todo indica que el sur andino se va a convertir en los próximos años en el centro de expansión minera que tendrá en el cobre al principal mineral de explotación", señaló el informe del observatorio.

Apurímac tiene concesionado a la minería el 64,8% de su territorio, Cajamarca el 44,8%, Cuzco el 23%, Junín el 26,9% y Piura el 31%, indica el documento.

El informe también alertó sobre la situación del millonario proyecto aurífero Conga, de la minera Newmont, en Cajamarca, el cual se encuentra paralizado.

La mayoría de la población local de la zona está en contra de Conga por temor a que se contaminen sus fuentes de agua y a que se resequen cuatro lagunas, dos para extraer el metal y el resto para almacenar los relaves.

"El conflicto sigue sin solución y sin procesos de diálogo", indicó el documento, que añadió que la minera continúa con la construcción de reservorios de agua para la población, mientras se realizan movilizaciones por parte de los opositores.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, Perú registró 223 conflictos sociales en junio pasado, 105 de ellos relacionados al tema minero.