La reforma del sector de la energía se inició en la primera mitad de los noventa. Empezó con la reforma eléctrica y luego vino la de los hidrocarburos. Se pasó de una actividad monopolizada por el Estado, mediante empresas que operaban en forma integrada, a mercados regulados y de libre competencia, donde esto fue posible. Una parte importante de los activos de Electroperú y Petroperú fueron privatizados o concesionados. Los resultados de dichas reformas no han sido parejos. En el caso del sector eléctrico se desintegró la cadena de valor entre generadores, transmisores y distribuidores y los resultados positivos están a la vista. Se incrementó la inversión, se incrementó el número de operadores, se redujeron las pérdidas técnicas y comerciales y se expandió la cobertura del servicio a zonas aisladas. Por su parte, las tarifas se mantuvieron estables y se comparan favorablemente con la de los países de la región. Lo más importante a destacar es que se pudo acompañar el crecimiento de la economía a tazas muy por encima de los promedios históricos. Esto se logró sin apagones ni racionamientos, lo que sí ocurrió en otros países.

En el caso de los hidrocarburos la reforma permitió poner en operación el gas de Camisea, el proyecto de mayor envergadura en la historia del país, con el consiguiente cambio en la matriz energética. Adicionalmente, la continuidad en las políticas seguida por las últimas cuatro administraciones han permitido la instalación de una planta de exportación de LNG que abastecerá a México y que con una inversión de casi US$ 4.000 millones, es la primera en la costa del Pacífico.

A pesar de los resultados positivos de la reforma, grupos contestatarios insisten en la necesidad de cambiar las reglas de juego. Unos plantean la conveniencia de modificar la Ley de Hidrocarburos y regresar a la titularidad del Estado sobre los recursos tanto bajo tierra como en la superficie a pesar de que este ha sido el incentivo principal para que se lograra suscribir los más de ochenta contratos de exploración y explotación de petróleo y gas con que se cuenta hoy. Otros plantean potenciar a la empresa estatal y permitir que retorne a actividades de exploración y producción, propuesta que nos desvía de los temas centrales a resolver. Por último, hay quienes aprovechando los elevados precios del crudo en el mercado internacional plantean la necesidad de renegociar los contratos y generar mayores ingresos para el fisco. Afortunadamente nada de eso ha ocurrido.

Así, lo más destacable de la política energética peruana ha sido su continuidad y la resistencia a los “cantos de sirena” de copiar lo que alguno de nuestros vecinos están haciendo con relativo éxito a corto plazo –vía mayores ingresos– a costa de menor o ninguna inversión a largo plazo. En cierta medida la ausencia de una mayoría en el parlamento que ha impedido el avance en reformas de segunda y tercera generación también ha tenido su lado positivo al no permitir el cambio de las reglas de juego adoptadas al inicio de la reforma.

El país cuenta con abundante recursos energéticos. El potencial de generación hidroeléctrica se estima en unos 65.000 MW para un país cuyo consumo actual supera los 6.300 MWh. Las reservas de gas natural suman 40 TCF entre probadas, probables y posibles. Ciertamente su desarrollo requerirá de ingentes cantidades de inversión para lo cual resulta indispensable reglas de juego estables, un sistema regulatorio predecible y tarifas libres de interferencia gubernamental. A lo anterior debemos sumar un adecuado entorno macroeconómico que permita la financiación de grandes proyectos.

En síntesis, el Perú cuenta con un sector energético sólido que podrá acompañar sin sobresaltos nuevos períodos de crecimiento de su economía, incluso a “tasas orientales”. Es más, si se logra captar flujos adicionales de inversión se podrá convertir en un exportador de energía. El reto principal consiste en crear las condiciones para un rápido crecimiento de las inversiones en los energéticos tradicionales. El otro reto tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables que hoy representan una porción muy pequeña de la matriz pero que deben crecer en forma significativa si se quiere que esta sea sostenible a largo plazo.